Pedro Sánchez ya es presidente del Gobierno. Independientemente de la rendición a las exigencias de las fuerzas soberanistas catalanas, el líder socialista no incluyó en su proyecto de gobierno mención alguna a la reforma radical de la Administración de Justicia que requiere la democracia española porque, precisamente, ese es uno de los puntos más débiles y que más daño está haciendo cada año a millones de ciudadanos.
A lo largo de los dos días del debate de investidura se ha hablado mucho de los jueces, pero nada sobre la Justicia. El problema está en que nadie controla a los que tienen la responsabilidad de impartir justicia justa, pero que, según se puede comprobar en cientos de miles de sentencias o en decenas de miles de procedimientos, no se hace en contra de lo que indica la Constitución.
En las últimas semanas se está comprobando una rebelión de los jueces por el asunto del Lawfare y los acuerdos firmados entre el PSOE y Junts por los cuales habrá comisiones de investigación parlamentarias para determinar si hubo una injerencia política por parte de jueces, magistrados y fiscales. Ese es el momento en que se han unido asociaciones y organismos. La realidad es que no quieren que nadie les controle porque hay temor a que se empiece con la supuesta Lawfare y se termine con otros asuntos mucho más delicados.
La democracia española necesita una cantidad ingente de reformas muy profundas. Se ha quedado anclada en los supuestos de la transición y precisa de una actualización inmediata. Sin embargo, la Justicia no pasó por el filtro y sigue manteniendo los mismos privilegios con los que se contaba en el siglo XIX. No se trata de la filiación política, de jueces fachas o rojos, de francotiradores con toga. Se trata de que existe la percepción ciudadana de que España sufre una dictadura judicial por la indefensión constante a la que se enfrentan las personas, sobre todo cuando se enfrentan a determinados intereses políticos, económicos, empresariales o financieros.
En estas páginas hemos analizado cómo la aplicación que se hace en España de la recusación de los jueces en los procedimientos judiciales viola derechos fundamentales reconocidos por la Constitución además de ser inconstitucional, nula y contraria al Derecho de la Unión Europea y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque otorga unos privilegios de tratamiento para los jueces y magistrados que no ostenta ningún otro ciudadano. De esto no habló Pedro Sánchez.
En España hay jueces que tienen, según se demuestra en la base de datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un 100% de efectividad a la hora de absolver o archivar causas contra determinadas empresas a pesar de que los hechos probados demostraban que miles de causas deberían haber terminado en condenas. De eso tampoco habló Pedro Sánchez.
Por otro lado, está, directamente, el incumplimiento o la rebelión contra la jurisprudencia y la doctrina europea, que es prevalente sobre la española, que se perpetra de manera recurrente en determinadas audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia y en el Tribunal Supremo. Esto sucede, principalmente, en los casos en los que los ciudadanos plantean demandas contra las grandes empresas de determinados sectores. Estos comportamientos derivan en querellas por prevaricación contra los magistrados que firman esas sentencias, querellas que son archivadas por defecto y que conllevan represalias para los abogados que las interponen. De esto, Pedro Sánchez, tampoco dijo nada.
El régimen de incompatibilidades de magistrados y jueces también es un asunto clave para reformar de manera radical. No es de recibo que sea legal que, por ejemplo, los jueces de lo mercantil cobren por asistir a cursos, seminarios, congresos, conferencias o mesas redondas organizadas por administradores concursales. Tampoco es muy transparente que haya magistrados o jueces que impartan clases en universidades privadas cuyos máximos accionistas son las grandes empresas a las que luego tienen que juzgar. Esto genera un clima de legítima sospecha ciudadana porque se pone en tela de juicio la independencia y la imparcialidad. De esto, Pedro Sánchez no dijo nada.
Ese clima de sospecha constante sobre la imparcialidad cuando instruyen y juzgan causas contra los grandes intereses económicos, empresariales y financieros exige que los patrimonios de los jueces sean inspeccionados y auditados a través de investigaciones independientes, patrimonio que esté ubicado tanto dentro como fuera de España. La corrupción judicial existe, pero se desconoce en qué magnitud porque no se ha investigado a fondo. Una democracia no puede subsistir bajo un clima de sospecha constante en el que puedan existir elementos ocultos que dictaminen el resultado de una causa judicial. Las grabaciones del excomisario Villarejo revelarían que en España sí se podrían estar comprando jueces. Eso es intolerable, pero Pedro Sánchez no trató el tema.
El ya investido presidente del Gobierno tampoco dedicó ni una sola palabra a la actitud de la Fiscalía o de la Abogacía del Estado. No es normal, como sucede en España, que los abogados más radicales en la defensa de los intereses de las grandes empresas, los bancos o las grandes familias sean los que pertenecen a un cuerpo obligado a defender al pueblo de los abusos de los poderosos. No es normal que la Abogacía del Estado afirme, como ha hecho en varias ocasiones en la Justicia Europea, que los derechos fundamentales pueden ser vulnerados si no son una amenaza para el sistema financiero.
Los elementos enumerados son sólo una mínima parte de los gravísimos problemas que tiene la Justicia española. Hay muchos más y no es de extrañar que haya juristas, abogados y ciudadanos que, por ejemplo, califiquen a la Audiencia Nacional como «una casa de putas» porque las sentencias, diligencias y archivos a la carta dan pie para ello. No es normal en una democracia que una causa por blanqueo de capitales sea sobreseída existiendo pruebas que demuestran que hubo ese lavado de dinero.
La Justicia es uno de los elementos que más influyen en el descrédito y la desafección de los ciudadanos hacia las instituciones. Desde luego, el menor de los problemas es la politización de los jueces o la renovación del CGPJ. Hay otras muchas cosas que hacer porque, tal y como está el tercer poder, da la sensación de que una reforma profunda sería insuficiente y lo necesario sería una limpia total para poder hacer tabla rasa. Como se ha hecho con la amnistía.
Si el poder ejecutivo no puede interferir en el poder judicial…¿Como se consiente que el poder judicial interfiera en el poder ejecutivo?
¿Como se puede consentir que el poder judicial,en concrero,el CGPJ, lleve mas de 5 años incumpliendo la constuticion?
Quiero pedirle al señor que escribe el artículo…si busca respuestas, pregunte a Feijoo-PP y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ¿Por qué la ley no se cumple?. Las instituciones políticas regidas por dicho principio tienen que garantizar su cumplimiento, así como la separación de poderes. Quedo a la espera de leer su respuesta…
Otro asunto no menos importante de todo lo expuesto es el sistema que se mantiene en la selección de Jueces y Fiscales, un sistema que prima a sectores sociales muy restringidos, por distintas razones, primero para prepararse unas oposiciones tan exigentes requiere de una concienciación especial para ello, no necesariamente correlativa a la capacidad de los candidatos, desde niños se les viene concienciando desde dentro de un ambiente propicio para que se convierta en su prioridad vital, cosa que no suele pasar en posibles candidatos procedentes de un ambiente medio social, segundo el soporte económico necesario para poder afrontar todo el proceso de preparación en tiempo y dinero para poder acceder a preparadores, y tercero superar el sistema memorístico como ya vienen haciendo en países de nuestro entorno, valorando otras cualidades tan necesarias o más que la mera memorización y expresividad verbal, que favorece, según estudios psicológicos, a los candidatos con perfil más conservador.
Qué bien explicado e igual mérito para Jorge en su comentario. Yo creo que hace su papel, que es valiente pero poco didáctico para el público. Sánchez sabe perfectamente que se equivocaba en el asunto catalán cuando condenó las urnas, único instrumento válido para – precisamente – validar una democracia y jamás se le dio bien rectificar, por lo cual lleva haciendo lo contrario a cuanto dijo en todas las grandes ocasiones. Los jueces llevan cien años prevaricando, ya ocurría con Franco, y este los ascendía o degradaba en función del resultado, siempre con la luz larga no más allá de los Pirineos, por lo tanto no tan plus ultra de aquí. La cuestión ha llegado al público y toca el tanteo anterior al regateo para negociar a la baja la solución del trapero. Inteligentemente obvia la cuestión, que es de un grado de corrupción intolerable para dicirnos que conoce el problema pero que no tiene en mente hacer nada para solucionarlo. Sánchez sólo es valiente para echar mano al poder y está acostumbrado a moverse por el barro desde su propio partido, pero no tiene valor para ir más allá de la trinchera. El resto lo hizo Podemos, en ésto estaremos todos de acuerdo. Es mucho más valiente que Suárez y sin duda el mejor presidente que tuvimos, que es consuelo para el pobre de espíritu que entre tantos millóns de ciudadanos lo mejor sea este mediocre.