La respuesta del Ejecutivo a la crisis humanitaria de los menores migrantes no acompañados en Canarias entra en una fase decisiva. Tras meses de trabajo conjunto con el Gobierno autonómico, el Ministerio de Migraciones ha confirmado que en un plazo máximo de quince días comenzarán los traslados a la península, en cumplimiento de la resolución del Tribunal Supremo que obliga a ampliar recursos. El plan prevé la creación de 1.200 plazas y un sistema de derivaciones cuidadosamente diseñadas para garantizar los derechos de los niños.
De la saturación a una respuesta estructurada
El archipiélago canario ha soportado en los últimos años una presión migratoria sin precedentes, especialmente en el caso de los menores que llegan solos buscando asilo. Ante este desafío, el Gobierno ha aprobado una partida de 40 millones de euros para financiar nuevas plazas en la península y aliviar la sobrecarga de los centros de acogida canarios.
Este esfuerzo se ha concretado en los primeros traslados ya realizados la pasada semana, con 80 menores derivados a recursos estatales en territorio peninsular. El proceso continuará de manera ordenada en los próximos días.
La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha explicado que los traslados se realizarán en grupos reducidos, de no más de 30 o 40 menores, para poder atender adecuadamente sus necesidades individuales.
“Cada menor tiene una historia, una experiencia vital distinta. Por eso no podemos derivar en masa sin antes conocer en detalle cuáles son sus circunstancias y dónde van a estar mejor atendidos”, ha subrayado.
Este enfoque, que se aplicará a través de valoraciones individualizadas realizadas por entidades especializadas, busca evitar los errores del pasado y garantizar la máxima protección.
Un trabajo coordinado y constante
El plan ha sido posible gracias a la colaboración entre el Ministerio de Migraciones, las comunidades autónomas y las entidades del tercer sector que gestionan recursos de acogida. El calendario prevé que los traslados se realicen, de manera estable, los martes y los viernes, con el compromiso de continuar incluso durante agosto para no demorar la atención.
La propia secretaria de Estado ha remarcado la importancia de que el esfuerzo no se interrumpa en verano, porque lo que está en juego son derechos básicos: techo, educación y asistencia sanitaria para unos niños que llegaron solos a nuestro país huyendo de situaciones extremas.
De la urgencia a la política pública
Hasta ahora, más de 1.200 menores solicitantes de asilo permanecían en el archipiélago en una situación de saturación que reclamaba medidas urgentes. Con la activación de estas derivaciones, el Gobierno pone en marcha una respuesta estructural que va más allá de la emergencia inmediata.
Las plazas ya concretadas en la península (750 disponibles de manera inmediata) y las que se irán habilitando en las próximas semanas permitirán descongestionar los centros canarios y ofrecer un entorno más seguro a los menores.
Lejos de la confrontación partidista, este plan representa un compromiso explícito con los derechos humanos y con la protección de los más vulnerables. El traslado a la península no es un gesto puntual: es el inicio de un modelo que combina cooperación interinstitucional y sensibilidad social, frente a un fenómeno migratorio que seguirá siendo uno de los grandes retos de la próxima década.
El Gobierno reconoce que el reto es enorme, pero insiste en que la infancia migrante no puede convertirse en moneda de cambio política. Las decisiones adoptadas ahora buscan que estos niños tengan un futuro, con acompañamiento educativo, atención sanitaria y oportunidades para rehacer su vida.
Con estos primeros traslados, el Ejecutivo marca un punto de inflexión: pasar de la gestión de la urgencia a una política pública basada en la dignidad y en la solidaridad. La llegada de estos menores, lejos de verse como un problema, debe entenderse como una oportunidad para que España demuestre que los derechos de la infancia no se negocian.