Un juez instructor no puede hacer juicios de valor durante la investigación que lleva a cabo. Pero el titular del juzgado número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, está acostumbrado a expresarlos en sus autos. Más que resoluciones judiciales lo suyo parecen relatos basados en suposiciones. Es cierto que en el caso Negreira ha encontrado indicios de la existencia de nuevos ingresos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros procedentes del Futbol Club Barcelona. Pero no puede entrar en conclusiones como la que señala en su escrito: “no se me ocurre ninguna otra razón convincente que la de alterar la competición deportiva nacional (Liga y Copa del Rey)”. El futbol es una industria que mueve miles de millones de euros. Si no tiene consideración de estratégica poco le falta. Y hacer semejantes afirmaciones puede dañar su imagen. El juez Aguirre debería tener un poco de cuidado al utilizar este tipo de consideraciones. Al menos durante la etapa de la instrucción del caso, que, todo parece indicar, se va a prolongar durante un tiempo. El magistrado ha prolongado las diligencias por seis meses más. Y mucho nos tememos que ésta no será la última prorroga. Es un caso mediático y al juez le encanta seguir en candelero. La trama rusa del procès es un ejemplo de lo que da de sí Su Señoría.
La excusa para decir, en un auto, semejante juicio de valor que pone en entredicho una competición tan importante como es la del futbol profesional, ha sido en esta ocasión la aparición de unas transferencias bancarias del Futbol Club Barcelona a Concepción Díaz, secretaria de José María Enríquez Negreira. Un informe de la UCO de la Guardia Civil revela, también, el cobro de cheques procedentes de la entidad blaugrana que cobraba un amigo y asistente en las empresas del exnúmero dos de los árbitros, José Martínez. Mientras la secretaria guarda un escrupuloso silencio por lo que no se puede deducir cual era el destino final de las cantidades transferidas a su cuenta, un total de 35.555 euros, Martínez sí ha dicho que él era un simple mensajero y que nunca se quedó con el dinero.
Aguirre ha pedido a la Agencia Tributaria que le envíe los informes de las cuentas bancarias de Díaz y Martínez para conocer las cantidades exactas que cobraron. Enríquez Negreira ya declaró que estas dos personas se limitaban a hacer de intermediarios. Cobraban el dinero que luego le daban en efectivo. Martínez reconoce haber recibido, entre 2016 y 2019, cheques por valor de 3.000 euros cada tres días. Si sumamos la cantidad que fue, finalmente, a manos del exdirigente arbitral esta puede ser muy significativa. Hablamos de millones.
Y millones es lo que le han encontrado a la pareja del árbitro, Ana Paula Rufas. Entre 1992 y 2003 se le ha detectado 3 millones de euros sin justificar en cuentas bancarias, según otro informe de la Guardia Civil. Los agentes consideran “atípicas” las transacciones realizadas por Rufas, ya que no se corresponden con los ingresos obtenidos por su actividad profesional. Su entorno explica que el dineroprocede de la venta de propiedades inmobiliarias de su familia. Rufas tendrá que demostrarlo. Mientras tanto, Aguirre la imputa un delito de blanqueo de capitales.
El juez ha solicitado informes a la Agencia Tributaria sobre los movimientos financieros de los hijos de Enríquez Negreira, que figuran como autorizados en la empresa de su padre, Dasnil 95, la sociedad que facturaba al Futbol Club Barcelona por los “servicios de asesoramiento” que el juez “sospecha” servían para alguna cosa más como es “alterar el signo de las competiciones de liga y copa del Rey”.
Estas palabras en el auto de Aguirre han vuelto a hacer sonar las alarmas de los organismos directivos del futbol europeo y mundial, la UEFA y la FIFA, que tienen abiertos expedientes al Barça a la espera de que la autoridad judicial resuelva. Pero este año no se va a tomar ninguna medida porque la instrucción judicial va para largo. Normalmente, la Agencia Tributaria suele tardar entre 3 y 6 meses en emitir los informes del tipo que ha pedido Aguirre. Y eso sin contar con que contra estas decisiones caben recursos y los abogados están dispuestos a dilatar el proceso todo lo posible.
Supongamos, por un momento, que el Futbol Club Barcelona se proclama, este año, campeón, o bien nacional o europeo. Si el juicio del Caso Negreira se llega a realizar en 2026 como poco, y se le condena por corrupción deportiva, la Liga de Futbol Profesional, la UEFA y la FIFA tendrían que despojarle de los títulos obtenidos, una medida que supondría un grave escándalo en la industria del futbol, ya no sólo de España sino mundial. Un escándalo solo comparable con el que se montó con las tramas de dopaje en el ciclismo, y el Caso Juventus en Italia.
Las autoridades judiciales están muy pendientes de todas las circunstancias irregulares que puedan rodear a este deporte también por otro motivo: las apuestas. Aunque este fenómeno es todavía minoritario en España, en la Premier League mueve una importante cantidad de dinero por lo que las sospechas sobre amaños y sobornos a los árbitros están a la orden del día.
De momento, aquí en este país no se ha llegado a tales extremos. El Caso Enríquez Negreira es el primero de cierta relevancia social. Si es verdad que se ha hablado de pagos a terceros por ganar a un rival directo en la competición, pero nunca se ha podido demostrar la existencia de ellos. Esta es la primera vez donde las irregularidades detectadas afectan directamente a un dirigente arbitral, el segundo del CTA, encargado de ascender o rebajar de categoría a los directores de juego de la competición. José María Enríquez Negreira tenía mucho poder dentro de la Federación Española de Futbol según se ha ido sabiendo a lo largo de la investigación judicial.
Un poder relativo de todas maneras. El juez quería imputarle un delito de cohecho, pero sus superiores dejaron claro que la RFEF es un organismo semipúblico y sus empleados no gozan de la condición de funcionarios a los cuales va dirigida la tipificación de este delito. Aún así, el Caso Negreira tendrá repercusión si algún día es que llega a los tribunales algo que se antoja muy lejano todavía porque el juez Aguirre es de los reacios a convertir en procedimiento abreviado un sumario. Y mientras eso no ocurra, nadie relacionado con este asunto se sentará en el banquillo de los acusados de la ciudad de la justicia de Barcelona.
Y eso lo sabe Joan Laporta que es abogado y se conoce perfectamente los juzgados. El presidente del Futbol Club Barcelona está tranquilo a pesar de que la entidad, como tal, también está imputada en la causa.