La segunda decisión en apenas dos semanas del pleno del Tribunal Constitucional sobre recursos de amparo de ex altos dirigentes del PSOE de Andalucía condenados por el caso ERE ha comenzado a desmontar definitivamente la macrocausa que tanto la Audiencia de Sevilla en primer lugar como el Tribunal Supremo confirmó después al condenar a una quincena de ex dirigente socialistas andaluces, entre ellos varios ex consejeros autonómicos y los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Al mismo tiempo, la dirección del PSOE andaluz ha decidido llevar a los tribunales conductas delictivas a todos aquellos dirigentes del Partido Popular que aún mantienen sus acusaciones contra el PSOE por esta macrocausa. Los socialistas consideran que las críticas de dirigentes del PP al PSOE por el caso ERE sobrepasan la crítica política y ven en ellas actitudes delictivas.
El Pleno del TC se ha reunido este martes para estudiar el recurso de amparo de Miguel Ángel Serrano, ex director de la agencia Idea, entidad pública dedicada a abonar las ayudas de los ERE a empresas en crisis. El Constitucional ha decidido estimar parcialmente el recurso de amparo de Serrano, condenado a seis años y medio de prisión y 17 de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación en concurso media con un delito de malversación, pena que actualmente cumple en un centro penitenciario.
El TC declara que se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal y su presunción de inocencia. Las sentencias condenatorias consideraron que Serrano Aguilar firmó, en su calidad de director general de la Institución de Fomento de Andalucía (IFA) / Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea), convenios particulares con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social para el pago de ayudas sociolaborales y empresas en crisis con cargo a los fondos de la partida presupuestaria 440 del programa 3.1 L de las respectivas leyes de Presupuestos.
La sentencia, de la que ha sido ponente la Vicepresidenta Inmaculada Montalbán Huertas, como también en el caso de la ex ministra socialista Magdalena Álvarez, explica que los órganos judiciales han realizado una interpretación y aplicación imprevisible del delito de prevaricación, prohibida por el derecho a la legalidad penal garantizado en el art. 25.1 CE. El artículo 404 del Código Penal tipifica como delito que las autoridades o funcionarios públicos, a sabiendas de su injusticia, dicten resoluciones arbitrarias en un asunto administrativo. Según el Tribunal, aunque las firmas de convenios particulares puedan ser consideradas resoluciones recaídas en asunto administrativo, no puede apreciarse que incurran en arbitrariedad porque estaban amparadas en las leyes de Presupuestos de Andalucía 2002-2009.
La Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo declararon que fue el Parlamento de Andalucía el que, a iniciativa del Gobierno de dicha Comunidad Autónoma, aprobó el nuevo sistema de presupuestación de las ayudas sociolaborales a través de las leyes de presupuestos. Por ello, en la medida en que las sentencias impugnadas atribuyen la aprobación del nuevo sistema de presupuestación a lo dispuesto en los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos, desconocen la centralidad del Parlamento de Andalucía en el entramado institucional establecido en el Estatuto de Autonomía.
Hasta 20 jueces han dictaminado prevaricación y malversación en los ERE: 700M € robados a los parados andaluces, gastos en cocaína y uso de las tarjetas de la Junta en prostíbulos
— Elías Bendodo (@eliasbendodo) July 1, 2024
Nadie lo ha negado porque es verdad y, ahora, Sánchez maniobra en el TC para anular las sentencias pic.twitter.com/PoEeKpS7f0
Según la sentencia aprobada por el Pleno del TC, los órganos judiciales no pueden interferir en las relaciones institucionales entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo so pena de infringir el principio de separación de poderes. “No puede considerarse acorde con las pautas interpretativas generalmente aceptadas entender que una actuación amparada en las leyes de presupuestos, concretamente en el programa 3.1 L, es ilegal cuando esa actuación se lleva a cabo de acuerdo con lo que las memorias de las leyes de presupuestos establecen al respecto.
El recurrente, por el cargo que ostentaba, venía obligado a conocer los programas establecidos en las leyes de presupuestos referentes al organismo en el que ejercía un puesto directivo y no puede ser condenado por actuar conforme a lo que expresamente se disponía en las memorias que determinaban los objetivos del programa, cómo había de ejecutarse y quién debía hacerlo”, señala la decisión del TC.
Estas mismas razones llevan al Constitucional a apreciar que la condena del recurrente por el delito de malversación es contraria al derecho a la legalidad penal (artículo 25.1 CE). La sentencia estima que “nadie puede prever razonablemente que vaya a ser condenado por delito de malversación, esto es, por la disposición ilícita de caudales o efectos públicos, por realizar conductas que tienen cobertura en una norma con rango de ley que regula específicamente el supuesto de hecho al que ese individuo se enfrenta en su calidad de autoridad o funcionario público, pues tal ley, en tanto no sea declarada inconstitucional, ha de considerarse válida”.
Los socialistas consideran que las críticas de dirigentes del PP al PSOE por el caso ERE sobrepasan la crítica política y ven actitudes delictivas
Por ello, considera que es una interpretación imprevisible la condena por este delito cuando se refiere a hechos que estaban amparados en lo dispuesto en el programa 3.1 L incorporado a las distintas leyes de presupuestos.
En relación con aquellas actuaciones que supongan una disposición de fondos públicos para fines distintos a los previstos en el referido programa, la sentencia concluye que las resoluciones impugnadas son lesivas del derecho a la presunción de inocencia toda vez que los órganos judiciales no han argumentado suficientemente que fueran cometidos por el recurrente. La resolución judicial carece del desarrollo argumental constitucional necesario en este punto.
El resto de las quejas autónomas aducidas por el demandante han sido desestimadas. Por todo ello, el Pleno del Tribunal acuerda la nulidad de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 19 de noviembre de 2019 y la de la Sala Penal del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2022.
La sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla y César Tolosa Tribiño y de la magistrada Concepción Espejel Jorquera. Por su parte, la magistrada María Luisa Segoviano Astaburuaga ha anunciado voto particular concurrente.