La asfixia de la sanidad pública andaluza desnuda la mala salud de la mayoría absoluta de Moreno Bonilla

Negar la mayor. Es la estrategia acordada por el Gobierno andaluz para hacer frente a las goteras más que evidentes que la sanidad pública de la comunidad muestra en un primer diagnóstico de aproximación a todos los niveles en la actualidad, seis años después de que Juan Manuel Moreno Bonilla tomara los mandos de Andalucía. Las encuestas que maneja el ejecutivo andaluz no hacen temer nada a priori, tampoco el CIS andaluz muestra el más mínimo descontento de la población más allá de reconocer que la sanidad es la segunda preocupación de los andaluces, solo por detrás del desempleo. Y además ya son cuatro las elecciones consecutivas que el PP ha ganado de forma más o menos abrumadora al PSOE en su feudo histórico en las últimas convocatorias.

Nada hace temer al equipo de Moreno Bonilla que su holgada mayoría absoluta esté en peligro. Tampoco la socialista Susana Díaz se vio venir el descontento que su gestión sanitaria ocasionó en la población y que se apreciaba en las calles de forma reiterada y multitudinaria en múltiples manifestaciones en defensa de una sanidad pública de calidad. Como estos días de nuevo en todas las capitales de provincia. Para la historia quedan aquellas elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018 y la amarga victoria de Díaz que dio paso a un gobierno conservador por primera vez en Andalucía con apoyo de la ultraderecha, que también entró por primera vez en un parlamento en España.

El ejecutivo andaluz se escuda en que cuenta con el mayor presupuesto sanitario de su historia, obviando que los convenios con clínicas privadas tienen un peso notable en su hoja de ruta

Seis años después de la llegada al poder del PP en Andalucía, el panorama de la sanidad pública es desolador: listas de espera quirúrgicas y diagnósticas inhumanas y casi tercermundistas, atención primaria tardía y deficitaria, falta palpable de profesionales, quejas unánimes de los sindicatos por el ninguneo al que la Consejería de Salud somete las peticiones de sus 120.000 profesionales, la mayor empresa de Andalucía con amplia diferencia. A todo esto hay que unir el regreso multitudinario a las calles de las mareas blancas en defensa de una sanidad pública de calidad en Andalucía, con miles de ciudadanos manifestándose el pasado domingo 17 de noviembre en las ocho capitales. Y como guinda de un pastel que cada día huele más a podrido, el cerco al que la justicia está sometiendo la gestión sanitaria de Moreno Bonilla, con sus tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) investigados por los contratos de emergencia concedidos a dedo a un puñado de empresas sanitarias privadas pese a que la norma de la pandemia ya había sido derogada. Por supuesto, el ejecutivo andaluz no ha contemplado la más mínima posibilidad de aprobar ceses o dimisiones por estas imputaciones judiciales. La estrategia de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, pasa simplemente por aplicar perfil bajo y a seguir enviando el mensaje oficial de que Andalucía cuenta con el mayor presupuesto de Salud de su historia año tras año desde que el PP asumió el poder en 2019. Un descomunal presupuesto que, según todas las formaciones de izquierdas de la oposición, sirven para engrosar las arcas de un puñado de clínicas privadas sin que la gestión se note lo más mínimo, por ejemplo, en el adelgazamiento de las desproporcionadas listas de espera.

Aunque oficialmente no se quiera admitir, el nerviosismo por la judicialización de los polémicos contratos sanitarios a dedo de la Junta comienza a calar en el seno del consejo de gobierno. El cese a comienzos de verano de la anterior consejera de Salud, Catalina García, ahora redireccionada por Moreno Bonilla como máxima responsable de otra área sensible como es medio ambiente, no ha traído nuevos aires ni mucho menos a la Consejería de Salud de la mano de Rocío Hernández Soto, que en apenas unos meses de gestión ha vuelto a poner en pie de guerra a todos los sindicatos que se sientan en la Mesa Sectorial de sanidad por el ninguneo al que los somete en las negociaciones para la mejora del sistema público de salud.

Mientras tanto, Moreno Bonilla y su consejera de Salud mantienen la hoja de ruta fijada para sus planes respecto a la principal ‘joya de la corona’ de Andalucía, su sanidad pública. Como denuncian al unísono oposición política, sindicatos y mareas ciudadanas, estos proyectos pasan por el adelgazamiento del sistema público e incluso su progresivo desmantelamiento para facilitar el reforzamiento del negocio privado de salud. Tan simple como escandaloso. Los ciudadanos andaluces tienen la última palabra.