En un auto fechado el pasado día 12, el magistrado Juan Carlos Peinado se dirige a la Fiscalía Europea para que aclare la fecha aproximada en la que remitirá los informes que tiene pendientes en relación con la causa contra Begoña Gómez, todo ello “sin perjuicio de la investigación que por parte de dicha Fiscalía se está llevando a cabo con carácter secreto”. Y precisa, en una providencia que es recurrible, que cuando esos informes sean aportados al juzgado “se mantendrán con dicho carácter secreto”. En un tercer auto el magistrado pide a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que informe sobre la fecha estimada en que la que prevé que remitirá al juzgado “los informes pendientes de elaboración y que han sido solicitados”. Es evidente que al magistrado le han entrado las prisas, ya que el tiempo pasa y se agotan los plazos legales de instrucción.
La Fiscalía Europea está siguiendo de cerca la investigación judicial a Begoña Gómez y solicitó al instructor información sobre los dispositivos intervenidos en el marco de esta causa. Según consta en el sumario que instruye el juez Juan Carlos Peinado, la Fiscalía Europea se dirigió el pasado 4 de octubre a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para demandar la documentación de interés intervenida al empresario Juan Carlos Barrabés. El nombre de este directivo aparece en las diligencias al haber presentado en un concurso público una carta de la esposa del presidente en apoyo a su oferta, referida a una adjudicación de la sociedad pública Red.es. Esto llevó a la Fiscalía Europea a abrir una investigación para determinar si se habían malversado fondos comunitarios.
Peinado investiga si la esposa del presidente del Gobierno cometió delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación en la organización de un máster para la Universidad Complutense de Madrid. Lleva casi un año con el asunto abierto, pero aún no tiene pruebas concluyentes, todo ello mientras se agota el plazo de un año de instrucción sin que el juez haya dictado una prórroga de la investigación.
Mientras tanto, un grupo de personas está sufriendo los rigores de una causa polémica. Una de ellas es Juan José Güemes, exconsejero de Esperanza Aguirre, que empieza a tener pesadillas con el juez Peinado. El magistrado cree que el exalto cargo de Sanidad influyó decisivamente en la contratación de Begoña Gómez para la organización del famoso máster de la Universidad Complutense de Madrid y va a por él. Tanto es así que Güemes había pedido que el instructor le retirara la imputación y el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 lo ha rechazado.
De modo que Juan José Güemes, actual directivo del Instituto Empresa (IE), salpicado por la contratación de la mujer del presidente del Gobierno como directora del África Center (perteneciente al citado IE) va a seguir siendo uno de los eternos imputados del juez Peinado. Desde hace un año, un puñado de personas sufre los rigores de un caso que no concluye nunca. Políticos, funcionarios, académicos universitarios y empresarios están sometidos al kafkiano procedimiento abierto por Peinado, que en casi doce meses de instrucción no ha visto el momento de ir cerrando el asunto. Es evidente que mientras haya causa, el Gobierno sufre. Se desgasta. De ahí que al controvertido juez le interese mantener vivo el sumario todo el tiempo que sea posible.
La defensa del exconsejero madrileño Güemes (uno de los daños colaterales de la batalla judicial que el PP tiene abierta contra Begoña Gómez) pidió el sobreseimiento del expediente con el argumento de que la responsable de recursos humanos del citado instituto IE nunca dijo que a Begoña Gómez se la contratara por ser la esposa del presidente del Gobierno, tal como sostiene el juez. Y así es. Si se repasa la declaración en el juzgado, se puede constatar que Güemes jamás confesó ese trato de favor. Pero Peinado forzó la declaración, convirtiendo al testigo Güemes en imputado. Sin duda, esta polémica decisión del titular de Plaza Castilla viene a sumarse al cúmulo de irregularidades del procedimiento que tendrá que ser examinado por la Audiencia Provincial. Hasta tal punto que expertos juristas aseguran que toda la instrucción puede ser nula de pleno derecho por haberse causado un grave daño a los derechos constitucionales de los encausados.
En un auto fechado a 4 de marzo, y contra el que cabe recurso, Peinado deniega la petición y mantiene la investigación a Güemes al existir diligencias pendientes, como un requerimiento a la directora de recursos humanos del IE, Sonsoles Blanca Gil de Antuñano Fernández-Montes, informa Efe. Como resultado de ese requerimiento, argumenta el juez Peinado que “pudiera ser necesario recibir declaración nuevamente a personas que ya han prestado declaración”, incluido Güemes, por lo que no ve procedente en el actual momento procesal acordar el sobreseimiento provisional.
El juez instructor no atiende los argumentos de la defensa de Güemes, que apuntaba que “no tienen fundamento” los motivos para investigar a su representado, que fue citado en calidad de investigado cuando el juez apreció contradicciones en sus explicaciones sobre la contratación de Begoña Gómez en su declaración como testigo.
El letrado del exconsejero sostenía que, una vez comprobada la declaración literal de la responsable de recursos humanos del IE, esta “nunca dijo que a la señora Begoña Gómez se la contratara por ser la esposa del señor presidente del Gobierno”, y, sin embargo, el juez le dijo al exconsejero que sí había afirmado eso, dando a entender a Güemes que podría haber incurrido en falso testimonio.