“Las muertes de la dana fueron evitables”. Así lo cree la jueza que investiga los fallecimientos de 227 personas a las que la Generalitat Valenciana, el pasado 29 de octubre, no avisó de que se iban a producir lluvias torrenciales en L’Horta Sud. Mazón tiene un problema. Según informa El Periódico, la jueza concluye que “los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí”. Además, “el nivel de alerta que se mantuvo en todo momento no conllevaba la asunción de la emergencia por la Administración Central”.
La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja sigue adelante con la investigación por las 227 víctimas mortales y las lesiones a dos personas provocadas por las barrancadas del Poyo y Pozalet-Saleta y la riada del Magro, según el citado periódico. “Una de las claves para la instructora, según se desprende de sus escritos, es por qué el mensaje a través del Es Alert [el sistema de alerta a la población] se demoró tres horas desde que el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) se convocó a las 15 horas, se constituyó a las 17 horas y se remitió el mensaje a las 20.11 horas”, añade El Periódico.
“El objeto de la investigación se ha de centrar en la palmaria ausencia de avisos a la población que no pudo tomar ninguna medida para protegerse (....) y la evitabilidad del abrumador número de fallecimientos”, añade la resolución de la jueza. “Constituye una constante en las declaraciones de los familiares y testigos la constatación del aviso notablemente tardío, el consejo de evitar desplazamientos en el SMS de alerta fue a las 20.11, y errado en su contenido, muchas de las víctimas fallecieron sin salir de la planta baja de su domicilio, al bajar al garaje, o simplemente por encontrarse en la vía pública. En definitiva, los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí”.
La jueza pide más información para saber qué fue lo que pasó aquel día trágico del 20 de octubre. “Requiérase a la Conselleria de Interior y Emergencias al objeto de que informe, de forma sucinta, si concurrió alguna otra autoridad al Cecopi previamente a la remisión del mencionado mensaje de alerta a las 20:11 horas del 29 de octubre de 2024, más allá de la relación de 29 personas y organismos, y se integró en el mismo”. Esa otra “autoridad” sería el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que no se incorporó al Cecopi hasta las 19.30 horas y al que la Generalitat no menciona en la información remitida al juzgado. Cabe recordar que el dirigente valenciano estuvo toda la tarde en una comida privada en el restaurante El Ventorro.
Mazón de momento guarda silencio y se limita a asegurar que no comenta las resoluciones judiciales. La resolución de la jueza llega días después de que el presidente del Consell valenciano protagonizara otro escándalo al sacar de contexto los audios con las conversaciones grabadas entre los técnicos de seguridad de la Administración central y la autonómica.
Por su parte, la Asociación de Víctimas de la Dana del 29 de octubre de 2024 se ha puesto en marcha con el objetivo de conseguir justicia y que se reconozcan y asuman las responsabilidades por la gestión de esa tragedia, de la que responsabilizan directamente al Gobierno valenciano y a su presidente Mazón, informa Efe. Así lo han asegurado varias representantes de la asociación durante la presentación de esta nueva entidad, que se sumará a las querellas ya presentadas ante el Juzgado número 3 de Catarroja (Valencia) para dilucidar las responsabilidades por la gestión de la dana.
Sus acciones se dirigen al presidente de la Generalitat, pero también al consejero de Educación, José Antonio Rovira, como responsable de lo ocurrido en los centros educativos, y a la vicepresidenta del Ejecutivo valenciano, Susana Camarero, titular de las políticas sociales, y por tanto, de las personas mayores y las residencias.
“La responsabilidad única –de lo ocurrido el día de la dana– es del president y de su Consell”, ha asegurado la presidenta de la asociación, Mariló Gradolí, quien no descarta pedir más adelante responsabilidades a otras administraciones “por lo que ha pasado después”. Su primera acción será concentrarse el próximo jueves ante la puerta de Les Corts Valencianes para instar a los 99 diputados y diputadas del parlamento valenciano a que voten a favor de la propuesta de Compromís que se debatirá ese día y que plantea que cada diputado diga de viva voz si Mazón debe dimitir.
“Estaremos en la puerta de Les Corts para recordar a esos diputados que tienen que levantar la mano que tengan en cuenta el dolor de toda la población que se ahogaba mientras el president Mazón estaba de comida”, aseguró Gradolí.
Desde la asociación aseguran que el desastre natural ocurrido el pasado 29 de octubre se convirtió “en una tragedia humana porque Mazón y su Gobierno fueron inoperantes e hicieron una política nefasta” y afirmaron que llegarán a todas las instituciones e instancias posibles, incluidas las europeas.