Su defensa insiste en que Cerdán ha renunciado a todos sus cargos públicos y ha mostrado disposición plena a colaborar, lo que hace innecesario prolongar una medida cautelar que consideran excesiva y contraria a los principios de proporcionalidad.
La batalla jurídica en torno al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha dado un nuevo paso este miércoles tras la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Su defensa reclama su “puesta en libertad inmediata” argumentando que su mantenimiento en prisión preventiva supone una vulneración de derechos fundamentales como la libertad, la integridad moral, el derecho a la defensa y a no confesarse culpable.
La petición llega apenas trece días después de que el Tribunal Supremo rechazara su excarcelación y avalara la medida cautelar por entender que existía riesgo de destrucción de pruebas, manipulación de testigos y ocultación de fondos, basándose en los “indicios poderosos” que apuntan a su papel directivo en la presunta trama de cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos públicos.
Una defensa que reclama proporcionalidad y advierte del límite legal
El recurso, firmado por los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo, incide en que la medida de prisión provisional carece de fundamento en este momento procesal y recuerda que el exdirigente socialista renunció desde el primer momento a su acta de diputado, facilitando su citación en calidad de investigado y evitando cualquier intento de interferencia.
“El comportamiento de Cerdán ha sido ejemplar y cooperativo”, señala el texto, en contraste con otros imputados en el mismo procedimiento, como el exministro José Luis Ábalos o su exasesor Koldo García, que mantienen responsabilidades públicas o cargos orgánicos. Los letrados subrayan que el exsecretario se apartó voluntariamente de la primera línea política para no influir ni en la investigación ni en la vida política del país.
El recurso de amparo también advierte de que el plazo máximo legal para la prisión preventiva de seis meses se agota y que una futura resolución del Constitucional llegaría tarde si no se adopta una medida cautelar inmediata:
“En caso de que no se acuerde su puesta en libertad, cualquier eventual fallo favorable perdería eficacia, porque para entonces Cerdán ya debería estar fuera de prisión”, sostienen sus defensores.
La posición del Supremo: conversaciones y “poder de dirección”
El auto del 23 de julio que mantiene la prisión preventiva se apoya en conversaciones telefónicas y mensajes incautados en los registros relacionados con Koldo García, así como en el papel atribuido a Cerdán como figura influyente en el origen y desarrollo de la trama. La Sala considera que estas pruebas son “extraordinariamente elocuentes” y confirman la relevancia de su participación.
Sin embargo, la defensa rebate este argumento insistiendo en que las grabaciones y los mensajes no demuestran en ningún momento riesgo de fuga ni obstrucción, y que se ha producido un trato desigual en comparación con otros implicados.
La pelota está ahora en el tejado del Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse en las próximas semanas sobre una medida cautelar que podría alterar el curso de la instrucción de uno de los casos más delicados de los últimos años, con implicaciones políticas y jurídicas de primer orden.