El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, se vuelca estos días en apoyar la lucha del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, en contra de la futura ley de amnistía que ha presentado el gobierno tras el pacto de investidura con los independentistas catalanes. Tanto es su afán centralista que ha olvidado mirar en el patio trasero de su casa, Andalucía, donde este mismo lunes ha escenificado su primera gran derrota política en cinco años como máximo mandatario de la Junta. La legalización de regadíos ilegales en Doñana era hasta ayer mismo su apuesta estrella de la mano de los ultras de Vox, con la que incluso ganó alcaldías de la comarca en las elecciones municipales del pasado 28-M. Después de la unanimidad de voces en contra incluso a nivel europeo, Moreno Bonilla pliega velas y pretende vender ahora como triunfo el pacto con el Gobierno de Pedro Sánchez para proponer alternativas para estos agricultores.
A la claudicación de su proyecto estrella de legalización de regadíos ilegales en el entorno del Parque de Doñana, ‘pulmón verde’ de Europa, Moreno Bonilla suma una larga lista de déficits de gestión que lo están poniendo en un brete pese a gobernar con la holgada mayoría absoluta que le dieron las urnas en junio de 2022. Andalucía encabeza a nivel nacional las listas de espera, tanto quirúrgicas como de cita con el especialista, donde se ha incrementado más de un 220% el número de andaluces que aguarda una intervención quirúrgica fuera del plazo legal establecido. A esto se suma el caos en la atención primaria, donde solicitar cita con el médico de cabecera se convierte en una auténtica odisea para el paciente, que puede prolongarse semanas sólo para reclamar que le renueven los medicamentos de un tratamiento para un enfermo crónico.
Moreno Bonilla acumula una larga lista de déficits de gestión que lo están poniendo en un brete pese a gobernar con una holgada mayoría desde junio de 2022
El equipo de Gobierno de Moreno Bonilla insiste en el mantra de que nunca Andalucía ha tenido un presupuesto autonómico tan elevado para la sanidad pública en más de 40 años de autonomía, aunque con la boca pequeña susurra también que buena parte de los miles de millones, 14.246 para ser exactos, que se destinarán el próximo año a la sanidad pública irán a parar a conciertos con los hospitales privados, que a la vista de los datos oficiales publicados la semana pasada, después de unos “problemas técnicos” que los han ocultado durante un año y medio a la ciudadanía andaluza, no están dando los resultados óptimos que se esperaban de estas derivaciones a la sanidad privada para aliviar tanto las listas de espera quirúrgicas como de pruebas diagnósticas y de cita con el especialista. Pese a todo, la consejera de Salud, Catalina García, asegura que esto es síntoma de que “el sistema funciona” porque hay más demanda gracias a la productividad del propio sistema.
Mientras, Moreno Bonilla dedica cada vez más tiempo de su agenda oficial a apoyar sin fisuras la estrategia de oposición que su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha iniciado en la actual legislatura, especialmente destinada a desacreditar el proyecto de ley de amnistía que tramita el Gobierno de Pedro Sánchez. Esto le está llevando a dejar en un segundo plano otras necesidades urgentes que se están evidenciando en la gestión de los asuntos autonómicos, especialmente las dedicadas a sanidad y educación, dos pilares básicos.
Sin docentes de educación especial
También la educación está viviendo estos días manifestaciones masivas en toda la comunidad andaluza, con diversos frentes contra la gestión del ejecutivo de Moreno Bonilla. Así, los profesores de educación especial, conocidos como personal Técnico de Integración Social (PTIS), han iniciado una huelga indefinida ante lo que consideran un maltrato continuo por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta, pese a que la propia Administración autonómica reconoce que las necesidades educativas especiales se han incrementado un 30% en Andalucía en los últimos cinco años desde que gobierna el PP en la comunidad. Pese a ello, decenas de colegios públicos están desarrollando el curso escolar sin la presencia de estos docentes de educación especial en las aulas. A estos se suma que los docentes que ya trabajan actualmente lo hacen con “graves problemas de contratación y precariedad, sobrecarga de trabajo e incumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad y salud”, según denuncian.