El Partido Popular ha confirmado que sus comunidades autónomas acatarán el reparto de menores migrantes no acompañados, aunque al mismo tiempo lo califica de “arbitrario” y “discriminatorio”. Una postura que, más que responsabilidad institucional, refleja un intento de nadar y guardar la ropa en un tema tan delicado como la protección de la infancia migrante.
Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, ha intentado presentarse como defensor del Estado de derecho, asegurando que ninguna comunidad gobernada por su partido será “insumisa”. Sin embargo, sus declaraciones no ocultan el trasfondo político de su mensaje: se acepta el reparto porque no queda otra, pero se cuestiona su legitimidad en cada frase, sembrando dudas sobre una obligación legal y moral ineludible.
Tellado asegura que es “perfectamente compatible” cumplir una ley mientras se la impugna por “injusta”. Pero lo cierto es que el PP alimenta un discurso peligrosamente ambiguo, donde se prioriza el cálculo político frente a una cuestión humanitaria que afecta directamente a niños y adolescentes vulnerables. Incluso ha llegado a lanzar una pulla al Gobierno afirmando que, para no cumplir la ley, “ya tenemos al Gobierno de España”. Una afirmación que, más allá del sarcasmo, desprestigia el valor de las instituciones y degrada el debate público.
Mientras el Ejecutivo central pide corresponsabilidad para afrontar un reto que afecta a todos los territorios, el PP insiste en su relato victimista: habla de “imposición” y de “desequilibrio”, cuando lo que está en juego no es otra cosa que la protección elemental de menores sin familia ni recursos. En lugar de aportar soluciones, se refugia en la queja y el recurso judicial, tratando de blindarse ante la presión de su propio electorado y de la ultraderecha.
Esta actitud no es nueva. El PP ha convertido la migración en un campo de batalla ideológico, evitando comprometerse de forma clara con la solidaridad territorial. En lugar de liderar una respuesta serena y solidaria, prefiere seguir tensionando el discurso y difuminando su responsabilidad real en la gestión del problema.
En definitiva, el mensaje de Tellado no es una muestra de respeto institucional, sino un ejercicio de cinismo político. Se presenta como garante de la ley mientras desacredita su contenido. Se ofrece como oposición leal mientras alimenta un relato de confrontación estéril, donde los menores migrantes se convierten, una vez más, en peones de una estrategia partidista.