La cruzada del juez Peinado para sentar en el banquillo de los acusados a Begoña Gómez sigue adelante y no parece que el magistrado esté pensando en levantar el pie del acelerador, al menos de momento. El siguiente movimiento que ha dado el instructor contra la esposa de Pedro Sánchez va en la línea de apretarle las tuercas a las grandes multinacionales tecnológicas para que digan si hubo apropiación indebida de un software para el famoso máster de la Universidad Complutense de Madrid organizado por la primera dama.
De esta manera, directivos de Google Spain, Indra y Telefónica tendrán que detallar ante el juez instructor por qué se prestaron a desarrollar gratis el software que les reclamaba la mujer del presidente. Peinado cree que pudo haber un trato de favor o tráfico de influencias en esta operación, algo un tanto extraño, ya que cuesta trabajo creer que el presidente de un país como España estuviese pensando en ese dichoso máster con la apretada agenda política nacional e internacional que debe atender a diario. Pero estamos ante un magistrado de imaginación algo calenturienta que primero piensa, elucubra y sospecha y después decide, cuando la praxis habitual de cualquier profesional de la judicatura es exactamente a la inversa, es decir, basarse en indicios o pruebas concretas para después dirigir la investigación hacia un objetivo determinado. Hasta donde se sabe, la Guardia Civil no ha hallado nada extraño en ese dispositivo telemático creado para la docencia universitaria. En cualquier caso, esa forma de trabajar de Peinado (disparar primero y preguntar después), es la habitual en un juez que levanta críticas y pasiones por igual entre el colectivo de juristas.
“Estaba claro que este momento debía llegar y así ha sido. El juez Juan Carlos Peinado ha decidido dar un nuevo impulso a la causa en la que investiga las actividades profesionales y académicas de Begoña Gómez y apunta ahora directamente al corazón del Ibex. El magistrado quiere escuchar a las empresas que atendieron las peticiones de la mujer del presidente del Gobierno y saber por qué elaboraron a fondo perdido una aplicación centrada en la sostenibilidad que debía destinarse a su Máster de Transformación Social Competitiva. Los representantes de tres gigantes empresariales tendrán que desfilar por su juzgado. Se trata de averiguar los motivos de esta inversión, que quedó abortada antes de llevarse a cabo”, asegura El Confidencial.
Por otra parte, el juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha abierto otra investigación para determinar si multa a los letrados que han informado sobre las declaraciones celebradas en el juzgado, como prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los letrados que revelen información “indebidamente”, para los que prevé sanciones de hasta 10.000 euros, según informa Efe.
El juez Juan Carlos Peinado ha adelantado a las partes, tras la declaración testifical llevada a cabo el pasado viernes, que abría esta pieza separada debido las declaraciones que habían efectuado a la prensa últimamente, sobre todo tras la última declaración de Begoña Gómez como investigada.
Unas horas después, las partes han tenido acceso a una providencia, fechada ese día, en la que el juez afirma que “como está siendo notorio y de dominio público, al término de las diferentes diligencias que se vienen practicando”, y en especial tras declaraciones de investigados o testigos, “por parte de diferentes letrados de algunas partes procesales, se comentan y revelan el contenido de las mismas”.
Detalla que esto se hace “en las inmediaciones” de la sede del juzgado, y que ya había advertido a los letrados de que así se infringía el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y pone de relieve que el miércoles, tras la declaración como investigada de la esposa del presidente del Gobierno, abogados de las acusaciones populares y de la defensa ofrecieron públicamente, “casi a modo de rueda de prensa”, el contenido de lo ocurrido en el juzgado.
Para el magistrado, esta actitud puede dar lugar a la imposición de la “corrección” prevista en la citada ley, que afirma que “las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley”.
“El abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente el contenido del sumario, será corregido con multa de 500 a 10.000 euros”, añade la norma. El letrado de Iustitia Europa, una de las acusaciones populares en la causa, ha anunciado tras conocer esta providencia que pedirá “amparo inmediato” al Colegio de la Abogacía de Madrid “ante este atropello del derecho fundamental recocido en el artículo 20 de la Constitución”, ya que “es el derecho a la información y libertad de expresión lo que está en juego”.