El demoledor informe de la UCO sobre el caso Koldo –que ha terminado con el cese del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por el cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones ilegales de obra–, cambia todo el panorama judicial que tiene abierto el sanchismo en los tribunales.
Casos en marcha contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, David Sánchez, hermano del líder socialista, y Álvaro García-Ortiz, fiscal general del Estado, se verán contaminados, sin duda, por el inmenso asunto de corrupción que ha reventado en el seno del partido socialista. Las grabaciones de Koldo García sobre comisiones, sobornos, prostitutas y enchufismo cambian todo el escenario. Las investigaciones contra el entorno personal y familiar de Sánchez se van a ver reactivadas y al Gobierno le va a resultar difícil hablar de lawfare o guerra sucia judicial a partir de ahora. Sumarios como el de Begoña Gómez, instruido por el juez Peinado con flagrantes lagunas y disfunciones, tal como han puesto de manifiesto eminentes juristas como Martín Pallín, Pérez Royo o Joaquim Bosch, entran en una nueva dimensión. Las defensas personadas en este caso han recibido la noticia de la implicación de Santos Cerdán, mano derecha de Sánchez en Ferraz, con gran preocupación y, por qué no decirlo, con un punto de derrota. “Es como un mazazo o jarro de agua fría. Lo cambia todo”, aseguran fuentes próximas a la investigación.
Los jueces conservadores que habían emprendido la caza de brujas contra el sanchismo tienen, a partir de ahora, un argumento de peso aún mayor para seguir con sus instrucciones abiertas. “El sanchismo es un sistema corrupto, ya lo dijimos algunos cuando no nos querían escuchar”, podrán decir a partir de ahora esos magistrados que han llevado a cabo una auténtica cruzada antisocialista y antipodemita en el último año.
El caso Koldo lo contamina todo, hasta tal punto que investigaciones judiciales que habían sido frenadas por la Audiencia Provincial de Madrid, como el rescate de Air Europa, van a ser desempolvadas, sacadas del cajón y resucitadas. Si Pedro Sánchez tenía un difícil horizonte judicial, ahora que se sabe lo que se sabe sobre la trama de corrupción en el corazón del PSOE podría decirse que su situación va a ser insostenible. El presidente del Gobierno se ha propuesto aguantar lo que queda de legislatura, pero esta misión se antoja imposible. El goteo del sumario Koldo va a ser incesante, va a afectar a muchos más cargos y funcionarios del Ejecutivo de coalición, no solo a Cerdán, de modo que la trama va a crecer como una mancha de aceite.
Ningún jefe de Gobierno puede aguantar en esas condiciones, por mucho que el inquilino de Moncloa haya trazado una hoja de ruta consistente en llevar a cabo cambios en la organización interna del partido (quizá también en el Consejo de Ministros) para dar la apariencia de que el PSOE se ha regenerado. La medida se antoja a todas luces insuficiente. Un canje de caras o de cromos no solucionará el problema. Como tampoco bastará con pedir perdón. Sánchez tiene que comparecer ante el Parlamento y someterse a una cuestión de confianza. Los socios lo respaldarán si habla con transparencia y sinceridad. Ni el PNV ni Esquerra, (mucho menos Bildu) están por la labor de abrirle la puerta del poder a un partido fascista como Vox. En cuanto a Junts, cuesta trabajo creer que Puigdemont tumbe a Sánchez para colocar a Abascal en algún ministerio.
Mientras tanto, el juez Peinado avanza con el caso Begoña Gómez. Un representante legal de Telefónica ha asegurado que la mujer del presidente del Gobierno contactó en persona en 2021 con un consejero de esta compañía y luego se reunió con directivos de la misma para que financiaran el software de la cátedra que ella codirigía en la Universidad Complutense.
El juez Juan Carlos Peinado ha tomado declaración a un vicerrector y un exvicerrector de esta institución, que ya declararon en julio, y a un representante legal de Telefónica, que fue una de las empresas que financió un software para la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva, cuyo registro y puesta en marcha se investiga.
El representante legal de Telefónica explicó al magistrado que Begoña Gómez contactó en 2021 en persona con un consejero de esta empresa, Rosauro Varo, para hablar sobre la financiación del citado software, tras lo que mantuvieron una reunión a mediados de diciembre de ese año y posteriormente otra, han informado a Efe fuentes presentes en la declaración.