La Historia está repleta de ciclos políticos que han tenido al miedo como técnica de disuasión de las discrepancias. En buena parte de esos episodios políticos se trataba de gobiernos legitimados por el voto popular. De aquí que el diseño de arquitecturas legales para solventar la legítima capacidad discrepante no deja de ser una manifestación de debilidad. Los estados totalitarios, su razón de ser, su estabilidad, se asienta sobre la intimidación, más que sobre la búsqueda de responsabilidades equitativas de los agentes transgresores de la norma.
El juicio a Lula da Silva se llevó a a cabo como parte de la mega causa conocida como “Lava Jato”, que fue el marco aparentemente legal mediante el cual se perpetró el golpe de Estado a la ex presidenta Dilma Rousseff. Este juicio es parte de una estrategia de Lawfare, tal como lo han denominado los especialistas, que implica: el uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política. Es el uso de la ley como un arma para destruir al adversario político por la vía judicial. Lo anterior se inscribe en un proceso de judicialización de la política desde la cúspide del statu quo, donde el aparato judicial se eleva por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo. Esta dinámica puede conducir a una “dictadura de los jueces” y una pérdida total de equilibrio entre poderes. Si aprecian una similitud con la realidad es mera coincidencia.
Para los no informados, Lula fue declarado finalmente víctima de una conspiración y libre de culpas.
En la España de las desigualdades, de los privilegios, hay hijos y entenados. Cuando se establece como práctica el incumplir de las normas de convivencia, y su penalización sea asimétrica, puede producirse como efecto perverso la intención de obtener una aceptación popular para que dicha transgresión sea la regla en lugar de la excepción. Si Pedro Sánchez acepta las conductas perversas en términos democráticos, estaremos en ese escenario. Entonces la inmoralidad se impondrá. La serie de normas que se han dado a conocer a través de mecanismos de diverso tipo y en materias diferentes, todas ellas de una sensibilidad extrema en la textura social, hacen concluir que estamos ante una usurpación de la voluntad mayoritaria. Las últimas decisiones del Tribunal Supremo no hacen más que confirmar esa percepción. Como alternativa se incentiva la búsqueda de enemigos de España. La cooptación de los símbolos nacionales por parte de facciones ideológico-partidarias, sólo es un pretexto para justificar la represión. Para anular la democracia y, con ella, la Justicia.
Pese a ello, se sigue aludiendo a resultados electorales que desembocaron en un caudal de votos que no fue mayoritario o a instituciones inamovibles fuera del alcance de las propias leyes, como legitimadas para monopolizar la violencia. Por tanto, si el centro que monopoliza el poder de aplicar la justicia se convierte en un referente de la transgresión, ejerce lawfare, entonces se desnaturalizará la legitimidad de su autoridad para ejercerla.
Máxime, cuando la normativa vigente procure intimidar la discrepancia. Si el Estado pasa de su rol de custodio de las normas que reflejan los valores humanistas, por otro que le exime de ello, hostigando a las víctimas de la corrupción, por ejemplo, algo se está alterando. De allí, la inquietud social. La inquietud, como una de las manifestaciones más elementales en la escala del miedo. La inquietud que nace de las carencias. De la indefensión. Hablemos del tratamiento de los casos de corrupción. El fenómeno no debería liberar a los corruptores de su responsabilidad delictual. Tampoco a cualquier implicación de políticos a los que se considerasen relacionados en tales hechos. En su lugar, la figura del indulto es la demostración de la impunidad de los corruptos en este sistema cómplice. De aquí que esos gobiernos necesiten producir «temor social», intimidar la participación ciudadana pacífica. Este temor puede representar el nivel de calidad democrática de un Estado. En las mejores décadas de ejercicio democrático en la post transición española, el miedo estaba ausente de las percepciones del ciudadano. Se reconocía que la principal función del Estado era el ejercer la dinamización del progreso social, que implicaba una mejora integral del individuo. El éxito social tenía más que ver con el conocimiento que con la acumulación y control de recursos. De allí nos han llegado los oligopolios en materia energética, financiera, constructiva, comunicaciones. Lo curioso es que la situación del ciudadano medio no solo se ha deteriorado, sino que tiende a atribuírsele una responsabilidad de tal estado de cosas que él no tiene.
El resultado de ese proceso, el temor social actual, en materia de paro, salud, educación, pensiones y dependencia, pareciera negar que los ciudadanos fuesen quienes han sostenido esos sistemas con el pago de sus impuestos. Ese ciudadano observa que no puede utilizar la elusión fiscal, sistema legal pero cuestionable, por medio del cual las empresas de suficiente nivel pueden eludir el pago de sus impuestos en España. Ninguno de los dos partidos mayoritarios hizo algo para corregir esa normativa que lo permite. Tal vez estemos en presencia de acciones de lawfare cuando las urnas no responden a su voluntad.
Un indicador de los efectos del miedo, pueden ser las consecuencias psicológicas y psiquiátricas. Las “cloacas” son una manifestación amenazante. Este indicador contiene epifenómenos en materia de sociopatías, como el maltrato de género, los niveles de suicidio y las variantes de sus patologías resultantes. El Estado somos todos. Lo que hace responsables de este conjunto de cosas a los que monopolizan las decisiones que lo originaron. Ninguna adopción de medidas en materia presupuestaria puede tener como base a consideraciones simplemente mercantilistas. Como en sustraer de las rentas del trabajo para incrementar los beneficios de las empresas. Horas extra impagadas mediante. O huir de la justicia por evasión fiscal.
Cuando la población tiene miedo, se esconde del sistema. No confía en él. Ese puede ser el gran fracaso de esta España, si repite errores o busca culpables. En tanto esa gestión gubernamental no se produzca, con una base amplia de apoyo y se centre en la recuperación de las libertades, no se busque la verdad y no se penalice la mentira, la calidad democrática estará en cuestión.
Erradiquemos el temor. Dejemos en evidencia las operaciones de lawfare.