La comisión del Senado instada por el PP para depurar responsabilidades por la riada del 29 de octubre en Valencia va camino de convertirse en un esperpento más de la derecha española. Mientras la jueza de Catarroja emite un auto demoledor en el que apunta directamente a la nefasta gestión de la Generalitat Valenciana dirigida por Carlos Mazón, que fue incapaz de lanzar una alerta a la población que hubiese salvado decenas de vidas, en la Cámara Alta los prebostes de Génova se dedican a construir una realidad paralela totalmente al margen de la verdad. Tanto es así que entre los numerosos cargos públicos que han sido citados para declarar en primer lugar no hay un solo dirigente autonómico.
De esta manera, el Partido Popular pretende politizar la tragedia, darle la vuelta a la realidad creando un universo paralelo para que parezca lo que no es, de decir, que los responsables del cataclismo fueron Pedro Sánchez, Teresa Ribera y los responsables de la Confederación Hidrográfica. Una burda manipulación que nada tiene que ver con los folios del denso sumario instruido por la jueza Nuria Ruiz, donde no se hace ni una sola mención a culpa alguna por parte del Gobierno central a la hora de transmitir la famosa alerta que Mazón envío tarde y mal porque estuvo toda la tarde comiendo en el restaurante El Ventorro con una periodista.
La metódica resolución de la jueza de Catarroja, de alta calidad técnica y que por momentos parece más un auto de procesamiento, es demoledora. Detalla con precisión cada minuto de lo que ocurrió aquella tarde, recoge con nombres y apellidos a los fallecidos por la riada (humanizándolos, sacándolos del anonimato y poniéndoles cara) y lo más importante: imputa a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y al ex secretario autonómico de ese departamento, Emilio Argüeso, aunque de momento rechaza la comparecencia del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Además, la magistrada ha rechazado la admisión de querellas respecto a otros responsables de la Administración autonómica y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), descartando la implicación del organismo hídrico. Tampoco ve irregularidad alguna en la transmisión de datos atmosféricos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Mazón y Pradas tenían toda la información y, o no quisieron tomar medidas (ellos sabrán por qué) o no entendieron la gravedad de la situación, según la magistrada. Con eso está todo dicho.
El sistema telemático Es-Alert solo se activó las 20.11 horas del 29 de octubre, cuando los valencianos se ahogaban. Esa es la terrible verdad que el PP, empeñado en construir enloquecidas teorías de la conspiración, no quiere asumir. No la asume Mazón, que debería haber dimitido hace meses; no la asume Feijóo, que respalda sin fisuras a su delfín valenciano en un extraño síndrome de Estocolmo que solo entiende él; y no la respalda el partido, donde no pocas voces han criticado la descabellada estrategia en este caso.
Una nueva teoría de la conspiración que solo tiene el objetivo de echarle la culpa al otro se está consumando en Génova 13, que no ha aprendido aún que las incompetencias en tiempos de catástrofes se pagan caro con años en la oposición. Así ocurrió el 11M, cuando el PP perdió las elecciones a manos de Zapatero. El pueblo castigó con dureza el intento de manipulación informativa para que pareciera que el autor de los sangrientos atentados de Atocha había sido el PSOE y no Al Qaeda. No han aprendido, siguen erre que erre.
La comisión del Senado no es más que una pantomima, una farsa o vodevil montada por un partido que jamás asume responsabilidades. La iniciativa, defendida por los senadores valencianos Gerardo Camps y Luis Santamaría, hace hincapié en la necesidad de “esclarecer todas las circunstancias, asumir responsabilidades y poner en marcha todas las medidas necesarias para paliar los daños y prepararnos para que una catástrofe como ésta no vuelva a ocurrir”. Todas las circunstancias menos la verdad, que no es otra que el PP de Mazón cometió graves negligencias aquella tarde de la dana.
“No estamos aquí para alimentar divisiones políticas ni para buscar culpables por intereses ideológicos. Estamos aquí para encontrar respuestas”, aseguran fuentes populares en el Senado. “Los afectados exigen justicia, respuestas y acción, por eso les pido que trabajemos juntos. Que dejemos a un lado las diferencias políticas y enfoquemos nuestros esfuerzos en lo que realmente importa: aprender de esta tragedia y evitar que vuelva a ocurrir. No permitamos que esta tragedia caiga en el olvido. Es hora de trabajar unidos. Es hora de estar a la altura de nuestro compromiso con los españoles”, añaden. El PP construye su verdad, en realidad un nuevo bulo que nada tiene que ver con lo que la jueza ha escrito en su histórico auto. ¿Se puede ser más embustero y más patético?