Carles Puigdemont ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que impugna la negativa del Tribunal Supremo a aplicarle la amnistía por malversación. El líder independentista reclama que se le suspenda cautelarmente la orden de detención que pesa sobre él en territorio español y denuncia una estrategia de “resistencia judicial” que, a su juicio, vulnera el principio de separación de poderes y el contenido mismo de la ley de amnistía.
Un recurso con dimensión política y constitucional
El recurso, de 25 páginas y firmado por su abogado, Gonzalo Boye, sostiene que la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía por malversación no solo vulnera derechos fundamentales, sino que plantea una “cuestión jurídica de relevante y general repercusión”. En concreto, Puigdemont alega que el Supremo no es el órgano competente para juzgarle, puesto que ha perdido el aforamiento tras dejar de ser eurodiputado, por lo que el caso debería haber pasado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Además, denuncia una interpretación del delito de malversación que desborda los límites establecidos en la propia ley. Según el Supremo, el uso de fondos públicos para organizar el referéndum del 1 de octubre de 2017 supuso un beneficio patrimonial, al no haber sido sufragado con fondos privados. Puigdemont rebate este argumento, afirmando que se trata de una “mutación del concepto de enriquecimiento” sin base legal ni respaldo doctrinal.
Medida urgente: levantar la orden de detención
Como medida más inmediata, Puigdemont solicita al TC la suspensión cautelarísima de la orden nacional de detención dictada por el juez Pablo Llarena. La petición, que se presenta con carácter de urgencia, se fundamenta en el perjuicio irreparable que, según el escrito, supone la orden para su derecho a la libertad, la libre circulación y, especialmente, su derecho a la participación política como parlamentario electo.
“La decisión judicial impugnada impide de hecho el acceso físico y funcional al Parlament de Cataluña, quebrando el mandato democrático conferido por el electorado”, afirma el recurso. En este sentido, Puigdemont denuncia un intento de vaciar de contenido la ley de amnistía mediante una “estrategia de resistencia judicial”, que califica de “uso sistemático y desviado de la jurisdicción”.
El escrito acusa al Supremo de invadir competencias del legislador y de ejercer una “interferencia ilegítima” en el equilibrio de poderes, en contra del principio de legalidad. Según Boye, el TC debe responder “con claridad y firmeza” para restaurar ese equilibrio y evitar un precedente que ponga en riesgo el Estado de derecho.