El contrato de más de cinco millones de euros firmado por el Ministerio del Interior con dos empresas israelíes para adquirir munición ha detonado una grave crisis en el Gobierno de coalición. Mientras continúan los ataques sobre la Franja de Gaza y se acumulan denuncias internacionales por crímenes de guerra contra Israel, el Ejecutivo español formaliza una operación armamentística que no solo contradice su palabra dada, sino que despierta la indignación de sus socios.
Esta mañana hemos sabido que Interior ha oficializado la compra de más de 5M€ en armamento a empresas israelíes, pese a la suspensión anunciada el 21 de octubre. Exigimos la cancelación del contrato y la comparecencia del ministro de Interior. El Gobierno debe estar con Palestina. Sin matices.
— Sumar (@movimientosumar.es) 23 de abril de 2025, 10:50
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La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha exigido la inmediata cancelación del contrato y la comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska, mientras que Izquierda Unida, socio clave dentro del grupo parlamentario Sumar, plantea incluso abandonar el Gobierno si no se da marcha atrás en esta decisión. “Es una vulneración flagrante de los acuerdos”, ha declarado Díaz desde Barcelona, en una de sus intervenciones más duras desde el inicio de la legislatura.
Una “traición política” y una línea roja para IU
El líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, no ha dejado espacio para la ambigüedad: “Si el PSOE sigue por ese camino, lo único que está haciendo es abrir la mayor crisis de Gobierno de la legislatura”. Las palabras, pronunciadas desde Villalar de los Comuneros, son una advertencia directa a Pedro Sánchez y una señal inequívoca de que esta operación ha rebasado los límites de la paciencia en el ala izquierda del Ejecutivo.
Si hay responsables técnicos o políticos incapaces de cumplir los acuerdos del Consejo de Ministros, que se aparten y dejen paso a otros.
— Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) April 23, 2025
El contrato de venta de armas a Israel debe ser resuelto.@IzquierdaUnida no va a tolerar ninguna complicidad con el genocidio. pic.twitter.com/Lvzm3GNxE9
Más contundente si cabe ha sido el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, quien ha calificado la compra como “inaceptable” y ha instado a convocar una reunión urgente de la mesa de partidos de Sumar. “No descartamos ningún escenario”, ha subrayado, dejando abierta la posibilidad de que IU abandone la coalición si no se revierte la situación.
Este movimiento no solo pone en jaque la estabilidad interna del Ejecutivo, sino que deja al descubierto una fractura ética de fondo: ¿puede un Gobierno autodenominado progresista justificar la compra de armamento a un Estado acusado de crímenes de guerra?
“Un Estado genocida no puede ser nuestro proveedor”
La indignación no es solo política, sino profundamente moral. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también de IU, ha enviado una carta formal a Marlaska pidiendo la cancelación del contrato y una auditoría completa sobre todos los vínculos armamentísticos entre España e Israel. “Es absolutamente inaceptable destinar un solo euro público a un Estado genocida”, sentenció Rego, aludiendo a los informes de Naciones Unidas sobre las acciones del gobierno israelí en Gaza.
El contrato, formalizado el pasado 16 de abril y publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el Viernes Santo —festivo en todo el país—, ha levantado sospechas también por la forma y el momento en que se ha hecho público. Una maniobra que para IU demuestra la intención de ocultar una decisión que sabían impopular, y que contradice lo prometido por el propio Gobierno hace meses: que se cancelarían las relaciones comerciales militares con Israel.
El PSOE ha incluido de manera unilateral e inesperada la propuesta de aumento del presupuesto militar en el Consejo de Ministros ante nuestro previsible rechazo.
— Izquierda Unida🔻🇵🇸 (@IzquierdaUnida) April 22, 2025
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Interior se escuda en un informe legal, pero no convence
Desde el Ministerio del Interior justifican la marcha atrás en la cancelación del contrato afirmando que la Abogacía del Estado advirtió que rescindirlo podría acarrear consecuencias legales y económicas. Pero para Santiago, este argumento es “insuficiente e inmoral”: “No se trata de una cláusula contractual, se trata de principios. No podemos ser cómplices de un genocidio por miedo a pagar una multa”.
“Israel es uno de los pocos Estados creados por resolución de la ONU que incumple sistemáticamente todas las resoluciones del Consejo de Seguridad”, argumentó el portavoz, visiblemente indignado. “Ni seis millones ni seis mil millones pueden justificar convertirnos en cómplices de esta barbarie”.
A pesar del terremoto político, Yolanda Díaz ha querido mandar un mensaje de calma y ha asegurado que “la legislatura terminará” y que el Ejecutivo “goza de buena salud”. Sin embargo, las palabras de Díaz contrastan con el tono desafiante de IU, que considera estas decisiones como “unilateralismo intolerable” por parte del PSOE y una ruptura del espíritu del acuerdo de investidura.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha intentado rebajar la tensión, hablando de una “discrepancia sana”, pero el fondo de la cuestión no parece menor: la decisión de comprar armas a Israel no es una simple diferencia de criterio, sino un choque frontal entre dos formas de entender el papel de España en el mundo y sus compromisos éticos.
Un giro hacia la derecha militarista
Para Maíllo, la aprobación de esta compra, junto al reciente anuncio de Sánchez de aumentar el gasto militar en 10.500 millones de euros, confirma un giro preocupante del PSOE hacia las posiciones de la derecha europea. “Pedro Sánchez se está alineando con gobiernos que dice combatir”, declaró con dureza.
En un contexto internacional marcado por los bombardeos sobre Gaza, los ataques a civiles y la parálisis del Consejo de Seguridad de la ONU, este contrato coloca a España en una posición incómoda en el tablero geopolítico. Mientras países como Bélgica o Noruega han suspendido sus exportaciones de armas a Israel, el Ejecutivo español decide reforzar sus vínculos con empresas de ese país.
“No vamos a ser cómplices”
El mensaje final de Maíllo es claro: “Izquierda Unida no va a tolerar que ni una partida del Gobierno del que forma parte vaya a parar a los intereses de un Estado genocida”. La pelota está ahora en el tejado del PSOE, que deberá decidir si rectifica o asume las consecuencias políticas de una decisión que ha sido percibida por sus socios como una traición.
La crisis está abierta. Y lo que está en juego no es solo la unidad del Gobierno, sino la coherencia de un proyecto político que prometió anteponer los derechos humanos a los intereses comerciales o militares. Porque, como recordaba Santiago, “esto no es un problema administrativo. Es un problema político. Y muy grave”.