La jueza de Catarroja está siendo letal para el Gobierno de Carlos Mazón. La magistrada había remitido una serie de requerimientos con cuestiones para que el Consell aclarara dónde estuvo cada cual en las horas trágicas en las que cientos de valencianos se ahogaban por una riada histórica. La respuesta no ha podido ser más reveladora: Mazón no había llegado al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a la hora en que se envió la alerta por la dana a la población. En efecto, el aviso se lanzó a las 20.11 del 29 de octubre, según el Gobierno regional, pero en ese justo momento, Mazón no se encontraba en el puesto de mando.
Algunos medios han interpretado esta respuesta como un intento a la desesperada del Ejecutivo valenciano por salvarle el cuello al líder. Es decir, la Generalitat, en el colmo del esperpento, había fabricado la versión de que si el jefe no estaba en su puesto no era responsable de nada, cargando la culpa sobre el Gobierno central. Sin embargo, es justo al contrario. La respuesta del Gobierno autonómico confirmando que el máximo dirigente regional estuvo desaparecido en combate viene a confirmar lo que ya se sospechaba: Mazón desertó de sus funciones aquella tarde, ya que estuvo ausente (dicen que en una comida privada con una periodista) al menos hasta pasadas las ocho de la tarde.
Esta nueva teoría (la Generalitat va cambiando de versiones a medida que Mazón se va hundiendo en el barro cada vez un poco más) deja al descubierto una mentira que hasta hoy había mantenido el gobernante valenciano. Ni siquiera llegó a las siete de la tarde por culpa del intenso tráfico en la ciudad a esa hora, tal como había jurado; llegó incluso más tarde, concretamente a las 20.11, ya con noche cerrada y cuando miles de valencianos estaban atrapados en el agua.
En la respuesta del Consell al requerimiento de la titular del juzgado número 3 de Catarroja, que instruye la causa sobre la gestión de la dana del 29 de octubre, la Generalitat indica que las únicas autoridades que accedieron al Cecopi desde las 16 horas hasta las 20.11 fueron el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, y el diputado de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos y Desarrollo Rural, Avelino Mascarell, informa Efe.
La jueza había preguntado al Consell expresamente que informara “de forma sucinta si concurrió alguna otra autoridad al Cecopi previamente a la emisión del mencionado mensaje de alerta” y “se integró en el mismo”. La Generalitat basa su respuesta en las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio, donde se celebran la reuniones del Cecopi.
En concreto, la Generalitat explica en su respuesta que “el Centro de Coordinación de Emergencias dispone, dentro de las medidas de seguridad existentes, de un sistema de video vigilancia (CCTV) con diversas cámaras fijas y móviles, tanto en el exterior como en el interior de sus dependencias”. Añade que este sistema de videovigilancia consta, asimismo, de “dos videograbadores, SAMSUNG SRD 1653D, donde se almacenan las imágenes en tiempo real, las 24 horas y 365 días” y que, si bien la “sincronización de la hora de los grabadores no es automática, sino que se realiza de forma manual por el personal técnico responsable”, esa sincronización se realizó con motivo del cambio de hora oficial en España en la madrugada del 26 al 27 de octubre de 2024.
“En el momento de la presente consulta de las imágenes grabadas se comprueba que el desfase horario entre la hora oficial sincronizada a través del servidor NTP del CCE y la hora que muestran las cámaras internas del sistema de videovigilancia del CCE es de 3 segundos”, prosigue.
En base a ello, y una vez realizado “el visionado de las imágenes tomadas por distintas cámaras del sistema de videovigilancia del CCE Generalitat, el día 29 de octubre de 2024, desde las 16.00 horas hasta las 20.11, y conforme la certificación emitida por el funcionario responsable de seguridad, se constata la entrada” de dos únicas autoridades en el edificio Cecopi, el presidente de la Diputación y el diputado de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos y Desarrollo Rural, de lo que se infiere que Mazón no habría llegado en la franja horaria por la que pregunta la jueza.
Ya no cabe ninguna duda: Mazón no estaba donde tenía que estar y su nefasta gestión costó 227 vidas humanas. El siguiente paso que previsiblemente dará la jueza, más pronto que tarde, será llamar a declarar al presidente valenciano, que tendrá que dar más de una explicación a su señoría. El líder del PP levantino se encuentra en una situación insostenible, cada vez más insostenible se podría decir, y en Génova surgen voces que reclaman su cese o su dimisión. La jueza de Catarroja, con su versión de que las competencias de Protección Civil dependen de la Generalitat Valenciana, ha detonado el PP regional y quién sabe si también el nacional.