El Tribunal Supremo ha dictado sentencia anulando la sanción impuesta por el Ejército de Tierra al cabo Antonio Marco Santos, por suscribir en 2018 un manifiesto contra el franquismo en las Fuerzas Armadas. El Supremo considera que le amparaba la libertad de expresión y que decir Salud y República no vulnera la neutralidad política.
La sentencia de, la Sala de lo Militar estima el recurso de quien había sido sancionado a multa como autor de dos faltas graves después de apoyar el Manifiesto de respuesta colectiva en contra del franquismo en las Fuerzas Armadas, así como por las declaraciones que ofreció en una entrevista, en la que explicó su respaldo a dicho texto como respuesta a uno anterior denominado Declaración de respeto y desagravio al general don Francisco Franco Bahamonde. Soldado de España, promovido por militares retirados y en la reserva.
Es de una enorme emoción y alegría comunicar que el Tribunal Supremo ha anulado la sanción a nuestro compañero Marco Santos. dicen los firmantes del Manifiesto Contra el Franquismo en las Fuerzas Armadas, ya que considera que le ampara la libertad de expresión. Además, entiende que su conducta no supone en absoluto una amenaza para la disciplina y la unidad en las Fuerzas Armadas. La sentencia es una gran victoria contra el franquismo cotidiano en las Fuerzas Armadas, y es fruto del extraordinario coraje y determinación que Marco ha demostrado alzando su voz, cara a cara, contra el franquismo y en defensa del espíritu democrático y republicano, pese a las adversas circunstancias con las que el Ministerio de Defensa le ha pretendido asfixiar.
Las sanciones a las que hace referencia la sentencia del Supremo (multa económica de 12 y 10 días)-, fueron impuestas por el general jefe de la Fuerza Logística y confirmadas por el Jefe del Estado Mayor del Ejército, y por el Tribunal Militar Central, que consideró que había cometido las faltas graves de emitir en público expresiones falsas o contrarias a la disciplina de las FFAA que infringían su deber de neutralidad política.
Sobre la expresión Salud y República, el Supremo indica que esa es una expresión de despedida o saludo que, por sí misma, no puede considerarse contraria a la neutralidad política; y tampoco observan dolo alguno, en sus explicaciones a un medio de comunicación, donde realizó una serie de juicios de valor personalísimos y comentó, con mayor o menor fortuna en la expresión, algunas de sus vivencias en las Fuerzas Armadas, no apreciándose que tuviera intención alguna de falsear hecho o dato alguno.
El Manifiesto respuesta colectiva y personal, en contra del franquismo en las Fuerzas Armadas, contra la Declaración de militares franquistas en defensa del general Francisco Franco. lo suscribieron un grupo de militares y viudas de militares demócratas, en el que mostraban su rechazo total, sosteniendo que: No somos portadores de una Moral superior, ni sostenemos ninguna sagrada herencia histórica. Nos debemos simplemente a la soberanía nacional que reside en el pueblo español.
El Manifiesto respuesta colectiva y personal, en contra del franquismo en las Fuerzas Armadas, constaba de dos puntos: 1. El general Franco no merece respeto ni desagravio alguno, sino nuestra repulsa más absoluta por haber encabezado un golpe de estado sangriento y genocida contra la legal y legítima II República Española, la feroz guerra civil posterior, y una dictadura opresiva e inclemente durante casi cuarenta años; y 2. Los militares españoles somos funcionarios servidores del Estado, tenemos nuestra conciencia individual libre como cualquier ciudadano, pero no tenemos derecho alguno a presionar como colectivo al Estado democrático.
El caso del cabo Marco Santos no es el único en el que se persigue a los defensores de la democracia. La esencia de la cúpula del Ejército es opresora y heredera del franquismo. Luis Gonzalo Segura, expulsado del ejército después de 13 años de servicio, ha sido perseguido profesionalmente y personalmente desprestigiado. Estuvo en huelga de hambre durante 22 días para protestar por su situación, acusado de indisciplina. Así se las gasta el Ejército: por denunciar abusos en las Fuerzas Armadas en una novela, ingresó en prisión sin un juicio previo. Alguien tenía que dar un paso al frente y denunciar. Podemos llevó el caso al Parlamento Europeo, porque se ha violado su derecho a la libertad de expresión y a un juicio justo, que constituyen los pilares del Estado de Derecho.
Dentro del Ejército hay ciudadanos desprovistos de sus derechos fundamentales. Es preciso reformar las estructuras del Ejército, en múltiples aspectos. Uno de los principales está relacionado con la democracia interna. No vale el ordeno y mando. La actividad del jefe de las FFAA tiene que someterse al control parlamentario, como a referéndum la participación de las FAS en misiones exteriores. Hay que suprimir los privilegios dentro del Ejército, como prebendas por el cargo, viviendas, coches oficiales y supresión de los roles de superioridad subordinación, así como homogeneizar el sistema de ascensos para todos los militares.
Es necesario reformar el sistema judicial militar. Los altos mandos y la propia jurisdicción son jueces y parte. No existe ni imparcialidad ni independencia, sino todo lo contrario. Tiene que desaparecer la justicia militar —sin ningún tipo de duda en tiempo de paz—, poniendo fin al régimen disciplinario de castigo y privación de libertad. Las sanciones militares deben ser administrativas y con todas las garantías legales, como ocurre con el resto de cuerpos de funcionarios, y aplicar el Código Penal cuando se haya cometido delito. Que existan tribunales ordinarios, que juzguen los casos militares, con jueces especializados.
Como en cualquier otro ámbito público, la transparencia debe ser la forma de proceder y tolerancia cero con la corrupción. Hay que exigir el máximo control del gasto en el uso de material militar o dinero público para disfrute particular. Hay que aplicar el control de la contratación pública sometida a la ley de Contratos del Sector Público, con auditorias externas, que eviten toda posibilidad de desviar fondos para investigación civiles a empresas de defensa. Hay que poner fin a las puertas giratorias, que permiten a los oficiales, cuando pasan a la reserva, trabajar en empresas que sirven a Defensa.
La democracia no ha llegado al ejército. Es una institución protegida por la clase política y por los medios de información. Poca crítica se lee o escucha contra la institución que tiene por misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional (Art. 8 CE). Una institución obsoleta, cuyas raíces se hunden en lo más granado del franquismo, no puede tener como misión la que la Constitución le otorga. Para el Ejército la libertad de expresión pondría en peligro la subordinación, la disciplina y la autoridad del mando.
El Ejército es un Estado dentro del Estado. Las Fuerzas Armadas deben ser de todos y no de unos pocos, deben ser modernas y transparentes y no obsoletas y herméticas, denunció el ex teniente Segura. La clase dirigente militar, es ultraconservadora y la libertad de expresión comedida a las suyas. Le expulsaron porque las manifestaciones realizadas afectan a la disciplina, pero no porque fuesen aseveraciones falsas.
Santos, agradece a la gente que ha luchado a su lado, se auto declara republicano y le gusta rubricar con un Salud y República, apelando a los principios de igualdad, libertad y fraternidad, que el Ejercito ve como una ofensa. La lucha sigue.