Sigue el escándalo por la nefasta gestión de la riada del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Prueba de ello son las repetidas manifestaciones multitudinarias contra la continuidad del barón popular al frente del Govern. El honorable ya no puede visitar ningún pueblo de Valencia sin ser abucheado, aunque a veces él se parapete tras grupos de fieles incondicionales que le aplauden como palmeros tratando de acallar a los valencianos que expresan su indignación.
El carrusel de mentiras de Mazón es incesante. La última el pasado jueves, cuando se descubrió que el general Francisco José Gan Pampols, encargado de la reconstrucción de Valencia por decisión de Mazón, ganará más de lo que se dijo en un primer momento desde el Govern. En concreto, 17.710 euros más, pues se había informado de que su sueldo sería de 84.000 euros cuando, según el Portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana, el vicepresidente para la Recuperación Económica percibirá 101.761, según La Sexta. “Ha habido muchos bulos”, se defiende Mazón, asegurando que él nunca ha cambiado su versión de los hechos sobre aquel fatídico día 29 de octubre. Lo cierto, es que el presidente valenciano ha contado diferentes relatos contradictorios sobre qué hacía en el restaurante El Ventorro mientras cientos de valencianos morían ahogados por la riada sin recibir la alarma por lluvias torrenciales. Mazón primero dijo que estaba con el presidente de la patronal valenciana (cosa que fue desmentida por el dirigente empresarial), luego que estuvo en una comida de trabajo, más tarde que almorzó con la periodista Maribel Vilaplana y finalmente prometió que mostraría la factura de aquella comida, cosa que hoy todavía no ha hecho.
Mientras tanto, la Justicia trata de averiguar la verdad. De entrada, la juez ha pedido información sobre quién dio la orden de activar la alerta roja. El propio Mazón ha confirmado que los servicios jurídicos de su Gobierno facilitarán al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja el nombre del cargo que ordenó enviar ese SMS por la dana durante la tarde del 29 de octubre. La jueza también ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que facilite los datos relativos al caudal del barranco del Poyo entre las 16.13 y las 18.42 horas de ese día y precise de qué forma se transmitieron, informa Europa Press.
En un auto que ha sido notificado a las partes, la magistrada también ha acordado solicitar a diferentes medios de comunicación material de vídeo sobre la crecida de esa rambla y las declaraciones y comunicaciones efectuadas por autoridades y responsables de Emergencias, tanto sobre el conocimiento del sistema Es-Alert como “sobre el nivel de alerta y la evolución de las circunstancias meteorológicas” durante esa fecha. Por último, ha acordado citar a declarar en calidad de perito a un investigador de la Universidad Politécnica de Valencia en relación a un estudio cartográfico en el que se detalla de forma minuciosa las cotas a las que llegó el agua tras el desbordamiento del barranco del Poyo en municipios de la comarca de l’Horta Sud.
Preguntado sobre este asunto, el presidente de la Generalitat ha afirmado que el Cecopi está codirigido por la Delegación del Gobierno y la Conselleria Valenciana de Emergencias y que las decisiones que se tomaron el día de la dana, el 29 de octubre, fueron de forma “conjunta” y “colegiada” entre todas las administraciones. El president ha repetido que habrá “total colaboración” con la Justicia y se ha remitido en varias ocasiones a la información que están preparando los servicios jurídicos de la Generalitat para la jueza, aunque ha señalado que el Cecopi está “codirigido por la delegada del Gobierno (Pilar Bernabé) y la conselleria de Emergencias” y que las decisiones se tomaron “con la unanimidad de todos los que formaban parte y que constituyen ese órgano de coordinación técnica”.
Por otra parte, el comité de expertos para la reconstrucción tras las inundaciones de la dana de octubre, impulsado por el Gobierno de España, se constituyó el pasado lunes en Valencia, bajo la presidencia del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con la asistencia también de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel, y el responsable en la Generalitat de la posdana, el vicepresidente Francisco José Gan Pampols.