El magistrado de la Audiencia Manuel García Castellón acuerda investigar por terrorismo al expresidente catalán y a la secretaria general de ERC en la recta final de las negociaciones por la amnistía. Cita a Arnaldo Otegi como testigo. El juez ha acordado dirigir la investigación por terrorismo sobre Tsunami Democrático.
El magistrado ha dictado un acto, en el cual cita en calidad de investigada a Rovira y a otra decena de personas, y en el caso de Puigdemont le ofrece la posibilidad de comparecer voluntariamente ante la Audiencia Nacional dada su condición de europarlamentario, que implica la obligación de dictar un suplicatorio para citarle. Sin embargo, García Castellón señala que la citación de Puigdemont es en calidad de investigado.
Su investigación contra Tsunami Democrático por los actos en protesta por la sentencia del proceso, en el otoño de 2019, califica de terrorismo los desórdenes que sacudieron Cataluña después de las condenas a los líderes catalanes en el Supremo, por ejemplo, el intento de tomar el Aeropuerto de Barcelona. La Fiscalía recorrerá por no estar de acuerdo con ello, puesto que considera que el delito tendría cabida en los desórdenes públicos y no como terrorismo.
Esta causa, (no lo duden) podría ser susceptible de encuadrarse en una futura ley de amnistía que estos días se encuentra en pleno debate entre el PSOE y sus socios parlamentarios. Veamos quién es lo citado juez, la fama que le precede y su vinculación con el PP.
La conversación que se escucha en el video, entre dos líderes del PP, imputados por casos de corrupción, Eduardo Zaplana i Ignacio González, fue grabada por la Guardia Civil a finales de 2016, mujer pistas sobre la llegada, unos meses después, de García Castelló a la Audiencia Nacional. González, expresidente de la Comunidad de Madrid, necesitaba a un juez de confianza, afectado ya por el caso Lezo, por el cual fue detenido en abril de 2017. Otros beneficiarios del juez García Castellón fueron María Dolores de Cospedal, Esperanza Aguirre i Cristina Cifuentes
Creo que a estas alturas quedan muy pocos políticos y líderes de opinión que cuestionen que la justicia ha decidido formalmente atrincherarse en contra de un proyecto de amnistía. Lo ha dejado muy claro este lunes tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobando una declaración institucional contra la amnistía, sin ponerse rojo a pesar de que ningún proyecto de ley no ha sido presentado en el Congreso y tampoco forma parte de sus competencias.
No habrá manera que la justicia acepte la ley de amnistía si no recoge el lawfare que pueda haber en el perímetro de la proposición de ley. Se podrán hacer las vueltas que se quieran, enviar y volver todos documentos elaborados por una parte y la otra, estudiar todas las fórmulas imaginativas para esquivar las necesidades de unos y otros, pero sin el lawfare como un tipo de paraguas de garantía para todos aquellos que han estado víctimas de una represión devastadora, la amnistía acabará teniendo goteras. García-Castellón ha sacado la venda de los ojos además de uno este lunes con la interlocutoria sobre Tsunami que, además de la exageración de englobarlo en una acción terrorista, introduce sutilmente, como quien no quiere la cosa, la muerte de un ciudadano francés (paro cardíaco) en la jornada de la ocupación del aeropuerto del Prat.
Así, ha pedido a la Guardia Civil que investigue si la muerte de un pasajero al aeropuerto el 14 de octubre de 2019 se puede vincular a los investigados de Tsunami Democrático. García-Castellón se refiere a un ciudadano francés de 65 años, del cual se informó que murió de un ataque de corazón después de andar hasta tres kilómetros por la terminal 2 del aeropuerto a causa del bloqueo de las instalaciones por la ciudadanía. La cuestión no es ni mucho menos insignificante, puesto que si el informe de la Guardia Civil fuera afirmativo, la combinación de terrorismo y un delito de sangre acabaría quizás dejando fuera de la amnistía Puigdemont, Rovira y quien sabe si el resto de acusados. El juez ha deformado la realidad, pero ya tiene en las manos un artefacto con que puede llegar a torpedear los esfuerzos políticos que se hayan hecho.
Cómo que a estas alturas no se tiene que ser ingenuos, hay que conceder al juez de la Audiencia Nacional una posibilidad real que la causa se quede donde es y acabe estirando el hilo que ha empezado a enseñar. Desde que José María Aznar alentó los ciudadanos que quién pueda hacer que haga, quién pueda contribuir que contribuya, se han sucedido acciones que tienen poca cosa de casuales y que su objetivo es crear un estado de opinión en el cual los pronunciamientos contra la amnistía son cada vez más numerosos incluyendo desde personalidades de la Iglesia católica hasta la distribución a los cuarteles de una carta que pide un golpe de estado para socorrer España.
Este estado de las cosas no irá a menos, puesto que todo está muy bien orquestado. Pero, curiosamente, Pedro Sánchez i Carles Puigdemont ya comparten alguna cosa más: que el Estado quiere acabar con los dos.