Lo que más llama la atención del auto de Ángel Luis Hurtado instructor de la causa abierta, ya formalmente, contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es que viene a señalar que todas las peticiones las toma en consideración entre otras una que ha pasado inadvertida pero que puede tener mucha repercusión política. La acusación popular del sindicato ultraderechista Manos Limpias, pide la suspensión cautelar del fiscal. Y el magistrado, que tiene fama de ser duro entre los duros, puede aceptar esta petición lo que supondría el abandono, al menos provisional, de García Ortiz de su cometido. ¿Quién lo sustituiría mientras dure este largo proceso que puede tardar en resolverse un año? La teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, por lógica, sería la que se tendría que hacer. Pero esta es una incógnita difícil de resolver en estos momentos porque una suspensión cautelar del FGE por un proceso judicial no tiene precedentes en la historia de este país.
Fuentes judiciales creen que el instructor rechazará la petición de Manos Limpias. La hipótesis que se maneja es la de que, si este asunto se pudiese resolver en un corto espacio de tiempo, la posibilidad de suspender cautelarmente a García Ortiz sería plausible. Pero los seis meses inicialmente previstos se van a prolongar mucho más. La acusación particular de Alberto González Amador pide que no sólo se investiguen los famosos correos electrónicos en los cuales el abogado de la pareja de la presidente de la CAM ofrece la posibilidad de un acuerdo de conformidad, y las contestaciones de fiscalía, sino también los mensajes personales de García Ortiz. La tramitación de esta petición supondrá la demora de una instrucción que aparentemente parecía sencilla. Habría que pedir los informes correspondientes a las operadoras, las únicas que tienen acceso a ese tipo de información. Entonces ya estaríamos hablando de una suspensión cautelar demasiado larga cuando, en realidad, a García Ortiz le queda de mandato efectivo el mismo que el gobierno que le nombró. Y nadie garantiza que se anticipen las elecciones tal y como están las cosas.
Este proceso se va a caracterizar por las actuaciones sin precedentes del juez. En el auto no se pronuncia sobre las peticiones de González Amador, pero lo primero que ha hecho es ordenar a la Guardia Civil el registro de los despachos del fiscal general del Estado y de la fiscala superior de Madrid. El instructor precisa a la UCO que incaute “el teléfono o teléfonos móviles” de los investigados, así “como otros dispositivos informáticos o telemáticos que pudieran tener” y les pide que hagan una copia, “protegida por huella digital u otro procedimiento que impida la ulterior modificación del contenido, la cual quedará custodiada bajo la fe pública del Letrado de la Administración de Justicia”. El juez también autoriza, en el caso de que sea necesario para extraer la mayor información posible, el “rooteo” de los dispositivos móviles, un procedimiento que consiste en realizar una serie de actuaciones técnicas sobre el aparato que permiten obtener privilegios de administrador sobre él y de esta manera poder realizar una imagen forense. Además, pide recabar todos los correos electrónicos enviados por García Ortiz y Rodríguez desde el 8 de marzo de 2024 hasta el día de la providencia, 30 de octubre. De ahí a pedir a las operadoras información sobre los cifrados de las conversaciones que obran en su poder hay un paso.
La primera resolución del instructor es un trámite que recoge la Lecrim para los delitos castigados con menos de nueve años de prisión y el de revelación de secretos contempla penas de uno a cuatro años. “La apertura de diligencias previas tiene como objetivo confirmar o descartar los indicios suficientes de criminalidad” y el “grado de participación” de los querellados, explica el juez en su auto, en el que también reclama a García Ortiz que nombre a un abogado y a un procurador para que se encarguen de su defensa y representación, “a fin de no generarle indefensión”, lo que supone ordenar al fiscal general para que se persone como investigado. La fiscala provincial ya ha anunciado que estará representada por la abogacía del Estado.
El auto no supone otra cosa que el inicio formal de la instrucción. Lo que ocurre es que hay abiertas algunas incógnitas que preocupan en el gobierno donde se da por hecho que, al final, esta causa se archivará. Los juristas califican la previsión de demasiado optimista sobre todo por la personalidad conservadora de los jueces de la sala de Lo Penal del Supremo, encargada de valorar los hechos denunciados, y las maniobras en la sombra que están llevando a cabo los enemigos de García Ortiz, que los tiene, muchos y muy poderosos.
La sala de Admisión del Tribunal Supremo decidió abrir este procedimiento por considerar que existen indicios de que García Ortiz pudo filtrar a varios medios de comunicación, a última hora del pasado 13 de marzo, un correo electrónico que había enviado el abogado de González Amador a la fiscalía provincial de Madrid. El letrado comunicaba que, de común acuerdo con su cliente, este asumía la comisión de dos delitos fiscales “reconociendo íntegramente los hechos” y se comprometía a pagar la cuota defraudada e intereses de demora. El TS no tiene pruebas de quién filtró este correo al que tuvieron acceso, que se sepa, 18 personas entre funcionarios y personal de la fiscalía. Pero dicen que hay evidencias de que García Ortiz y la fiscala jefa provincial lo tenían desde esa misma noche del 13 de marzo, y en eso basa el tribunal sus indicios de que ambos pudieron incurrir en un delito de revelación de secretos (artículo 417 CP), que castiga a la autoridad o funcionario público que revele secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de oficio.
El instructor puede acogerse a este indicio para decretar la suspensión cautelar de Álvaro García Ortiz y de la fiscala jefa provincial, Pilar Rodríguez. De producirse tal circunstancia se crearía un peligroso precedente en la judicatura. Las dos asociaciones conservadoras de fiscales, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, con representación en el Consejo Fiscal, han pedido la dimisión de García Ortiz quien ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que no piensa renunciar.
El asunto se va complicando mucho más de lo previsto. Mantener a un imputado de un delito al frente de una institución como es el ministerio público es ya de por sí algo anómalo sin precedentes en la historia judicial. Habrá que ver lo que el juez Hurtado decide, pero si toma partido por la suspensión cautelar será acusado de utilizar políticamente al alto tribunal. Y no anda la sala de Lo Penal del TS muy sobrada de razones después de las críticas que recibió por los fundamentos utilizados en el auto en el que rechazan la constitucionalidad de la ley de amnistía.