El juez Peinado ha plantado cara a la Audiencia Provincial de Madrid. El tribunal madrileño le recordó taxativamente que debía ceñir su investigación contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, al máster de la Universidad Complutense, absteniéndose de abrir más causas colaterales, ya que existe el riesgo de que su investigación acabe siendo “prospectiva”. Y el instructor le ha dicho a los magistrados del tribunal superior que ni flores, que nadie le dice a él lo que tiene que hacer.
En una reciente providencia, el polémico juez asegura que no investigar el rescate de Air Europa, por ejemplo, podría llevarlo a cometer un “delito de prevaricación” o un “delito de omisión de perseguir delitos”. Ahora bien, si lo hace, quebrantando los autos de la Audiencia, también estaría prevaricando por saltarse las órdenes del tribunal superior. La Audiencia Provincial de Madrid ya le ha dicho a Peinado, por dos veces, que no hay indicios de corrupción en el rescate de la compañía aérea. La Guardia Civil indagó en ello y no encontró nada. Tampoco la Fiscalía.
¿Hay choque o guerra abierta entre ambas jurisdicciones (juzgado de instrucción y tribunal de segunda instancia)? Es pronto para saberlo, pero resulta interesante saber qué hará la Audiencia cuando el juez Peinado empiece a indagar en el rescate de Air Europa, al que el Gobierno destinó 475 millones de euros. De alguna manera, Peinado se está rebelando contra el sistema. Se ha convertido en un juez antisistema, como los querellantes neofranquistas de Manos Limpias que le proporcionan el material necesario para derrocar el sanchismo.
Expertos en derecho consultados por Diario16+ han mostrado su sorpresa por el exceso de celo profesional que está demostrando Peinado en el caso Begoña Gómez. Cualquier juez sensato haría lo que le mandan sus superiores, pero estamos ante un magistrado kamikaze que se ha propuesto empapelar no ya a la esposa del presidente, sino al propio Pedro Sánchez. La obsesión de Peinado con este sumario llega incluso al punto de que ha advertido a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que podrían incurrir en delitos de prevaricación y en la omisión del deber de perseguir delitos si no analizan lo que él les dice. Este aviso se interpreta en fuentes judiciales como un intento de presionar o amedrentar a esta unidad de élite de la Benemérita, una de las más efectivas de Europa.
“Impedir que se comprueben [los datos que el magistrado aporta] podría ser constitutivo incluso de infracción penal por parte de este proveyente, bien de un delito de prevaricación, o del delito de omisión de perseguir delitos, o de inducir a los agentes de la UCO de la Guardia Civil, a que cometan dicho delito de omisión de perseguir delitos”, escribe Peinado en su providencia.
Estamos viviendo hechos insólitos en la historia judicial de este país. Nunca antes se había visto a un profesional de la judicatura tan empeñado en un caso, hasta el punto de llevarlo al terreno personal, de modo que puede terminar siendo expedientado por ignorar los autos de la Audiencia Provincial de Madrid. Hasta la Fiscalía le ha advertido que se está saltando un semáforo en rojo. “A fin de dar cumplimiento a lo acordado por la Audiencia Provincial, y de evitar indagaciones que se extralimiten claramente del objeto definido en esta causa, y permitir, por otro lado, una mejor optimización de los recursos públicos y medios personales de las unidades policiales afectadas, se interesa que se dicte resolución judicial ordenando el cese de la citada indagación y dejando sin efecto la solicitud de informe a la UCO respecto a Globalia en este procedimiento, comunicándolo a la mayor brevedad a la unidad policial actuante”. Peinado está jugando con fuego, pero no parece importarle. Habrá que ver qué pasa en las próximas semanas, cuando el magistrado se meta en terreno de arenas movedizas.