¡Ya está aquí! Hace menos de un año se advertía en estas mismas páginas que los hombres de negro de la Unión Europea avisaban al Gobierno español sobre la contención del déficit y el crecimiento de la deuda. Hoy ya han llegado las tijeras a la UE. El Banco Central se ha hartado de imprimir billetes para solventar la crisis de la pandemia y ha llegado al tope. Con una inflación muy alta en todos los países (especialmente en los productos básicos que rondan la media 8%) y una transición ecológica industrial por desarrollar, los recortes se hacen más necesarios que nunca.
España tiene una deuda mayor que hace un año, casi doscientos mil millones más, y esos 1,6 billones de euros deben ser reducidos con urgencia. Así lo han manifestado los ministros de Economía de los países miembros de la UE. Vuelta a las reglas fiscales, reducción del déficit y la deuda para asegurar una estabilidad que anime a los inversores. En España, especialmente, las inversiones productivas estaban congeladas. Ahora falta que el Banco Central comience a bajar los tipos de interés. Es un paquete completo que debe ajustarse en todas sus piezas. Reducir deuda y déficit para bajar tipos, que se estabilice o descienda la inflación y aumentar inversiones que generen realmente mejoras en la producción y la productividad.
¿Cómo afectará esto a las políticas del Gobierno? En principio se acabó el gasto excesivo y de carácter puramente electoralista. Cualquier promesa, que hayan hecho o hagan, que tenga un traslado a los presupuestos será baldía. Pueden prometer doscientos mil millones para sanidad pero no podrán gastarlos. Salvo que los quiten de otro sitio. Sabiendo que hay un gasto constante en la Administración General del Estado de 275 mil millones, lo normal es que se recorte de otros sitios. Lo mismo sucederá con las administraciones autonómicas y locales.
Pedro Sánchez anunció las últimas semanas un nuevo plan de inversiones y de gasto público que queda en papel mojado tras la nueva política de la UE. Cuando Yolanda Díaz se vanagloriaba de aumentar el dinero destinado a las políticas sociales (aumentar, por ejemplo, el dinero para Dependencia) o estaba mintiendo (esto no es de un día àra otro), o no se ha enterado de nada en el Consejo de Ministros. Hay que meter la tijera y bastante. Desde que Sánchez llegó al Gobierno el gasto público ha aumentado en casi 150.000 millones de euros (675 mil millones) y ahora toca bajarlo.
Se acabó disparar con pólvora del rey. Los fondos de la UE seguirán llegando sin contar como deuda o déficit, pero son fondos finalistas, para situaciones concretas y no se pueden destinar a otra cosa. Habrá que reducir la deuda en casi 500.000 millones de euros en los próximos cuatro años. A la par no se podrá gastar más de lo ingresado. Y tampoco se puede aumentar la presión fiscal, como hasta el momento, en la clase media y la clase trabajadora porque ya están ahogadas. Un dilema que obvian desde el Gobierno pero del que informan desde Bruselas.
Cualquier propuesta de gasto público será, en buena medida, mentira, fuegos de artificio, electoralismo… Y esto vale para los supuestos dineros que se quieren mover hacia las comunidades autónomas con partidos secesionistas/independentistas que tienen cogido a Sánchez por las gónadas. Cataluña tiene que reducir su deuda galopante igual que el resto. No. Igual no. Con mayor prontitud pese a que parte de su deuda pase a las cuentas de la administración central. Además, nada de enviar dinero, ni inversiones raras. Esto provocará problemas en el Gobierno central o con las otras comunidades que serán las grandes damnificadas con la pérdida de dineros que, igual, sí son productivo y necesarios.