La comisión de investigación sobre las cloacas del Estado, el caso Villarejo y la llamada Operación Cataluña, celebrada en noviembre del pasado año, arrojó datos sorprendentes sobre el funcionamiento de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los diputados de la izquierda querían saber si consta que se hayan realizado investigaciones policiales a Podemos, a sus dirigentes, por parte de algunos agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Fue entonces cuando Marcelino Martín-Blas (comisario principal honorario del Cuerpo Nacional de Policía y jefe de la Unidad de Asuntos Internos entre los años 2012 y 2015), aseguró que no le constaba. “Otra cosa es que haya leído informaciones, y en esa denuncia que les adjunté el otro día apareciese B.D.S. Claro que B.D.S aparece en las agendas de Villarejo. Aparecen referencias tan claras como que cobra 1,5 además del sueldo y que está tan contento. Eso es de 2013. O sea, indica que hay una relación directa entre ese señor con el señor Villarejo”.
La mayoría de los interrogatorios se centraron en los audios del comisario José Manuel Villarejo, que supuestamente logró grabar cientos de horas de conversaciones con personajes de la vida política, financiera y social de este país. Todo ese material sobre cientos, quizá miles de ciudadanos, fue manejado, supuestamente, de forma ilícita por el Ministerio del Interior en tiempos de Jorge Fernández Díaz, ministro con Mariano Rajoy. Martín-Blas negó haber estado en la preparación de la Operación Kitchen con el comisario Villarejo ni que la cúpula lo apartara en un momento dado. “De la Operación Kitchen no he sabido nunca nada. Además, si analiza –y me parece que ustedes están personados en esa causa– detenidamente la documentación, verá que no hay ninguna documentación que me relacione, ni ninguna manifestación. Solamente hay una manifestación del señor Villarejo que dice que le daba dinero en el restaurante de mi suegro. El restaurante estaba cerrado y mi suegro fallecido. El señor Villarejo se las inventa sobre la marcha. Tampoco sabía dónde estaba el restaurante cuando le preguntaron en la declaración, para que quede más claro”.
Fue entonces cuando los comisionados le preguntaron si le parecía legal investigar a determinadas personas concretas buceando en sus bases de datos policiales y también en sus cuentas corrientes de “manera prospectiva”. Martín-Blas aseguró: “Para sus cuentas corrientes se necesita autorización judicial. Otra cosa es que la Policía pueda iniciar una investigación, la que considere oportuna, siempre dentro del límite de la ley. Cuando necesita medidas de investigación que afectan a la intimidad necesita autorización judicial. Eso, por un lado. Por otro lado, cuando la Policía inicia una investigación lo normal, el procedimiento habitual, es que declare esa investigación en una base de datos que se llama GATI. El objetivo de esa base de datos es que si yo inicio una investigación y la declaro y usted dentro de un mes inicia esa misma investigación, aunque sea por otra causa, esa investigación la mantengo yo, no pasa a usted, y los datos que usted tenga me los tiene que dar a mí. Ese es un procedimiento operativo dentro de la Policía, y ese es el procedimiento habitual”. Sin embargo, acto seguido, el comisario reconoció que un policía podría, por su cuenta, buscar, informar y acceder a los datos policiales de personas concretas. “Sí que puedo. Si hay alguna razón, alguna sospecha, si hay indicios de un delito, claro que puedo iniciar una investigación y puedo hacer mis gestiones. Siempre, les vuelvo a repetir, en el límite de la ley, que es lo que afecta a la intimidad personal y para lo que se necesita autorización judicial”, respondió. “Creo que está bastante claro”, apostilló.
Además, contestó que “a mí no me han preguntado” cuando le preguntaron si es habitual, según su experiencia, que un secretario de Estado pregunte sobre los antecedentes policiales y penales de diputados y diputadas de otros partidos políticos rivales que no están en ese momento en el Gobierno. La Operación Cataluña es el nombre de un plan policial encubierto, presuntamente impulsado por el Gobierno de Rajoy, cuyo objetivo fue frenar el proceso independentista catalán. La operación consistió en la investigación y recopilación de información sobre políticos independentistas catalanes sin autorización judicial. Presuntamente, incluyó la creación o el uso de pruebas falsas, manipulación de datos, informes irregulares, agentes secretos, filtraciones a la prensa y el uso de amenazas para obtener información confidencial.
La operación supuestamente comenzó tras la manifestación independentista catalana de 2012. Los jefes de la Policía Nacional iniciaron una operación extrajudicial que se mantuvo en secreto incluso dentro del cuerpo. La operación consistió en investigar y recopilar información de políticos partidarios de la independencia de Cataluña sin autorización judicial. Para ello, se utilizaron presuntamente dos métodos: una unidad especial y secreta del Cuerpo Nacional de Policía, dependiente del Ministerio del Interior (España), y también a través de la Embajada de España en Andorra, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. El 6 de julio de 2016, el excomisario del Cuerpo Nacional de Policía, José Manuel Villarejo, reveló ante el tribunal que colaboró para frenar el movimiento independentista. Villarejo admitió que él se encargaba de “investigar delitos”.