La Justicia europea ha dado un nuevo giro en la larga saga judicial de los líderes independentistas catalanes. El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha propuesto avalar la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad a Carles Puigdemont y archivar su recurso, así como el de Clara Ponsatí y Toni Comín.
Aunque el dictamen del Abogado General no es vinculante, en la práctica los tribunales europeos suelen seguir esta línea en la mayoría de los casos, lo que convierte estas conclusiones en un aviso claro sobre la posible resolución final.
El pronunciamiento responde a los recursos interpuestos por los tres políticos contra la sentencia del Tribunal General de la UE de julio de 2023, que ya había respaldado al Parlamento Europeo. Con la expiración del mandato de Puigdemont y Ponsatí el 15 de julio de 2024, el Abogado General considera que estos ya no tienen interés procesal para mantener la revisión de su inmunidad, mientras que Comín mantiene cierta relevancia, aunque actualmente no ocupa su escaño europeo por trámites pendientes ante la Junta Electoral Central.
La decisión sobre Comín y los recursos desestimados
En sus conclusiones, el Abogado General propone desestimar todas las alegaciones presentadas por Comín en su recurso de casación. Según el informe, el Tribunal General de la UE no incurrió en error al determinar que el Parlamento Europeo actuó correctamente y no vulneró los derechos fundamentales de los diputados implicados.
Entre los puntos destacados, el dictamen subraya que las decisiones del Parlamento eran claras y que la suspensión de la inmunidad de los diputados tenía efectos en todos los Estados miembros, salvo en España, no limitándose a Bélgica o Reino Unido.
Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, indicó que se espera que el TJUE dicte su resolución final a finales de octubre, cerrando así una fase más de esta compleja disputa judicial.
Un conflicto que empezó en España y se trasladó a Europa
El origen de esta batalla judicial se remonta al 1 de octubre de 2017, cuando se celebró el referéndum de autodeterminación en Cataluña, considerado ilegal por el Estado español. Tras la querella por delitos de rebelión y malversación presentada por el fiscal general, Puigdemont, Comín y Ponsatí huyeron a Bélgica el 29 de octubre de ese mismo año, días antes de que el Tribunal Supremo emitiera las primeras órdenes de procesamiento y declarara su rebeldía.
A pesar de su situación legal, los tres participaron en las elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2019, logrando escaño. La suspensión de su inmunidad por parte del Parlamento Europeo se produjo en marzo de 2021, tras solicitud del Tribunal Supremo español, un paso que los eurodiputados recurrieron ante la justicia europea sin éxito.
La reelegida eurodiputada Comín y el fin del mandato de Puigdemont y Ponsatí en julio de 2024 marcaron un cambio decisivo en la posición del Abogado General Szpunar, que ahora avala que solo Comín pueda mantener un interés procesal, aunque igualmente su recurso también es propuesto a ser desestimado.
Este nuevo dictamen supone un paso más en la resolución de un conflicto que mezcla política y justicia, y que mantiene en vilo a los líderes independentistas mientras la decisión final del TJUE se acerca.