Las Naciones Unidas instan a España a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el respeto de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, particularmente en lo que concierne a la preservación de la memoria histórica. Esta solicitud surge como respuesta directa a los esfuerzos legislativos de los gobiernos bipartitos del Partido Popular (PP) y Vox en varias comunidades autónomas españolas, incluyendo Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana. Estos gobiernos proponen derogar las leyes de memoria existentes y sustituirlas con lo que han denominado leyes "de concordia".
El informe de la ONU, que lleva las firmas de expertos destacados como Fabian Salvioli, Aua Baldé y Morris Tidball-Binz, alerta sobre el riesgo significativo de que estas nuevas legislaciones infrinjan la obligación del Estado español de asegurar la preservación de la memoria histórica relacionada con las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el franquismo y la Guerra Civil. Específicamente, los expertos critican que estas propuestas legislativas promuevan la eliminación de entidades y proyectos que trabajan en la recuperación de la memoria histórica, lo que podría restringir el acceso a información crucial sobre el destino final de las víctimas y, en última instancia, contribuir a la invisibilización de tales violaciones.
La ley de Concordia propuesta en la Comunidad Valenciana es objeto de especial escrutinio en el informe. La legislación en cuestión se extiende a reconocer a víctimas de violencias políticas y sociales amplias, incluyendo a víctimas del terrorismo etarra e islámico, pese a que estas ya cuentan con protecciones bajo la ley vigente de ayuda a las víctimas del terrorismo. Esta inclusión se interpreta como una dilución del objetivo inicial de las leyes de memoria, diseñadas para centrarse en las necesidades y derechos de las víctimas no reparadas del franquismo y la Guerra Civil.
Además, la ONU expresa su preocupación por la manera en que las nuevas leyes evitan nombrar o condenar explícitamente el régimen franquista y cómo estas podrían alimentar teorías revisionistas o negacionistas sobre períodos clave de la historia española. La Organización subraya que tal enfoque no solo es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos, sino que ignora las responsabilidades adquiridas por España mediante la ratificación de tratados importantes, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
En respuesta a estas propuestas legislativas, el Gobierno español ha optado por llevar el tema ante el Tribunal Constitucional y ha solicitado el apoyo de organismos internacionales como el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, además de las propias Naciones Unidas. Esta acción refleja el compromiso del gobierno en garantizar la protección de los derechos humanos y la preservación de la memoria histórica dentro de sus fronteras.
Los relatores de la ONU enfatizan que el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la protección de los derechos humanos y la memoria histórica podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado español. Advierten sobre la importancia crítica de mantener una cultura de democracia y respeto por los derechos humanos, que no solo honre el pasado, sino que también ofrezca una base sólida para abordar los problemas contemporáneos de exclusión, discriminación, marginación y abusos de poder.