El caso Montoro ha aireado la corrupción generalizada en el corazón mismo del Ministerio de Hacienda, con el consiguiente daño reputacional para este organismo y para la marca España. Un despacho de lobistas en el corazón mismo de ese ministerio es algo muy grave que podría incluso costarle a nuestro país una sanción ejemplar de la Unión Europea.
Hasta el momento, el juez de Tarragona ha imputado a 28 personas, altos cargos y funcionarios entre ellos. Es decir, buena parte de la plantilla de aquellos años está bajo sospecha y algunos siguen en sus cargos. Es lo que ha ocurrido con Óscar del Amo al frente de la Subdirección General de Tributos Locales, fulminantemente destituido por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La titular de Hacienda ha explicado que se están analizando los datos respecto a la situación del funcionario bajo sospecha. En cuanto a Rogelio Ménéndez, director económico y financiero de Apuestas y Loterías del Estado, también ha sido despedido. Pedro Sánchez ha dado la orden de hacer limpieza y en los próximos días habrá más sorpresas.
“Estamos viendo los pormenores que lo imputan [a Del Amo] y, por supuesto, estamos en contacto con esta persona para tomar las decisiones correctas”, aseguró la vicepresidenta Montero. “La persona a la que usted hace referencia no es un alto cargo del Ministerio de Hacienda, no es un nombramiento hecho por Consejo de Ministros, sino que está ocupando el escalafón de la escala funcionaria a la que puede optar”, ha aclarado a los medios de comunicación a su llegada a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
La imagen de Hacienda ha quedado seriamente dañada, y hablamos de un ministerio que no goza precisamente de la simpatía de la ciudadanía, un amplio sector de la cual considera que en este país pagamos demasiados impuestos, según los sondeos y encuestas. El discurso ultraliberal ha terminado calando en la sociedad y el escándalo Montoro, sin duda, va a contribuir a esa pérdida de credibilidad en el sistema. Vox, con sus propuestas para el desmantelamiento del Estado de bienestar (motosierra de Milei y alergia al pago de impuestos) se frota las manos.
Pero no todo son malas noticias. Entre quienes secundaron a Montoro en sus operaciones de despachos de influencia y lobismo también hubo funcionarios honestos y honrados. El viernes se supo que el que fuera director de la Inspección de la Agencia Tributaria, Luis Jones, presentó su dimisión por sus “notables diferencias con diversos asuntos” de la cúpula de Hacienda. No estaba de acuerdo con las cosas que veía y se fue a su casa.
Jones identificaba esas diferencias en "ámbitos esenciales de decisión" de su departamento y que se han resuelto "en contra de nuestro criterio". Pone como ejemplo la sustitución del Jefe de la dependencia de Control Tributario de la Delegación de Grandes Contribuyentes.
Luis Jones afirmó posteriormente, en un comunicado difundido por la Agencia Tributaria, que su marcha se debió a “las discrepancias que en los últimos meses” ha mantenido con el director general de la Agencia Tributaria en “diversos asuntos” que “constituyen ámbitos esenciales de decisión del Departamento de Inspección”. Aunque negó que su dimisión se debiera a “ningún intento de injerencia ni de carácter político ni de ningún otro tipo en las actuaciones de inspección” o a “ningún expediente o caso concreto”, señaló que las discrepancias estaban en “buena medida relacionadas tanto con el fondo como con la forma en la que se han resuelto determinados nombramientos y ceses de funcionarios”. Hoy, con la perspectiva de los hechos, se entiende mejor aquella dimisión. En aquellos años, la Agencia Tributaria vivía momentos de auténtica convulsión interna por asuntos como la instrucción enviada por el director de la Agencia a todos los departamentos para controlar el nombramiento de los peritos en casos judiciales relacionados con expedientes de corrupción o los relativos a la Infanta Cristina. El caso Nóos sacudía el país y había movimientos a favor y en contra en el ministerio.
Por si fuera poco, la Agencia Tributaria también acusó el recurso de la cementera Cemex para evitar una multa, mientras la imagen de Hacienda quedaba dañada por la amnistía fiscal de Montoro, de la que se beneficiaron, entre otros, el tesorero del PP Luis Bárcenas. A ese respecto, Montoro subrayó que no ha habido injerencia política en la Agencia Tributaria ni por su parte ni por parte de sus predecesores en el cargo.
Jones (Orense, 1963), que perteneció a los Cuerpos Superiores de Inspectores de Hacienda del Estado y de Inspectores de Seguros del Estado, fue nombrado director de Inspección Financiera y Tributaria en enero de 2012. Previamente había trabajado en el equipo de fiscalidad internacional de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, donde estaba especializado en el control de los precios de trasferencia de las multinacionales y en la tributación de no residentes. La historia la manchan los corruptos y la dignifican los honrados.