Que la Comisión Europea haya esperado a cortar el grifo justo cuando España pensaba usar ya el dinero para continuar presumiendo, no es noticia —es un clásico.
Y es que, mira tú, el día de San Fermín de 2025, al Reino de España le pilló el toro. Ahora, con 626.615.891 € de apoyo comunitario en suspenso, nuestro Ejecutivo tiene ante sí una serie de decisiones tan urgentes como desagradables, sobretodo para aquellos que se consideran funcionarios “pata negra”.
De los 1.100.000.000 euros como se está diciendo, corresponden a varios temas (hitos). Que el estado puede retirar una parte, que si no cumple ha de devolver.
Porque, para que vuelvan a sonar los euros en las arcas nacionales, habrá que ponerse manos a la obra y pasar de las bravatas de nuestros magistrados del Tribunal Supremo a las que hemos estado acostumbradas. Aquí va el menú de retos:
- Ley nueva, nueva vida… o muerte del contrato temporal
España debe promulgar un acto legislativo tan eficaz que haga temblar a cualquier gestor público tentado de mantener empleos eternos en precario. Nada de parches: dictar medidas disuasorias proporcionadas que cumplan a rajatabla la Directiva 1999/70/CE de la forma que el Tribunal de Justicia nos ha explicado lo mismo en cuatro sentencias distintas. - Reglas del juego (con sanciones de verdad)
Hasta ahora, abusar de la contratación temporal significaba, en el mejor de los casos, una colleja administrativa. Eso se acabó. Se exige un régimen sancionador duro, con responsabilidades patrimoniales (sí, con dinero propio de los contratantes), sanciones disciplinarias y multas capaces de despertar el interés de nuestros funcionari@s de carrera por la estabilidad de quienes han quemado sus pestañas año tras año para hacer el trabajo que los otros no querían hacer. - Compensaciones de altura, no migajas
El famoso “20 días por año” que se sacó de la manga nuestro Tribunal Supremo, ha sido un chiste mal contado. Toca elevar la indemnización al nivel de un despido objetivo, proporcional a la duración y abuso del contrato. Nada de migajas: si se ha jugado su salud laboral, merecen algo más que una palmadita en la espalda. - No hay lindes que valgan
No basta con aprobar leyes en el Congreso de Diputados; hay que cerrarle el paso a las diferencias autonómicas y locales que permiten celebrar el festival de la temporalidad. Homogeneidad total en el reconocimiento: lo que vale para un funcionario de Sevilla debe valer exactamente igual para uno de Bilbao, la Generalitat o el Cabildo de Las Palmas. - Informe de actuaciones, o muerte
Habrá que montar un sistema de supervisión y reporte periódico con indicadores claros y datos concretos. Si no hay papel, no hay fiesta: cada trimestre, España deberá demostrar a la Comisión que no estamos contándoles cuentos de nuevo. - Oposición a la temporalidad: oposiciones de verdad
Y no hablamos de convocatorias fraudulentas para la galería. Procesos de estabilización masiva —con ofertas de empleo público y concursos de méritos específicos— para interinos con más de tres años de penurias. Se acabó el limbo contractual: o plaza fija o expulsión (laboral, claro). Y eso de igualdad, mérito y capacidad pasa a mejor historia.
Con seis meses —hasta el 7 de enero de 2026— para demostrar que todo lo anterior no es humo, España se juega más que una multa diplomática: 626.615.891 € que podrían engancharse a un avión de vuelta sin escalas. Porque, al final, de nada sirven ya las buenas palabras, si no hay hechos.