Quien quiera ver lo desesperante que es la política española en este momento tiene la posibilidad de “disfrutar” semanalmente de esta experiencia a través de las páginas web del senado y de congreso.
El miércoles 5 de octubre en la Cámara Alta de las Cortes Generales se debatió sobre el fondo de compensación a las víctimas del amianto, que llega como es costumbre en nuestro país con retraso a acciones similares de nuestros países vecinos, y se aprobó la Ley de Memoria Democrática.
El resultado se suele conocer previamente con una fácil operación de cálculo de los bloques que a grito de SI o NO son instruidos como votar a cada una de las propuestas o enmiendas a debatir.
El sentido de la ley puede ser aumentado en el caso de que haya enmiendas que añaden flexibilidad, derogan plazos, o sugieren cambios cualitativos a algunos de los puntos recogidos en la propuesta inicial.
Muchas de las enmiendas merecen ser tiradas a la basura directamente al no ser más que una pataleta ante la serie de medidas que el gobierno de turno propone y solo sirven como muestra de protesta.
Si las enmiendas son una forma a veces de protestar, la principal forma de mostrar descontento es votar y ocupar el asiento en las Cortes Generales y a pesar de las continuas amenazas de retirar esta ley si llega al poder, Alberto Núñez Feijoo no estuvo en ningún momento en el Senado para defender la postura de su partido.
De cara a su galería seguirá diciendo que esta ley será derogada si llega al poder, pero el día en el que ha de estar en su asiento en el Senado decide no atender, sin ningún tipo de sanción, reprimenda, ni consecuencia electoral.
Las enmiendas, que en total eran 521, fueron rechazadas y muchas de ellas no venían sino a remarcar el aspecto correctivo y demanda de justicia de esta ley.
En materia de nacionalidad había enmiendas que retiraban el plazo de dos años a la vigencia de esta ley, y a los senadores que votaron en contra de esta enmienda les pregunto: ¿Esta solución a la injusticia con los descendientes españoles en el exterior solo debe durar 2 años? ¿Están seguros todos los ministerios implicados de que no se va a quedar nadie fuera por una falta de recursos consulares que impide que se puedan ofrecer todas las citas necesarias para todo aquel que decida solicitar la nacionalidad? ¿Es justo que alguien que desconozca la ley se quede fuera de su aplicación si se entera fuera del plazo?
Todas las preguntas que surgen y que se habrían podido solucionar de manera fácil, aceptando esta enmienda, no hacen mas que convertir de nuevo esta ley en un parche temporal.
Esta semana nuestro ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España el diplomático José Manuel Albares durante la sesión de control al Gobierno el Senado admitió que se conocen los problemas con las ventas de citas por parte de mafias en diferentes Consulados Generales del mundo.
El senador por Barcelona Robert Masih (ERC) denunció casos de ventas en India y Pakistán, y es conocido este tipo de fraudes en otros Consulados Generales como el de La Habana.
Foros de internet en el que venden citas para visados de turismo por 350 euros, visados Schengen por 800, y despachos que ofrecen cartas de naturaleza por 2000.
También es común la oferta de viajes que incluyen el visado en países donde el tiempo de espera para algunas citas puede llegar a ser de más de medio año.
Robert Masih decía “está claro que sin la vinculación de algún empleado de la embajada no se pueden bloquear y vender las citas” y esta información ya nos ha llegado a representantes en el exterior con datos de gente que puede estar involucrada en estas acciones fraudulentas.
También habría que poner la parte de culpa que le corresponde a quien compra estas citas y colabora directamente con el crecimiento de estas redes.
Toda esta corrupción existe en mayor medida en países con más necesidades y a veces van de la mano con una laxitud de la ciudadanía hacia el fraude, y los precios de estas ventas ilícitas supera en la mayoría de las ocasiones en Cuba el salario medio anual del país.
Si la enmienda 115 de PDeCAT/JxCAT hubiera sido aceptada, se hubiera eliminado plazos temporales que dejaran a mucha gente fuera, y hubiera permitido la vía telemática para acreditar el parentesco facilitando la rapidez del trámite.
Solo 18 senadoras y senadores votaron a favor de una enmienda que hubiera ayudado a reducir el nivel de estrés y preocupación por poder conseguir una cita de manera legal y gratuita, y mucha parte de la ciudadanía optara por seguir manteniendo a muchos “tramitadores” ilegales, despachos sin ética, y enriqueciendo a la ínfima parte del personal de los consulados que colaboran con el fraude.
La enmienda 5 hubiera permitido que los descendientes de españoles de origen también sean considerados de origen…solo 4 votaron a favor de esta mejora en la ley.
La constitución que se usa de arma arrojadiza dice algo en su artículo 14 que se incumple una y otra vez:
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
En el exterior conocen bien cuales son los derechos que les son concedidos si llegan a tener una nacionalidad de origen y esto se traslada a la posibilidad de transmitir su nacionalidad a sus descendientes…pero para España muchos de los que nacen fuera son de segunda o tercera categoría.
El ministro José Manuel Albares sabe lo que han de hacer para limpiar los Consulados Generales de estafadores. El sistema de citas ha de ser blindado para lograr que estas se ofrezcan a la ciudadanía de a pie y se expulse a las mafias, demostrando que nuestros servicios consulares son justos y dignos…en todos los países.