La jueza de Catarroja tiene fama de metódica, incansable y tenaz. Nuria Ruiz se ha propuesto averiguar qué organismo tenía las competencias para decretar la alerta roja el día de la dana y a fe que va a conseguirlo. En realidad, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad valenciana, una de las más afectadas por la riada del 29 de octubre, sabe perfectamente quién es el máximo responsable de las 227 muertes: el Consell, la Generalitat, el equipo de gobierno de Carlos Mazón con él a la cabeza.
El magistrado Joaquim Bosch asegura que el competente en la materia es el consejero de Interior (en este caso sería Salomé Pradas, ya cesada como chivo expiatorio del desastre en la gestión), pero a renglón seguido recuerda que Mazón, como presidente de la Generalitat y cargo superior autonómico, puede ser copartícipe de la culpa en el caso de que se demuestre que dio determinadas instrucciones a su subordinada. Instrucciones que, en calidad de mando único, pudieron acarrear sus consecuencias negativas. Desde ese punto de vista, el careo entre Mazón y Pradas se antoja imprescindible, ya que sería la forma de averiguar qué pasó en aquellas horas dramáticas, si Mazón estuvo puntualmente informado sobre la evolución de la dana o se desentendió en una larga comida privada en el céntrico restaurante El Ventorro. En definitiva, el careo serviría para determinar si la alerta roja fundamental para salvar vidas no se dio por negligencia de Pradas o porque su jefe (más preocupado por salvar las campaña turística del puente de Todos los Santos que por la seguridad de los valencianos) le transmitió la directriz de que no lo hiciera. En ese orden de cosas, cabe hacerse una pregunta crucial: ¿está dispuesta Pradas a comerse ese marrón, como suele decirse coloquialmente?
En cualquier caso, la jueza quiere saber quién tenía la competencia, quién hizo lo que tenía que hacer y quién lo que no debía. Esa es la línea de investigación que se ha marcado la instructora. Más allá de eso, aún no puede pensar en citar a declarar a Carlos Mazón, ya que es aforado y solo el TSJ de la Comunidad Valenciana puede retirarle esa inmunidad.
Pero entretanto, la magistrada, como una hormiguita laboriosa, va acumulando datos y pruebas. Ayer mismo, solicitó a la Conselleria de Interior y Emergencias que le informe, en el plazo de tres días, si durante la reunión que se mantuvo en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el 29 de octubre de 2024 “se produjo algún receso”. Un dato clave que revelaría a qué hora llegó Mazón a la reunión en el puesto de control de Protección Civil. Cuatro meses después, aún no se sabe con certeza la cronología de hechos. La falta de transparencia del Consell resulta alarmante y el propio dirigente del PP valenciano ha ofrecido diversas versiones contradictorias: primero que llegó al Cecopi pasadas las siete de la tarde; después que a las 20.28. El espectáculo que está dando el honorable resulta bochornoso.
Hasta el momento, la magistrada ha avanzado notablemente en la investigación. Ya tiene claro que la competencia para decretar la alerta roja la tenía la Generalitat, o sea el Consell de Mazón. Y también que el no activar a tiempo la alerta telemática a los teléfonos móviles resultó letal para cientos de personas. “Los daños materiales no pudieron evitarse, las muertes sí”, ha escrito en una reciente resolución. Ahora le queda lo más difícil: que los protagonistas de aquella jornada aciaga desfilen por su juzgado. El tiempo juega a favor de Mazón, que se ha propuesto agotar la legislatura, la única manera de conservar la jugosa paga vitalicia que establece la ley. Sin embargo, con su torpe estrategia –cada minuto que pasa da una versión distinta sobre dónde estuvo aquella tarde– se está hundiendo en un barro de mentiras sin la ayuda de nadie. Mazón miente más que habla, y él solo, con su enloquecida cadena de bulos y embustes, se está condenando por negligencia antes incluso de que la jueza le envíe la citación.
En su último auto, la magistrada ha encargado a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil la elaboración de un informe que detalle la cronología de los hechos. Ese informe deberá ceñirse al análisis del desbordamiento de los ríos, barrancos y embalses en relación con los fallecimientos y lesionados registrados, según consta en el auto notificado este jueves a las partes.
La magistrada reitera en su último auto que la finalidad de sus pesquisas es averiguar qué “personas con competencias” pudieron evitar o disminuir el número de fallecidos que causó la catástrofe. Por otra parte, otro informe de la Generalitat muestra la imagen del momento de la llegada del president al Cecopi. En el vídeo, se observa a Mazón accediendo a las instalaciones a las 20.28, cuando ya se había enviado la alerta. Este informe de la Generalitat, que ha sido filtrado a Efe, no se ha mandado a la jueza que investiga la dana, entre otras cosas, porque esta no lo ha pedido.