Equipo Económico, el bufete, consultora o despacho de influencia de Cristóbal Montoro en el que presuntamente participaban otros altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda, tenía una niña de sus ojos, un cliente predilecto, el favorito de la agenda: la compañía multinacional mexicana de cementos Cemex. Según el columnista Antonio Casado, de Europa Press, el diputado socialista Pedro Saura ya advirtió en diciembre de 2013 sobre los privilegios de esta empresa en la Agencia Tributaria, y aunque sus insinuaciones no aportaron gran cosa a la causa de la transparencia, ya que el asunto se cerró en falso en el Congreso de los Diputados, “dieron mucho juego en los corrillos políticos y mediáticos”.
Saura había insinuado que Montoro estaba incurriendo en un presunto conflicto de intereses porque su antigua consultora “había mediado con Hacienda en el caso Cemex, la cementera mexicana que simuló pérdidas para pagar menos impuestos en España”. El asunto es de la máxima gravedad. De confirmarse estas denuncias, estaríamos hablando de una empresa extranjera que se beneficiaba de beneficios fiscales a cambio de las canonjías al bufete de Montoro. “Porque antes y ahora los técnicos de Hacienda ven cómo caen en saco roto las denuncias de injerencias políticas en su trabajo. Las hubo en el caso Cemex. La inspectora que lo denunció fue destituida y su jefe, que la respaldó, acabó dimitiendo (…) En contra de las indicaciones de sus jefes políticos, rechazaron el recurso de esta empresa, asesorada por la consultora de los Montoro, contra una sanción multimillonaria por fraude fiscal de mayor cuantía (simulación de pérdidas para reducir el pago de impuestos)”, asegura el columnista.
Un artículo publicado por Comisiones Obreras de Ibercaja se hacía eco ya en el año 2014 de la trama Cemex, que fue debidamente silenciada en los tribunales y en el Parlamento. “Pero entonces saltó el caso de la Agencia Tributaria. Recordamos: inspectores de Hacienda que llevaban a cabo una investigación de las cuentas en España de la cementera multinacional Cemex, con matriz en México, hicieron un dictamen sancionador por el que se condenaba a la empresa a pagar varios cientos de millones de euros que, supuestamente, habría sido paralizado por la dirección de la Agencia. El caso, aún sin resolver, llevó a que dimitiera la inspectora que realizó la investigación de Cemex y, en cadena, la de otros inspectores que fueron cesados por el director de la Agencia, Santiago Menéndez, hombre de total confianza de Montoro”. Las primeras informaciones apuntaban a una supuesta intervención de Equipo Económico, el despacho de Montoro, en favor de Cemex. “El ministro ha negado que su vieja empresa tuviera nada que ver con Cemex. También se ha negado por parte del ministerio de Hacienda que los ceses en la Agencia Tributaria (donde por cierto, según han contado a El Plural en fuentes cercanas a la propia Agencia, el ambiente es de pánico), tengan relación con la investigación de la cementera, aunque se han filtrado noticias en otro sentido, y en el Congreso ya se ha pedido una comisión de investigación”.
Pero Comisiones fue incluso más allá al airear las presuntas conexiones entre la consultora de Montoro y la FAES, el laboratorio de ideas de Aznar o “lugar de intercambio de tarjetas y conocimientos personales”, según CCOO. El sindicato puso el énfasis en los cursos de FAES, la Fundación de Estudios del PP o think tank donde se forjan los programas del partido. “Cursos en los que los líderes populares con pasado, con presente y con futuro, se encuentran con los personajes de relevancia que se mueven en el entorno del partido, y donde tantos intercambios de tarjetas y conocimientos personales se cruzan. Volveremos a ello”. Hoy mismo, Carlos Cruzado, presidente del sindicato de funcionarios de Hacienda Gestha, ha pedido acabar con las puertas giratorias y regular los cursos con los que altos cargos de Hacienda enseñan a empresas a eludir impuestos. Asegura que el caso Montoro se denunció en su momento, pero no se tomaron medidas. En la Cadena Ser, Cruzado aseguró que, en su momento, denunciaron la celebración de cursos dirigidos a asesores de inversiones internacionales y cuyo programa ha tildado de escandaloso. “Enseñaba a eludir impuestos, hablaba de los territorios más beneficiosos para invertir”, alega el funcionario.
Pero volvamos de nuevo a los salones de FAES, donde tomó parte “el tupido tejido de relaciones en los que se mueven determinados grupos de gentes que representan a un tiempo grandes intereses económicos y políticos, con quienes ocupan cargos de gran responsabilidad en la Administración del Estado”. Así, se constató la presencia coincidente en seminarios organizados por FAES en los años 2009 y 2010 del propio Montoro y de otros personajes vinculados a Equipo Económico. “Les damos un ejemplo. El 15 de marzo de 2010, en FAES se organizó un seminario denominado Gestión Tributaria. Entre los asistentes, Manuel de Vicente-Tutor, entonces y ahora secretario de Equipo Económico [ocupó cargos relevantes en la Agencia Tributaria y fue parte entre 2001 y 2004 del Comité de Dirección como director del gabinete de la dirección general]; y Santiago Menéndez Menéndez [director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria entre 2013 y 2018]”. Ambos están siendo investigados por el juez de Tarragona. Ese mismo año, FAES organizó un curso sobre Competitividad Internacional del Sistema fiscal español. Entre los asistentes repitieron algunos de los citados personajes, algunos vinculados con Cemex. Cabe recordar que “estos seminarios no son en nada semejante a los cursos de una Universidad de verano, por ejemplo. A estos seminarios no puede apuntarse para asistir quien lo desee, son enormemente cerrados y solo se acude con invitación de FAES”.
FAES tiene su sede en Madrid. Su presidente es José María Aznar. En el patronato también figuraron personalidades de la política como los exministros Ángel Acebes y Eduardo Zaplana. La investigación, que pone en el punto de mira a Montoro, llevaba siete años bajo secreto, pero ahora se ha levantado y la información ha salido a la luz. En total, hay 28 personas presuntamente involucradas en la trama, acusadas de los delitos de cohecho, prevaricación, fraude contra la administración pública, corrupción y falsedad documental.