La Justicia española está deseando cerrar la causa por delitos fiscales contra Alberto González Amador, novio de Ayuso. El asunto es una incómoda piedra en el camino de la lideresa en su carrera por ser presidenta del Gobierno de España y en el sector ayusista/conservador de la judicatura lo saben, de ahí que ya circule una orden o consigna concreta por los pasillos de los tribunales del Supremo y de Plaza Castilla: salvando al soldado Ryan Amador, se deja expedita la senda hacia Moncloa de la baronesa del PP madrileño. Hay datos concretos que avalan esta tesis.
En anteriores ediciones de Diario16+ escribíamos: “El caso del novio de Ayuso se cerrará en marzo si la jueza no lo impide”. En esa pieza dábamos cuenta de que la Fiscalía de Madrid había pedido a la jueza Inmaculada Iglesias, responsable del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que citara a declarar cuanto antes a Alberto González Amador, ya que en marzo se cumple un año desde que se abrió el caso y el sumario podría cerrarse en falso. De forma bastante sospechosa, la investigación llevaba paralizada desde el mes de octubre sin que se tomase decisión alguna, dejándose correr los tiempos y abocando el sumario a la caducidad. Mientras tanto, el expediente judicial abierto en el Supremo contra el fiscal general del Estado, por las presuntas filtraciones de datos fiscales de González Amador, avanza a una velocidad inusitadamente veloz para los tiempos que suele manejar la Justicia española. Si unimos ambas informaciones, blanco y en botella, leche.
Pero hay más indicios de que Amador está siendo tratado con mimo y benevolencia por la Justicia de la caverna para no perjudicar la carrera política de Isabel Díaz Ayuso. Ayer mismo, nuestro compañero Ernesto Carratalá publicaba que “si no se pide una prórroga debidamente justificada de las diligencias” que afectan a la pareja de la lideresa, “la cosa puede acabar en archivo por defecto de forma”. Y añade: “Estaría bueno que después de la que se ha armado por un presunto delito que parece estar probado, como es el fraude de 350.951 euros en el impuesto de sociedades de dos ejercicios fiscales, la causa quedase archivada por defecto de forma”.
La ley de Enjuiciamiento Criminal limita el plazo de instrucción a doce meses prorrogables seis meses más por causas justificadas. “Y nadie”, según Carratalá, “duda del buen hacer de la jueza Iglesias, pero en la sala de Lo Penal de la Audiencia Provincial se han producido dilaciones en la resolución de recursos en multitud de ocasiones y eso puede acabar por repercutir en las diligencias previas contra el empresario”.
Hay runrún en la prensa progresista de este país ante un sumario por delitos fiscales que podría terminar en el cubo de la basura merced al poder de influencia que ejerce Ayuso entre los jueces de Madrid. Así, el periodista Antonio Maestre asegura “no hay nada mejor para dejar de creer en la Justicia española que seguir de manera rutinaria su actividad y leer de manera recurrente autos, resoluciones, providencias y sentencias. El auto del juez Ángel Hurtado [encargado de procesar al fiscal general del Estado por tratar de aclarar los bulos sobre el novio de Ayuso] es uno de esos textos legales que cualquiera con pensamiento crítico acabará espantado por la discrecionalidad con la que algunos magistrados usan un poder tan destructivo para la vida de los ciudadanos”.
La actuación de Hurtado en todo lo que tiene que ver con Álvaro García Ortiz, máximo responsable del Ministerio Público de este país, está siendo muy discutida. En primer lugar porque las filtraciones periodísticas de datos sumariales son prácticas habituales en nuestra democracia desde hace décadas y nunca han servido para procesar a fiscales por revelación de secretos. Es algo que ha ocurrido siempre, tanto con gobiernos del PP como del PSOE. “La novedad en lo que respecta a las filtraciones es que se investigue una, no que se produzcan. La novedad es que se dirijan las investigaciones contra el señalado por Miguel Ángel Rodríguez [asesor y hombre de confianza de Ayuso] sin que exista una sola prueba contra él”. Pero en segundo término, y más preocupante, porque el auto de Hurtado que imputa al fiscal general es un escrito sin pruebas concretas para incriminar a Ortiz, que descarta los indicios que lo exculpan (como los testimonios de dos periodistas que han declarado ante el Supremo haber tenido acceso al dosier Amador antes de que la Fiscalía informara públicamente sobre el caso para aclarar bulos) y que está lleno de elucubraciones o conjeturas no argumentadas o fundamentadas jurídicamente, un extremo sobre el que ha alertado el ministro de Interior, Grande-Marlaska, exjuez de carrera y experto en todo tipo de procesos penales. Especialmente sangrante es que Hurtado venga a decir que no cree a los periodistas que afirman haber tenido contacto con los famosos correos electrónicos con la información sensible sobre el novio de Ayuso gracias a sus propias fuentes de información que, según ellos mismos, no tienen por qué partir de la Fiscalía. La obligación de Hurtado era tener en cuenta esos testimonios, pero no lo ha hecho. Al contrario, los desacredita única y exclusivamente porque los reporteros, acogiéndose a su derecho constitucional, se acogen al secreto profesional para no revelar el origen de sus informaciones.
Otro analista que desconfía de la instrucción de Hurtado es el periodista Ignacio Escolar, quien asegura en La Sexta: “Me llama la atención que el juez haya dejado pasar delante de sus narices a un testigo que mintió, que es Miguel Ángel Rodríguez”. En efecto, MAR mantuvo en sede judicial que ningún redactor le llamó para confirmar nada sobre los famosos correos sobre los delitos fiscales del novio de Ayuso cuando uno de elDiario.es ya ha declarado ante el juez que sí lo hizo. Si MAR mintió es muy grave, ya que comparecía en calidad de testigo, lo que le obligaba a decir verdad bajo apercibimiento de que puede cometer un delito de falso testimonio. “Que esto sea impune, que no haya ninguna consecuencia y que todo esto que ocurre por parte del asesor de Ayuso, lo consideremos lo más normal, no deja de sorprenderme”, se quejó Escolar.
Por su parte, el catedrático constitucionalista Javier Pérez Royo asegura: “El auto es un disparate”, afirma. “Porque realmente lo que está haciéndose de ese auto es descalificar lo que declararon dos de los testigos (los periodistas Miguel Ángel Campos, de la Cadena Ser, y José Precedo, de elDiario.es) que dijeron que ellos habían tenido acceso al correo investigado seis horas antes que el fiscal; y en consecuencia el origen de la filtración no puede ser el fiscal. Sin embargo, en el auto se expone que esas declaraciones no cuentan prácticamente para nada, sin dar, al respecto, ninguna argumentación”, argumenta Pérez-Royo.
Y luego están los contactos de Hurtado con el PP. “Ángel Hurtado siempre ha ido en una dirección cuando los casos tienen implicaciones políticas. Absolvió al miembro de Nuevas Generaciones que dudó de que el hijo de Pilar Manjón fuera en los trenes el 11M porque consideró que ella era una personalidad pública. Archivó la causa contra EEUU por el asesinato de José Couso. Se posicionó en contra de que Mariano Rajoy declarara como testigo en el caso de la Gürtel y en sus actuaciones no vio relación del PP con el caso de corrupción e hizo todo lo posible para librar al partido”, recuerda Maestre. “El juez Ángel Hurtado está demostrando, una vez más, que las cosas se juzgan no por su ilicitud, sino por su conveniencia”. Atando cabos, todo nos lleva a pensar que hay un plan para que se archiven los supuestos fraudes fiscales de Amador y se vaya de rositas. Son demasiadas irregularidades, demasiados malos presagios. Lo dicho, blanco y en botella, leche.