A Feijóo, los jueces le ponen en bandeja los titulares, curiosamente siempre a las puertas de unas elecciones. Cada vez que estamos ante unos comicios (en este caso europeos) se filtra algún papelamen judicial con su correspondiente impacto de algunas décimas en los sondeos y encuestas. Es la forma de trabajar habitual del partido dirigido por el gallego. Esta vez le tocaba a la Audiencia Provincial de Madrid aportar su palada de tierra contra el Gobierno de coalición socialcomunista. La decisión del tribunal madrileño de darle la razón al juez Juan Carlos Peinado en la causa abierta tras la denuncia del colectivo Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, no es casualidad. El auto se filtraba al alba (más bien se filtró a un diario de la caverna) y a primera hora de la mañana, bien temprano, Feijóo ya tenía el titular cocinado al punto para utilizarlo como munición parlamentaria contra el Gobierno. Un trabajo fino.
En su primera intervención en el Congreso, Feijóo espetó al jefe del Ejecutivo: “La Moncloa está investigada por corrupción”, al tiempo que le exigió urnas y elecciones. La pinza judicial/mediática había funcionado una vez más. A partir de ahí, más de lo mismo, una nueva convulsa jornada de la derecha gamberra (esta vez en medio de la campaña electoral) promovida desde Génova 13: insultos, improperios, acusaciones, maniobras de crispación y desestabilización. El ruido. Lo normal. La esposa del presidente, corrupta; Sánchez, corrupto; Moncloa, corrupta hasta los mismos cimientos. Cuca y Tellado babeaban de gusto.
Ahora bien, más allá de la polvareda, ¿qué es lo que ha dicho la Audiencia de Madrid sobre el caso Begoña Gómez? Sencillamente, que se siga investigando. Es mucho o es poco, según se mire. Cierto es que Peinado va a contar a partir de ahora con el aval de sus superiores, pero sigue teniéndolo complicado para demostrar que Begoña Gómez benefició a terceros o se benefició a sí misma tras presionar a las instituciones públicas y funcionarios en la adjudicación de contratos a empresas amigas. Es decir, la clave está en verificar que hubo tráfico de influencias, un delito que no resulta fácil demostrar. Primero, el magistrado tendrá que encontrar pruebas de que existieron las presuntas presiones y hasta ahora solo tiene un par de supuestas cartas de recomendación como miles de las que se redactan cada día en las altas esferas de este país. En segundo lugar, Peinado deberá acreditar que Gómez se prevalió de una situación de superioridad suficiente como para ejercer dicha intimidación o coacción sobre los funcionarios. Y no parece que la mujer del presidente tuviera tanto poder. En todo caso, lo tendría Sánchez, pero hasta donde se sabe esta causa abierta no va contra él. ¿Que puede ser llamado a declarar más adelante en otro momento procesal? Sí, podría ser, pero si los indicios recopilados hasta la fecha contra su esposa son más bien endebles los que obran contra el jefe del Ejecutivo español ni siquiera existen. Todo humo, puro humo. Por mucho que el PP insista en la táctica, que no es otra que la creencia de que derribando a la primera dama caerá el rey, al sanchismo le queda cuerda para rato. No hay más que ver el termómetro económico, que garantiza un país tranquilo de aquí a un tiempo.
Salvo las dos supuestas cartas de recomendación de Begoña Gómez en favor de Innova Next, la empresa de Carlos Barrabés (una torpeza política, eso no lo niega nadie), todo lo demás juega en contra del juez Peinado: el informe de la Guardia Civil que exculpa a la esposa del premier; la posición de la Fiscalía, insistente en el archivo del caso; el dictamen de la Oficina de Conflicto de Intereses, también negativo; la querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias (sustentada en noticias de prensa, algunas de ellas falsas, tal como han reconocido los propios letrados de esta siniestra organización); y algunas incompresibles anomalías que se han ido desprendiendo de este sumario, como la decisión de investigar a la afectada sin llamarla antes a declarar para informarla de sus derechos, algo que podría considerarse un flagrante caso de indefensión. Todo está cogido con pinzas, como suele decirse coloquialmente, y hasta los propios magistrados de la Audiencia reconocen “el contenido algo deslavazado de la denuncia”.
El primer palo para los impulsores de la querella llega cuando la Audiencia Provincial asegura que en la denuncia existe un primer bloque fáctico inverosímil o con datos erróneos; acto seguido, otro tirón de orejas, el referido al rescate de Globalia, “en el que la vinculación de la denunciada es, con los datos con los que se cuenta, una simple conjetura”, según el tribunal de apelación. Si eso no es entrar en el fondo del asunto, que baje Dios y lo vea. Por tanto, los magistrados han acotado mucho el terreno que Peinado podrá investigar en el futuro. El instructor tendrá las manos libres (estas, sí limpias) para indagar en las recomendaciones de Gómez y su polémico máster; pero el asunto del rescate de Air Europa parece más que amortizado.
En la parte del auto más peligrosa para la primera dama, los magistrados se refieren a unas supuestas ayudas a una unión temporal de empresas (UTE) en las que “sí aparecen ya datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación”. ¿A qué se está refiriendo la Audiencia Provincial? A que de la “documentación unida a la denuncia resulta que la consultoría Innova Next S.L.U., del grupo que dirige el empresario Barrabés, en agosto de 2021, obtuvo dos lotes de contratos de la empresa pública Red.es por valor de 5.800.000 euros, ganando a ofertas económicas más atractivas, y al parecer Begoña Gómez recomendó su contratación por carta”. Además, “el citado empresario, en junio de 2021, obtuvo otro lote de contratos de Red.es para su UTE, formada por Innova Next S.L.U. y la Escuela de Negocios The Valley, ganando a cuatro ofertas más económicas y lograron 4.400.000 euros de fondos europeos con la misma recomendación de Begoña Gómez”, añade la Sala. Además, el tribunal recuerda que “según se desprende de la información que se acompaña con la denuncia, Carlos Barrabés organizó el Máster de la Universidad Complutense de Transformación Social Competitiva” que dirige la mujer del presidente.
A lo que no se refiere el tribunal madrileño es a la supuesta adjudicación que también hizo el Ayuntamiento de Madrid de Martínez-Almeida a Innova Next SLU, la cual fue beneficiaria de una adjudicación pública valorada en 1.795.668,37 euros, según el diario El Plural. Corramos un tupido velo, aunque ayer mismo agentes de la UCO acudieron al Ayuntamiento de Madrid y al Consejo Superior de Deportes para solicitar documentación sobre los contratos otorgados a la empresa de Barrabés.
En cualquier caso, si verificadas las comprobaciones e investigaciones precisas, la hipótesis de que Gómez medió injustamente se diluye, “procederá acordar el archivo inmediato”, dice la Audiencia. Para los magistrados, la denuncia proporciona “indicios objetivos” que apuntan a la “intermediación en la concesión de subvenciones en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación, lo que legitima una investigación, sin que sea necesario por el momento anticipar una exacta calificación jurídica”. Para admitir esta denuncia basta “la verosimilitud, la mera posibilidad fundada, muy alejada de los indicios racionales suficientes de criminalidad que sirven para el procesamiento e incluso de los simples indicios para llamar ya a una persona a declarar como investigada”. Otra cosa es que Peinado pueda demostrar el tráfico de influencias. Él, en su fuero interno, sabe que esos folios apilados en un rincón del despacho son un marrón. Pero qué más da, él va alargando el chorizo, el culebrón judicial, mientras Feijóo explota el filón de poder colocarle a la esposa del presidente el cartel de corrupta. Y eso, en plena campaña electoral, vale su precio en oro.