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Nuevo quebradero de cabeza para Álvaro García Ortiz: una fiscala de Madrid desobedece sus instrucciones

García Ortiz lo tiene muy difícil. La oposición conservadora en el seno de la carrera no tiene precedentes. No sólo cuenta con la oposición frontal de los políticos de la derecha, PP y Vox, sino también con sus compañeros

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análisis

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Si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordena el archivo de la investigación de la denuncia presentada por la pareja de Díaz Ayuso contra los fiscales Pilar Rodríguez, jefa superior de Madrid, y Julián Salto, jefe anticorrupción de la zona, su subordinada, María de la O Silva, encargada de la acusación pública, se acogerá al artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal para que los fiscales de Sala del Tribunal Supremo emitan un informe sobre su posición en la causa. Silva se opone rotundamente a cerrar el caso desobedeciendo las instrucciones de su superiora, la teniente fiscal, Ángeles Sánchez-Conde. Esta argumenta que la Fiscalía no puede pronunciarse sobre los mismos hechos de dos formas opuestas.  Además, no aprecia indicios de delito y considera improcedente que se hagan averiguaciones previas a fijar posición, unas averiguaciones que incluyen solicitar comunicaciones de los fiscales contra los que se dirige la querella. Y ahí es donde pueden residir las claves de este nuevo conflicto en el seno del ministerio público: lo que pretende María de la O Silva es investigar las comunicaciones de sus superiores por lo que hay quien sospecha que detrás de esta petición hay un trasfondo político.

Lo más probable es que los fiscales de sala del Tribunal Supremo acaben por dar la razón a Silva. Es evidente que la junta es mayoritariamente conservadora y mantiene un abierto enfrentamiento con Álvaro García Ortiz después de que éste interviniese indirectamente en el debate sobre la petición de apertura de una causa en el alto tribunal contra los aforados del Caso Tsunami, Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg. Fidel Cadena es la cabeza visible de este enfrentamiento. Doce de los quince compañeros que componen la junta le siguen a ciegas por lo que, si argumenta que Silva debe proseguir con la denuncia de González Amador, la mayoría mantendrá este criterio. Los afines a los argumentos de la teniente fiscal Ángeles Sánchez-Conde, son sólo 3 y pueden sumar alguno más. Álvaro Redondo no quiere saber nada de los conservadores después de que la asociación a la que estaba afiliado, la Asociación de Fiscales, le negase su amparo por los ataques que recibió en torno al dictamen que presentó en esa junta, desfavorable a la apertura del proceso contra Puigdemont y Wagensberg.

Aunque María de la O Silva solicite un informe a los superiores del Supremo, sabe que su acción será puramente testimonial porque, aunque fallen a favor de su idea de continuar con la investigación, será el fiscal general del Estado el que tenga la última palabra ya que dicho informe no es vinculante. Cuando la fiscala consultó a sus superiores lo que debía de hacer, García Ortiz optó por abstenerse porque conocía previamente el asunto. Entonces, el caso quedó en manos de la número dos de la institución y teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, que ha ordenado a Silva a que se posicione en contra de la denuncia de González Amador. La verdad es que su argumento es contundente. Cuando se produjeron los hechos, el famoso comunicado de los fiscales sobre la petición de la pareja de Díaz Ayuso de llegar a un acuerdo para no ir a juicio sobre fraude fiscal, hubo dos denuncias. La de González Amador, por una parte, y la del Colegio de la Abogacía de Madrid, por otra. El ICAM no precisaba contra quién iba dirigida la demanda judicial por revelación de secretos. El fiscal       que se hizo cargo la rechazó. Se opuso a su admisión a trámite y negó que se hubiesen revelado datos confidenciales porque, según su parecer, el ministerio público no difundió ninguna información que no se conociese anteriormente por la prensa. Su compañera de carrera mantiene una posición diametralmente contraria y esa es la razón por la que la número dos de la fiscalía general cree que se deben unificar criterios “porque la fiscalía no puede pronunciarse sobre los mismos hechos de dos formas distintas”.

Será la segunda vez que Ángeles Sánchez-Conde se enfrenta a sus subordinados. La cosa no tiene relevancia porque el criterio que prevalecerá será el de la superioridad teniendo en cuenta que la acción del ministerio público está fuertemente jerarquizada. Algo que las asociaciones intentan modificar mediante la reforma del Estatuto Fiscal.

Para acabar con esta situación conflictiva, García Ortiz acepta abordar esta reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal en el seno del Consejo Fiscal. Pero ya hay una asociación, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que cuenta con un representante en el órgano consultivo, que ha anunciado que no participará el este proceso. Su presidente, Miguel Pallarés, remitió una carta a García Ortiz acusándole de menoscabar la independencia de la carrera fiscal al negar a la fiscala que asume la denuncia de González Amador que siga adelante con la investigación. “Este comportamiento se aleja mucho de la independencia que deben tener los fiscales para poder asumir la instrucción de las causas penales en España. Esto supone, en la práctica, la falta de independencia de los fiscales de los casos concretos respecto a su jefatura”, dice el presidente de APIF en la misiva.

De esta postura caben dos interpretaciones. Es probable que la APIF haya salido de esa manera para defender los intereses de una afiliada. Y, por otra parte, el posicionamiento parece más bien un pretexto para boicotear el intento de acabar con la situación conflictiva de la carrera fiscal.

García Ortiz lo tiene muy difícil. La oposición conservadora en el seno de la carrera no tiene precedentes. No sólo cuenta con la oposición frontal de los políticos de la derecha, PP y Vox, sino también con sus compañeros. Incluso los jueces le enmiendan la plana como ocurrió con la sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que llegó a advertirle que se estaba sobrepasando en sus funciones. Ha habido muchos fiscales generales del Estado cuestionados por criterios políticos, pero nunca habían llegado las cosas hasta este extremo. Según hemos podido saber, García Ortiz no tiene intención de renunciar. Al menos hasta que logre una reforma del Estatuto Fiscal consensuada con sus compañeros, se mantendrá en su puesto.

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