Las asociaciones ultraderechistas que, personadas como acusación popular, se han dado a la caza de brujas contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en la instrucción incoada por el juez Peinado, empiezan a preocuparse por las últimas medidas adoptadas por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. En las últimas semanas, el magistrado ha sido llamado al orden por la Audiencia Provincial de Madrid, tribunal superior, por adoptar medidas de dudosa constitucionalidad como la orden de patada en la puerta que dio a la policía para registrar las oficinas del empresario Juan Carlos Barrabés (a quien Peinado acusa de estar en connivencia con la primera dama en la organización de un máster irregular para la Universidad Complutense de Madrid). No ha sido esa la única medida polémica del juez más duro al oeste del Manzanares. También se ha saltado los informes de la UCO (unidad de élite de la Guardia Civil) que no ven delito en la puesta en marcha del citado curso académico; ha desoído los escritos de la Fiscalía que piden cerrar el caso por falta de indicios racionales de criminalidad; y ha incurrido en otros excesos, más o menos gruesos, que sería imposible enumerar aquí.
Ahora las acusaciones ultras empiezan a entender que subirse a ese barco con un capitán kamikaze puede salirles caro a ellas también como impulsoras de las querellas contra Gómez. En cierta medida, el fracaso del juez sería el fracaso de los grupos nostálgicos, empeñados en ver a la mujer del premier socialista camino del cadalso. Y han saltado las alarmas. Según publica Eldiario.es, “acaban de trasladar por escrito al juez Juan Carlos Peinado su preocupación por las consecuencias que pueda tener imputar a una asesora de Moncloa sin fundamentar la decisión. Hasta ahora habían sido las defensas de los acusados quienes habían tratado de poner límite, sin apenas éxito, en los excesos de la instrucción de Peinado, pero ahora son los máximos interesados en ampliar la investigación hasta el presidente del Gobierno quienes alertan del carácter contraproducente de adoptar medidas sin respeto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Está claro que hasta los inquisidores posfranquistas están sorprendidos, y hasta preocupados, por el furor patriótico que Peinado le está poniendo a la instrucción de esta causa.
Sea como fuere, el instructor se está quedando solo en una cruzada nacional que emprendieron otros y a la que él se sumó siguiendo la petición de Aznar de “quien puede hacer que haga”. Es lo que suele ocurrir con ese capitán de caballería que da la orden de a la carga, espada en ristre y con el rostro iluminado, sabiendo que envía a su ejército a una muerte segura. Algún que otro jinete empieza a desertar en pleno combate.
Cabe recordar que el magistrado ha llamado a declarar como investigada para el próximo 28 de febrero a Cristina Álvarez, asesora de Moncloa encargada de coordinar la agenda de la esposa del presidente del Gobierno, a la que quiere preguntarle si además de llevar el trabajo institucional de Moncloa le hacía trabajitos extra, privados, sus labores, a la esposa de Sánchez. De igual forma que ha hecho con otros investigados, Peinado tomó primero declaración a Álvarez en calidad de testigo. Durante la misma, la asesora reconoció haber enviado correos y realizado gestiones con la Universidad Complutense en nombre de Gómez y lo enmarcó en las funciones que tenía asignadas como asistente de la esposa del presidente del Gobierno. Esto fue suficiente para que Peinado, de gatillo fácil, la pusiese también en el paredón de los sospechosos investigados por sanchistas. Así, la acusación popular, que encabeza Vox, comienza aclarando en su escrito que está totalmente de acuerdo con la decisión, “absolutamente acertada”, de imputar a la asesora, pero advierte al juez Peinado de las consecuencias de hacerlo sin un auto en el que lo fundamente, algo propio de la instrucción del magistrado. En consecuencia, la acusación popular ha presentado un recurso de reforma para que sea resuelto por el propio juez, según añade Eldiario.es.
Nos encontramos por tanto ante un episodio delirante de este sumario, uno más, con una acusación popular enmendándole la plana a todo un juez y diciéndole lo que tiene que hacer. O dicho de otra manera, Vox le pide a Peinado que haga las cosas bien, no vaya a ser que la Audiencia Provincial, o en su caso el Supremo, tumben toda la instrucción por defectos de forma. A los abogados de Abascal solo les ha faltado decirle al instructor que es un torpe que no sabe redactar sus escritos para que todo se ajuste a la legalidad constitucional.
“Sí que consideramos, con todos los respetos al instructor, que podría ser oportuno aportar mayor motivación y argumentación con respecto a la decisión tomada por el instructor, no por entender insuficientemente la misma, sino especialmente cuando a día de hoy conocemos que la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado ciertas diligencias de investigación por considerar que no se había justificado o motivado suficientemente la necesidad de las mismas o su urgencia”, asegura el escrito de la acusación popular, al que ha tenido acceso el citado medio de comunicación.
Además, las acusaciones reclaman que anule “ciertas diligencias de investigación por considerar que no se había justificado o motivado suficientemente la necesidad de las mismas, o su urgencia”, según publica El Plural. “Así ha ocurrido, por ejemplo, con el auto de 4 de febrero, a través del cual la Audiencia Provincial ha acordado la nulidad del auto de 27 de agosto de 2024 por el cual se ordenaba el desprecinto, clonado y volcado de los efectos informáticos en la diligencia de entrada y registro de los domicilios de Juan Carlos Barrabés y de su grupo de empresas”, aseguran las partes ultraderechistas.
Hazte Oír se permite incluso aleccionar o ilustrar al juez, indicándole que ese auto debería recoger la remisión a las actuaciones de la relación de puestos de trabajo de Moncloa, así como la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del nombramiento de Álvarez porque “hacen ver que su categoría profesional de 'directora de Programas', al servicio del Gobierno, es totalmente incompatible con su supuesta actuación como asesora de Begoña Gómez”. Por momentos, da la sensación de que en ese juzgado ya no manda el juez, sino otros que mueven los hilos en la sombra.