La política española empieza a adolecer del mismo carácter ciclotímico y dubitativo del hombre que, hoy por hoy, dirige los destinos del país entre bambalinas: Carles Puigdemont. El episodio ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados, donde PP y Junts se aliaron para derribar varias leyes emanadas del Consejo de Ministros, viene a sumarse a otros bloqueos parlamentarios ocurridos en los últimos meses. Fue una derrota sin paliativos de Pedro Sánchez a cuenta de la pinza formada por populares y puigdemontistas.
El primer descalabro socialista llegó con el proyecto de ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), un objetivo fundamental de la política sanitaria del Gobierno de coalición progresista. Esta iniciativa, impulsada tras la pandemia de covid, buscaba reforzar la coordinación en salud pública y mejorar los mecanismos de respuesta ante futuras crisis sanitarias. Sin embargo, la moción fue rechazada con 176 votos en contra, 167 a favor y 2 abstenciones. PP, Vox y Junts votaron en contra. Cada uno argumentó su oposición de manera distinta: los populares criticaron la falta de financiación y garantías de independencia del proyecto, mientras que la derecha indepe catalana lo consideró una invasión de competencias autonómicas. El argumento de Vox fue el de siempre: corroer la democracia desde dentro. Finalmente, el bloque funcionó y Sánchez constató su tremenda debilidad para continuar en el poder.
Sin duda, el rechazo a la futura Agencia Estatal de Salud Pública supone una gran derrota para Moncloa, pero sobre todo va a perjudicar gravemente a los ciudadanos de este país, que estarán más indefensos a la hora de afrontar futuras pandemias con la debida eficacia y coordinación entre administraciones. No tenía ningún sentido oponerse a ese proyecto, más allá de que nos encontramos en medio de una reaccionaria ola trumpista que llega de Estados Unidos, donde el nuevo presidente yanqui no tiene pudor a la hora de desmantelar organismos públicos clave para el sostenimiento del Estado de bienestar. Al igual que Trump está echando el cerrojo a departamentos como el de Educación (que es tanto como si se suprimiera el ministerio que regula la enseñanza pública en España) y Sanidad, las derechas españolas dan por buena la política de recortes suicidas, la última moda ultraconservadora.
La pinza de las derechas (más los ultras de Vox) no solo tumbó la Agencia de Salud, también dio luz verde a la caza del lobo ibérico, otra locura que en poco tiempo esquilmará la población de este animal indispensable para sostener el equilibrio medioambiental. Si primero fue el negacionismo anticientífico en forma de oposición a un organismo capaz de hacer frente a pandemias, en la cuestión del lobo ha pesado el negacionismo ecológico. Hace solo unos días se firmó en Valencia el acuerdo de la vergüenza entre Carlos Mazón y los ultras de Vox, una alianza que suprimirá el Pacto Verde por la conservación de la naturaleza y un mal augurio de lo que está por venir. Corren malos tiempos para todo lo que suponga inversión en sostenibilidad y en la lucha contra el cambio climático. Las derechas asumen el discurso trumpista, ese que considera a los ecologistas poco menos que el brazo armado de la izquierda woke. Sin embargo, todos los estudios científicos alertan de que la riada de Valencia del pasado 29 de octubre, una catástrofe sin precedentes, fue consecuencia del calentamiento global provocado por la mano humana. Además, advierten de que habrá más episodios meteorológicos adversos si no ponemos remedio.
Las derechas españolas se trumpizan a marchas forzadas. Ayer tiraron de negacionismo pandémico y ecológico, pero en anteriores sesiones parlamentarias practicaron el negacionismo económico sobre el reparto equitativo de la riqueza, que es tanto o más grave que los otros. PP y Junts han encontrado puntos de convergencia en temas clave, como la derogación de impuestos específicos o la presión sobre ciertas políticas del Ejecutivo. Aunque ideológicamente distantes, ambos partidos han demostrado que, en política, los intereses compartidos pueden superar las diferencias. Para el PP, esta colaboración refuerza su narrativa de oposición a Sánchez, mientras que Junts aprovecha la oportunidad para avanzar en su agenda independentista y obtener concesiones para Cataluña.
Desde el PSOE se denuncia la “hipocresía” del PP al pactar con un partido que anteriormente calificaban de "rupturista” y traidor a España. Y en eso tiene razón. Pero el reciente acuerdo entre Sánchez y Puigdemont para transferir las competencias migratorias a Cataluña (un plan con tintes xenófobos) echa por tierra el discurso de que únicamente los socialistas son capaces de enfrentarse al nuevo reaccionarismo posmoderno. Por si fuera poco, las concesiones de Moncloa al hombre de Waterloo demuestran no solo que el presidente del Gobierno está secuestrado por Junts, sino la extrema debilidad de un Gobierno que ahora centra sus esfuerzos en atar los apoyos suficientes para aprobar sus Presupuestos Generales del Estado. No parece empresa fácil para el líder socialista, y menos teniendo en cuenta que su proyecto de aumentar el gasto en defensa por encima del 2 por ciento del PIB le ha puesto en contra también a los partidos de izquierdas, entre ellos Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz que sostiene el Gobierno de coalición progresista.
Es evidente que entre Feijóo y Puigdemont empieza a haber feeling. Han hablado de colaboración, han estudiado los diferentes asuntos y han trazado estrategias comunes. Hay una alianza que no solo es puntual para determinados temas; existe eso que se llama sintonía. Esa alianza ha provocado la reacción de ERC en el Congreso de los Diputados. Así, Gabriel Rufián ha advertido a Puigdemont: “No crean que son los dueños de Cataluña, no lo son”. Lo malo es que, hoy por hoy, también se comportan como los dueños de España.