Nadie está por encima de la ley

El fiscal de la causa que instruye el juzgado número 29 de Barcelona sobre el espionaje al móvil del president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, pide, coincidiendo con la postura del abogado del Estado, que se exculpe a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, imputada al existir dudas de que el ataque llevado a cabo por Pegasus contaba con el visto bueno judicial. Ya se sabe que el servicio de espionaje puede intervenir las comunicaciones, pero debe tener el aval del juez del Tribunal Supremo encargado de esos asuntos, en concreto del magistrado Pablo Lucas. Al parecer, en este caso, sí existía una autorización, pero la discrepancia reside en que el hackeo del teléfono se llevó a cabo antes del plazo autorizado por Lucas. De confirmarse esta circunstancia, Paz Esteban, por muy jefa del servicio de espionaje que sea, habría cometido un delito. Y nadie en este país está por encima de la ley, aunque sea una actividad que traspasa con frecuencia las líneas rojas, como es el CNI.

El fiscal recuerda que Esteban dirigió el Centro entre julio de 2019 y mayo de 2022 -cuando dimitió a raíz del escándalo del espionaje-, por lo que “bajo ninguna circunstancia” se le podrían imputar las eventuales infecciones con Pegasus llevadas a cabo en fechas anteriores a su mandato. El juez tiene previsto encargar a un cuerpo policial otra prueba pericial que certifique si el móvil pudo ser atacado en fechas anteriores a las avaladas judicialmente, pero la fiscalía considera que, aunque se demuestre tal extremo, “en modo alguno” se desvirtuaría la legalidad de la actuación de Paz Esteban. El magistrado, Santiago García, sospecha que el CNI pudo investigar a Aragonès en 2018 sin el permiso del Supremo.

Paz Esteban es la única investigada en este sumario y el ministerio público intenta, con esta actuación, que se la levante su condición de imputada y se archiven las diligencias previas. “Bajo ninguna circunstancia puede atribuirse a la señora Esteban participación en hechos previos a que fuera directora del CNI”, señala el fiscal de delitos informáticos de Barcelona, Roberto Valverde. Pero los abogados que representan a Aragonès, por aquél entonces vicepresidente de la Generalitat, aportaron, en su momento, una prueba pericial informática que demuestra que el dirigente de ERC tuvo el móvil infectado con Pegasus entre julio de 2018 y marzo de 2020, más allá del período en que el espionaje del CNI contaba con cobertura judicial.

Esa prueba pericial es la que hace dudar al juez a la hora de decidir si archiva la causa porque considera que existen indicios de que el servicio de espionaje actuó ilegalmente. Por eso no puede cerrar el caso. Pero los acusadores públicos no quieren que se prolongue mucho mas este proceso.  El president Aragonés dice, por su parte, que «esto no se sostiene. No basta solo con insinuaciones para que un juez autorice una vulneración de derechos fundamentales como es la invasión de la privacidad y la intervención de las comunicaciones. Cuando alguien accede a nuestro teléfono móvil accede a toda nuestra vida».

No le falta razón al dirigente de ERC. El CNI hackeó su teléfono para conocer los movimientos que los independentistas estaban llevando a cabo. Producto de esas intervenciones los juzgados están sometiendo al movimiento soberanista a unas investigaciones judiciales que, en ocasiones, bordean los límites de la legalidad. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha reavivado el sumario del Caso Tsunami gracias a la intervención de conversaciones de las cuales se pueden desprender indicios de responsabilidad de algunos dirigentes soberanistas en las manifestaciones violentas de octubre de 2018. Pero sólo son eso: indicios. Porque no hay capacidad probatoria cuando esas conversaciones se obtuvieron sin autorización judicial. Recordemos este punto que es fundamental para todas las investigaciones que se están llevando a cabo en estos momentos, incluidas las del Caso Catalunya.

De ahí que tenga mucha importancia esclarecer lo que el CNI pudo hacer con el software Pegasus en un móvil tan sencillo, tecnológicamente hablando, como es el que utilizaba Pere Aragonès en la época en que fue vicepresidente de la Generalitat cuando su titular era Quim Torra. De ahí la importancia del encargo del titular del juzgado número 29 de Barcelona a un laboratorio de los mossos para confirmar si, como concluye el dictamen de un laboratorio privado encargado por el president, el móvil de Aragonès fue espiado en 2018, sin permiso del Supremo.

Porque si eso ocurre, hay que pedir responsabilidades penales. O bien a la jefa de los espías imputada, que entonces no ejercía tal función, aunque era la secretaria general del centro, o al entonces titular Félix Sanz Roldán. Pero lo que no se puede es llevar a cabo una actividad como es la del espionaje sin control judicial. Que para eso está el magistrado Pablo Lucas, un juez libre de toda sospecha a pesar de haber sido señalado en la comisión parlamentaria que investiga el Caso Catalunya.

Paz Esteban ya ha declarado en el juzgado como investigada. Poco o nada llegó a revelar. Se acogió a su derecho a no manifestar una serie de detalles que le pidió el juez para no incurrir en un delito de revelación de secretos, y siempre se remitió a los autos del Tribunal Supremo en los que se autorizan las intervenciones al móvil de Aragonès. Unos autos, por otra parte, poco esclarecedores porque lo que puede ser más comprometedor está tachado.

Ni los espías. Nadie puede, aunque sea justificando la seguridad nacional, saltarse ni la ley ni la justicia. Y si al presidente en funciones de la Generalitat le espiaron sin permiso del juez, alguien deberá hacerse responsable. Sea Paz Esteban o su antecesor en el cargo, Félix Sanz Roldán. Eso deberá decidirlo el juez. Pero de archivar la investigación nada de nada. Por mucho que lo pidan los representantes jurídicos públicos.