La Audiencia Provincial de Madrid le ha dicho al juez Peinado, en sucesivas ocasiones, que aparque el asunto del rescate de Air Europa y ciña su investigación al máster universitario de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, cada vez que recibe el toque de atención (el tribunal madrileño le advierte de que puede estar cayendo en una investigación prospectiva), el instructor hace oídos sordos a la orden y se busca las artimañas y resquicios judiciales para darle la vuelta y salirse con la suya. El juez Peinado le está tomando el pelo a los magistrados de la Audiencia Provincial.
En una de sus últimas resoluciones, Peinado ha dejado sin efecto la solicitud de información a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sobre el rescate a Air Europa y ha archivado, en cumplimiento del auto de la Audiencia Provincial de Madrid, la causa contra el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y el directivo del Instituto de Empresa Juan José Güemes, hasta ahora imputados en la causa. Sin embargo, al mismo tiempo que parece plegarse y respetar las instrucciones del órgano jurisdiccional superior no ha dudado en volver a desafiar a la Audiencia Provincial. El magistrado saca de la investigación la información obtenida en la SEPI, es cierto, pero no la de Hacienda con respecto a Globalia, la matriz de Air Europa. Globalia es un grupo turístico español fundado por el empresario Juan José Hidalgo, y Air Europa es su división aérea. De modo que Peinado le pide a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) un informe pericial sobre esta compañía, lo que demuestra su intención de investigar esta empresa y, por tanto, el rescate de Air Europa.
Fuentes próximas a Peinado citadas por TVE señalan que el juez solo reclama a la IGAE la información que pidió sobre las empresas de Juan Carlos Barrabés, que esto no afecta a la investigación de la Fiscalía Europea y que él no quiere inmiscuirse en nada relacionado con Globalia. No es cierto. Una cosa es lo que dice y otra lo que escribe en sus resoluciones y diligencias.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid indican que esta actuación se debe a un error, pues el magistrado se remite a la petición de un informe que no es sobre Globalia, sino sobre Innova Next. En concreto, el auto señala lo siguiente: “Se mantiene la solicitud de elaboración de informe pericial por la IGAE respecto de Globalia en los términos acordados en la resolución de 20 de junio de 2024, dejándose sin efecto la solicitud de información a la SEPI”. Esa providencia a la que alude Peinado no mencionaba a Globalia, sino que pedía información a la IGAE sobre varios contratos obtenidos por Innova Next (la empresa de Juan Carlos Barrabés, investigado en la causa por la financiación del máster de Begoña Gómez), con empresas e instituciones públicas como el Consejo Superior de Deportes (CSD) o el Ayuntamiento de Madrid.
En el último auto de la Audiencia, los magistrados le decían a Peinado: “Por estar ya perfilados los hechos objeto de investigación, no podemos admitir la investigación de otros distintos, tal y como hemos mencionado al hacer referencia al Departamento África Center, y ahora en relación a Globalia y la solicitud de documentación a la Sociedad Española de Participaciones Industriales, SEPI, en relación a las ayudas otorgadas a la empresa Air Europa Holding SL”. De hecho, ese auto decía claramente que solo si llegaban nuevas pruebas podría abrir una pieza separada.
Según informa El Plural, “lo que sí que ha hecho es seguir el dictamen de la Audiencia que le obligaba a la anulación de las imputaciones de Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y del ex consejero de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes”.
“El auto emitido por la Audiencia de Madrid señalaba directamente al instructor. La resolución evidenciaba los excesos del juez Peinado al imputar al exconsejero de Esperanza Aguirre en el Gobierno autonómico y directivo del IE Business School. El motivo de su desimputación radica en una supuesta contradicción entre testificales que, en realidad, nunca se produjo. Sonsoles Gil, trabajadora del Instituto de Empresa, no declaró que a Begoña Gómez se la contratara por ser la mujer del presidente del Gobierno. En este sentido, también cuestiona su decisión de investigar al rector de la Universidad Complutense sobre si éste le otorgó una cátedra a la mujer de Sánchez por el mismo motivo. De hecho, el tribunal refleja en el escrito una ausencia de datos objetivos incriminatorios que sustenten la condición de investigado de Goyache por tráfico de influencias”, informa El Plural.