El Gobierno ha lanzado una exigencia contundente al Partido Popular (PP): romper sus acuerdos de gobierno con la ultraderecha de Vox en las cinco comunidades autónomas y los 140 municipios donde gobiernan juntos. La razón principal de esta demanda es la presión y el acoso que Vox está ejerciendo sobre el líder de la oposición en relación con el reparto de los jóvenes inmigrantes llegados a Canarias. La portavoz y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha sido clara en su mensaje: “Ha llegado el momento, tras lo sucedido en Francia este fin de semana, de que Feijóo rompa con la ultraderecha en comunidades autónomas y ayuntamientos”.
Una situación critica
La situación de los menores inmigrantes en Canarias es crítica. Estas islas, con una población de 200,000 personas, albergan actualmente a 6,000 de ellos. Sánchez busca modificar la ley de extranjería para hacer obligatorio el reparto de estos menores por todas las regiones del país. En este contexto, Alegría ha apelado a la “solidaridad, altura de miras y humanidad” de las comunidades gobernadas por el PP. “Estamos hablando de personas, de niños en una situación complicada”, ha subrayado.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recordado que, si no hay acuerdo entre las comunidades del PP, finalmente será el parlamento el que vote la proposición o proyecto de ley. Torres ha pedido al PP un pacto de Estado para dar una respuesta indiscutible, que es la de la “solidaridad obligatoria”. Comparó la situación de Canarias con la presión que experimentarían otras regiones si tuvieran que soportar una proporción similar de menores inmigrantes.
Vox: una amenaza desestabilizadora
Vox, liderado por Santiago Abascal, ha aumentado la presión sobre Feijóo, amenazando con romper los gobiernos de coalición si no se atienden sus demandas de no asumir la responsabilidad del reparto de los menores. Abascal ha sido explícito: “Se considerarán rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de Menas y, por tanto, la distribución de inseguridad por toda España”.
La respuesta del líder de la derecha, Alberto Núñez Feijóo, ha sido que las comunidades del PP seguirán cumpliendo con sus compromisos de solidaridad. Sin embargo, los conservadores no apoyan la reforma de la ley de extranjería anunciada por el Gobierno y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Este pulso entre la extrema derecha y los conservadores genera una inestabilidad política que afecta la capacidad de gobernar efectivamente y de gestionar crisis humanitarias con la debida sensibilidad y responsabilidad.
Impacto negativo en la sociedad
La presión de los ultras sobre el los populares no solo es un juego político peligroso, sino que tiene consecuencias reales y devastadoras para los menores inmigrantes. Estos niños, ya vulnerables por su condición de inmigrantes, se ven sometidos a un trato inhumano y a políticas que buscan su exclusión y marginalización. Vox ha explotado este tema para ganar apoyo entre los sectores más conservadores y xenófobos de la sociedad, sembrando división y odio.
El discurso de Vox también ha generado tensiones internas dentro del PP. Algunos líderes regionales del PP están preocupados por la desestabilización que podría causar la ruptura de los acuerdos con Vox, ya que el PP necesita los votos de Vox para aprobar sus presupuestos y otras legislaciones clave. Sin embargo, esta alianza tóxica está comprometiendo la integridad y los valores del PP, y está alienando a votantes moderados que rechazan la extrema derecha.
Consecuencias para el PP
La alianza del PP con Vox ha sido utilizada por Pedro Sánchez y el PSOE como un arma política para movilizar a la izquierda y destacar la cercanía del PP con la extrema derecha. La ruptura con Vox podría, paradójicamente, beneficiar al PP a nivel nacional al permitirle distanciarse de las políticas extremistas y atraer a votantes moderados. Sin embargo, a corto plazo, la ruptura desestabilizaría a los gobiernos autonómicos y locales donde gobiernan juntos, creando una crisis política significativa.
La situación actual plantea una encrucijada para el PP: continuar con una alianza que socava sus principios y aliena a una parte significativa de sus votantes, o romper con Vox y enfrentar las consecuencias inmediatas de esa decisión, tanto en términos de gobernabilidad como de estabilidad política.
Responsabilidad
El Gobierno ha adelantado la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para acordar el reparto de menores migrantes solos. Esta reunión, prevista inicialmente para el 18 de julio, se celebrará el 10 de julio debido a la urgencia de la situación.
El futuro de Feijóo y su capacidad para construir una alternativa sólida frente a Sánchez en las próximas elecciones generales dependerá en gran medida de cómo maneje su relación con Vox. Mantenerse firme en los compromisos de solidaridad y derechos humanos es crucial no solo para su credibilidad, sino también para el bienestar de los menores inmigrantes que buscan una vida mejor en España.
La presión sobre los jóvenes migrantes no es solo una cuestión política; es una cuestión de derechos humanos y dignidad. El PP debe tomar una postura clara y decisiva, rompiendo con la extrema derecha y demostrando que está dispuesto a poner los valores humanos y la justicia por encima de la conveniencia política. Solo así podrá recuperar la confianza de los votantes moderados y construir una base sólida para futuras victorias electorales.