Curiosa contradicción. La sala de Lo Penal del Tribunal Supremo ha llamado la atención al seudosindicato ultraderechista Manos Limpias por presentar una denuncia contra el presidente, Pedro Sánchez, su esposa y parte del gobierno basada en recortes de prensa sobre la causa contra Begoña Gómez, contra el fiscal general del Estado o el caso Koldo. Los jueces inadmiten la querella al entender que incurre en “manifiesto fraude de ley” y explican que la Sala de Lo Penal no abre investigaciones en base a recortes de periódicos: “tampoco nos incumbe bucear dentro de la noticia para averiguar qué apartado o qué conducta concreta resulta reprochable a la concreta sensibilidad del querellante”. Mientras tanto, unos kilómetros más allá de la plaza de la Villa de París, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, mantiene una instrucción judicial basada en recortes de periódicos y encima con el aval de sus superiores de la Audiencia de Madrid. Y todo ello lleva a pensar que, si el sumario de Peinado sigue adelante, cuando lleguen los correspondientes recursos a la corte suprema se acabará la historia. Eso sí. El tiempo que tarde en resolverse definitivamente este tema dará pie a que la extrema derecha cometa desatinos como éste en el que han tenido que entrar los magistrados.
Los jueces de la sala de Lo Penal del TS no ocultan su malestar y se pronuncian de forma contundente: “la mera remisión de recortes o enlaces de prensa, ni integran denuncia, ni con el carácter general que se aportan constituyen indicios cualificados suficientes para aperturar diligencias”. Tampoco incumbe a los jueces, “bucear dentro de la noticia para averiguar que apartado o qué conducta concreta resulta reprochable a la concreta sensibilidad del querellante, más allá de las legítimas discrepancias que mantenga”. Eso mismo se lo tenían que haber dicho al juez Peinado que admitió a trámite la denuncia de Manos Limpias y Hazte Oír contra Begoña Gómez basándose en recortes de periódicos y enlaces de digitales, sobre todo de informaciones del digital conservador El Confidencial.
Juan Carlos Peinado abrió las diligencias de investigación tras recibir la querella de Manos Limpias en la que el seudosindicato vinculado a la ultraderecha expone que Begoña Gómez, "prevaliéndose" de su matrimonio con Pedro Sánchez, habría avalado con "cartas de recomendación" a empresas que se presentan a licitaciones públicas y quesus esfuerzos "dispararon las adjudicaciones a empresarios con los que le unía una relación de amistad". Se refiere a un total de ocho informaciones de medios según las cuales Begoña Gómez firmó cartas de recomendación para una UTE de la que era accionista el empresario Carlos Barrabés, quien organizó el máster que dirigía la esposa del presidente. Esta empresa resultó adjudicataria de licitaciones por valor de más de 11 millones de euros, según El Confidencial.
Previamente, este medio había publicado varias noticias que relacionaban a Begoña Gómez con el empresario Víctor de Aldama, uno de los principales investigados en el denominado caso Koldo, a quien sitúa como el "contacto" de Gómez con la empresa Globalia, propietaria de Air Europa, que fue objeto de un rescate por parte del Gobierno de Sánchez por valor de 615 millones de euros. Las informaciones también señalan que la compañía aérea pactó pagar 40.000 euros al centro de estudios que dirigía la mujer del presidente antes del rescate, cantidad que incluía la entrega de 15.000 euros en vuelos de primera clase para Begoña Gómez y su equipo.
El juez llamó a declarar al director del digital y a los autores de las informaciones. No se sabe si se ratificaron, pero seguramente se negaron a revelar sus fuentes tal y como ha sucedido en otras causas. A diferencia del tratamiento de los testimonios periodísticos por parte del juez Ángel Hurtado en el Supremo sobre la revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado, Juan Carlos Peinado ha debido de tomar en consideración lo que le dijeron los periodistas de El Confidencial puesto que ha seguido sus indagaciones. Incluso ha ido mas lejos y ha abierto una pieza separada por la presunta “apropiación indebida” del software para empresas utilizado por Gómez en su cátedra de la Universidad Complutense como consecuencia de la querella presentada por la organización ultraderechista Hazte Oír.
Los magistrados del Supremo se están quejando del abuso que las organizaciones de extrema derecha están haciendo de la justicia. El presidente de la sala de Lo Penal en funciones, Andrés Martínez Arrieta, ha encargado un análisis de la cantidad de denuncias y querellas que pasan por manos de los jueces antes de ser inadmitidas en la mayoría de los casos. Vox, Hazte Oír y Manos Limpias son las organizaciones que acaparan la casi totalidad de estas demandas. El grupo parlamentario de extrema derecha utiliza este sistema desde que perdió la posibilidad de presentar recursos de inconstitucionalidad al no tener la mayoría suficiente de diputados que se requiere legalmente. Hace ya un tiempo que Hazte Oír y Manos Limpias utilizan el recurso judicial para intentar desgastar a la izquierda. La organización que lidera Miguel Bernard paralizó su actuación durante el tiempo en que su dirigente estuvo imputado en el caso Ausbanc acusado de extorsionar a bancos y empresas, delitos por los que fue absuelto por el mismo tribunal que ahora le reprocha el abuso de las querellas y denuncias en su ofensiva contra el gobierno y la izquierda.
Bernard y sus socios de litigios, Hazte Oír, están al borde de ser acusados formalmente por los jueces del Supremo por fraude de ley. El hecho de que hayan encontrado algunos jueces que les están haciendo el juego no supone que todos los miembros de la judicatura vayan a secundar esas actuaciones que, a veces, están al límite de la prevaricación. Y los miembros de la sala de Lo Penal del TS, a pesar de su conservadurismo, conocen a la perfección las líneas rojas que no debe traspasar ningún ciudadano. No se debe utilizar a los tribunales para dirimir las discrepancias políticas. Y eso es lo que están haciendo estas organizaciones ultraderechistas que pueden acabar pasando de acusadores a acusados.