Un nuevo plan de la Xunta de Galicia pretende restringir la autonomía de los centros escolares y limitar la organización de actividades educativas. Desde diversos sectores se denuncia que la iniciativa constituye un intento de censura institucional, orientado a evitar la expresión de posiciones críticas en las aulas.
Alarma en la comunidad educativa gallega. La reciente intención de la Consellería de Educación de establecer un control estricto sobre las actividades organizadas en los centros escolares ha provocado un profundo rechazo entre distintos sectores sociales y políticos. Bajo el amparo de una supuesta "neutralidad ideológica", el Ejecutivo autonómico busca obligar a los centros a comunicar con antelación todo tipo de programación, lo que se percibe como un intento de censura preventiva.
Cristina Fernández, portavoz parlamentaria de Educación del BNG en el Parlamento Gallego, ha denunciado que esta medida es una forma encubierta de "imponer una mordaza al sistema educativo" con el único objetivo de silenciar la disidencia y el pensamiento crítico del alumnado. Según afirma, no se trata de un caso aislado, sino de una tendencia que sigue la estela marcada por Génova y que alinea a la Xunta con posturas cada vez más próximas a la extrema derecha.
El control político entra en las aulas
La diputada subraya que esta nueva ofensiva contra la autonomía pedagógica no es casual. “Sucede tras la aparición de protestas estudiantiles contra proyectos como la planta de Altri o las denuncias contra el genocidio en Palestina. El Gobierno quiere evitar que el alumnado cuestione las políticas regresivas que está aplicando en Galicia”, advierte.
Hasta el momento, las actividades escolares eran aprobadas por los Consellos Escolares de cada centro, órganos en los que participa la comunidad educativa. Ahora, el plan de la Xunta pretende vaciar de competencias estos órganos, centralizando las decisiones en la administración autonómica y, por tanto, reduciendo el margen de acción de docentes y familias.
El nuevo marco propuesto obligaría a los centros a remitir a principios de curso toda la planificación anual de actividades. Según Fernández, se trata de una maniobra para que la Consellería pueda pasar “el rodillo de la censura” sobre cualquier propuesta que considere incómoda o ideológicamente contraria al discurso oficial del Partido Popular.
Desde la oposición se considera esta iniciativa una ofensiva autoritaria que limita la función formativa integral de la enseñanza, especialmente en lo relativo a valores democráticos, pensamiento crítico y participación social. La medida ha sido calificada como una regresión sin precedentes en el sistema educativo gallego, con efectos especialmente nocivos para la calidad y la libertad en las aulas.
Fernández remarca que la educación debe ser un espacio libre, plural y con capacidad de responder a la realidad social, política y cultural de cada momento. “Sólo así podremos construir una sociedade crítica, solidaria e xusta”, sentencia.
La Xunta, sin embargo, sigue adelante con su plan, desoyendo voces contrarias que alertan de un claro retroceso democrático en el sistema educativo gallego.