La derecha y la ultraderecha, pintan a los jueces, sobre todo los del Supremo, como auténticos héroes. Pero se han preguntado, alguna vez, ¿quiénes son los verdaderos héroes del sistema judicial español?
No lo son precisamente esos sujetos cargados de puñetas, chapas y collares que pululan por los grandes salones judiciales. Son los abogados de oficio, esos profesionales altamente capacitados que pelean día a día en los tribunales defendiendo a quienes no pueden costearse un abogado privado.
Con su dedicación y pasión garantizan que todos tengan acceso a la Justicia independientemente de su situación económica.
Sin embargo, la realidad que viven estos abogados es desoladora. A pesar de sus inmensos esfuerzos, sus retribuciones por parte del Estado son mínimas y, lo peor de todo, tarda meses, incluso años en pagarles.
Imagínense dedicar su vida a defender a los más vulnerables solo para encontrarse con facturas sin pagar y una dura lucha para sobrevivir. Su trabajo es crucial, pero su situación es desesperante. Cada día estos abogados se enfrentan a retos enormes no solo en los juzgados sino también en sus vidas personales por la falta de pago. Supongo que no sorprenderá a nadie saber que los abogados de oficio españoles son los peor pagados de la Unión Europea.
Y eso afecta no solo su bienestar económico, sino también su salud mental y emocional. Son héroes olvidados, invisibles para muchos pero esenciales para el sistema judicial.
Y eso es así por la cooptación y amiguismo entre los cargos representantes de la Abogacía, Ministerio de Justicia y Consejo General del Poder Judicial. Y esos poderes han sido muy cuidadosos en que nuestros abogados de oficio no se pudieran constituir en sindicato, ni tampoco en patronal, como el resto de los abogados de oficio europeos.
Ya es hora de que su labor sea reconocida, pero sobre todo recompensada como se merece. Debemos, sobre todo los juristas que no llevamos oficio, alzar la voz por ellos, ya que tienen cercenada la negociación colectiva en la Europa del Siglo XXI.
Es preciso exigir mejores condiciones y un pago justo y puntual porque sin estos valientes abogados de oficio la justicia estaría en grave peligro.
Por eso, y a instancias del Eurodiputado Jordi Solé, la Unión Europea ha reconocido y recordado a España que el pago de los haberes de oficio ha de realizarse como máximo a los 30 días de realizarse la prestación del servicio. Y a partir de ese momento se generan intereses de demora porque se aplica a la administración también la normativa de morosidad, sin excepciones. Esta morosidad ha sido tolerada y promovida, hasta ahora, por todos los Consejos Generales de la Abogacía Española. Sin excepciones.
Posiblemente, seamos un país más rico, pero hay más ciudadanos que nunca que no llegan a final de mes. Y debemos tener presente que detrás de cada caso, en dos de cada tres ocasiones, hay uno o más abogados de oficio que han sacrificado mucho más de lo que podemos imaginar.
A sus costillas se presta un servicio público.