Los audios de Leire Díez y Pérez Dolset están revelando nuevos datos sobre las cloacas del Estado. En las últimas horas, periódicos de la caverna están publicando que en los planes de los fontaneros del PSOE figuraba desacreditar al juez Peinado, el controvertido magistrado instructor que investiga a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, por la organización de un máster para la Universidad Complutense de Madrid.
Según Libertad Digital, “la cloaca quería tumbar al juez Juan Carlos Peinado, uno de los jueces por los que más inquina ha mostrado todo el Gobierno de Pedro Sánchez hasta el punto de presentarle el presidente una querella (desestimada por unanimidad por el TSJ de Madrid)”. Peinado es el responsable de la instrucción del caso Begoña Gómez, que investiga a la mujer del presidente por cuatro delitos. “La cloaca se puso manos a la obra el 25 de abril de 2024 en la función de acoso y derribo a todos los que osaran investigar los casos de corrupción que rodean al Gobierno y familia de Pedro Sánchez”, añade el citado medio.
Libertad Digital publica el guion de la cloaca para acabar profesionalmente con Peinado. Este medio asegura que el plan no era pasajero y contaba con elaboración detallada: se basaba en usar uno de los antiguos casos abordados por el juez Peinado –el de la petrolera venezolana PDVSA– desde su Juzgado 41 de Plaza de Castilla. El asunto con el que los supuestos fontaneros de Ferraz querían tumbar a Peinado no es nuevo y ya fue publicado por Diario16+ en septiembre del pasado año. En noviembre del año 2019, el juez Peinado saltó a las primeras páginas de los periódicos por la investigación del macrocaso relacionado con PDVSA, investigada por el vaciamiento y lavado de fondos de la empresa. “Caso PDVSA, paralizado: el juez esconde la investigación que hace temblar a Maduro”, publicaba El Confidencial. Según el citado digital, la Audiencia Nacional se había declarado competente de la causa en el mes de junio, pero cinco meses después el instructor del Juzgado 41 no la había remitido al tribunal superior.
La prensa madrileña siguió muy de cerca las decisiones de Peinado sobre el régimen chavista de Maduro, tal es así que el propio Confidencial publicaba en enero de 2020 que la Audiencia Provincial de Madrid había dado un tirón de orejas al magistrado por la venta de tres coches de lujo relacionados con el caso de la petrolera venezolana. Según el diario, “el magistrado trató de liquidar tres vehículos de alta gama del venezolano R.R.B., investigado en la causa, sin ni siquiera informar de ello al afectado”. La información se completaba de la siguiente manera: “La Audiencia Provincial de Madrid ha dado un varapalo al titular del Juzgado 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, instructor durante meses del polémico caso PDVSA, por intentar vender de forma irregular tres vehículos de alta gama de uno de los imputados en el procedimiento, el empresario venezolano R.R.B, que está acusado de blanquear en España, mediante la compra de propiedades y artículos de lujo, una auténtica fortuna que procedería de operaciones de corrupción en la que habrían participado altos cargos del chavismo”.
Los vehículos que Peinado puso en venta eran un Ferrari blanco, un BMW i8 y un Mercedes AMG que estarían valorados en más de un millón de euros. En ese momento, Peinado ya se había desprendido del sumario del caso PDVSA para cederlo a la Audiencia Nacional, pero la Audiencia Provincial de Madrid le afeó la forma en que se estaba llevando el asunto. “El juzgado infringió las normas del procedimiento, causando así una efectiva indefensión al recurrente, por lo que la resolución ha de ser efectivamente declarada nula”, resolvió la Sección Quinta de la Audiencia, que consideró que la decisión del magistrado “exige” que “sea escuchado el interesado, que en este caso es el mencionado empresario venezolano”.
No solo los tres vehículos de alta gama fueron objeto de investigación, también una exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y una extensa finca en pleno Parque Natural del Alto Tajo valorada en 22 millones de euros. Esta última, un inmueble de 2.000 metros cuadrados con helipuerto, cuadras, tentadero, piscina, pista de tenis y un sinfín de equipamientos de lujo sobre un terreno de 400 hectáreas de bosque, fue comprada por R.R.B. al empresario Joao Espirito Santo, que dirigió el mayor holding financiero de Portugal con el Banco Espirito Santo al frente. Según El Confidencial, en esa finca se organizaban “cacerías a las que invitaba a altos directivos de empresas del Ibex 35 e incluso a miembros de las casas reales europeas”.
En concreto, el plan pasaba por intentar favorecer su recusación por haber llevado una causa que podía conectar de alguna manera –PDVSA aparece en la trama de Víctor de Aldama– argumentando que tenía una idea preconcebida. Es más, pretendían desacreditarlo por una detención que fue amparada por el Tribunal Constitucional en su momento, la de un exministro del dictador Hugo Chávez. Y alude personalmente a la figura de Nervis Villalobos. El Tribunal Constitucional revisó en amparo su situación de prisión provisional dictada en aquel momento por el Juzgado de Madrid que ya dirigía Peinado. Nervis Villalobos Cárdenas había sido viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela entre 2001 y 2006. Y fue detenido en el marco de la investigación abierta contra este ex alto cargo chavista por un presunto delito de blanqueo de capitales.
El TC admitió a trámite el recurso de amparo presentado en octubre de 2018 por este ex alto cargo del Gobierno dictatorial de Hugo Chávez y posteriormente aceptó su reclamación. El ex viceministro chavista fue detenido en Madrid el 28 de octubre de 2017 como consecuencia de una orden internacional de detención emitida por Estados Unidos por su presunta implicación en la trama de corrupción vinculada al cobro de sobornos en el marco de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El Juzgado de Instrucción 41 de Madrid le mantuvo en prisión hasta el 14 de septiembre de 2018, fecha en la que fue puesto en libertad condicional con medidas cautelares –prohibido salir de España y comparecencia periódicas en un juzgado–. Villalobos volvió a ser detenido el 18 de octubre de ese año y enviado de nuevo a prisión. Quedó en libertad condicional el 21 de diciembre de ese mismo año.
El Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo aceptando una vulneración de derechos de Nervis Villalobos. “El procedimiento seguido para acordar la prisión provisional de Villalobos no ha respetado las garantías legales de información y acceso a los elementos esenciales de las actuaciones”, afirmó el TC.
Y esa era la clave, asegurar que había una idea preconcebida de todo lo que rodeaba o se relacionaba con PDVSA y que era un juez que vulneraba derechos en sus diligencias. Justo el mensaje que no han dejado de repetir desde el Gobierno para reclamar el cierre del caso contra la mujer del presidente. Y justo el mensaje que la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no han dejado de rechazar.