El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha dado un paso firme para frenar el uso abusivo de los procesos judiciales con fines políticos y mediáticos. La reciente proposición de ley registrada en el Congreso busca limitar las acciones judiciales abusivas que, en muchos casos, han servido como herramientas de acoso y difamación contra figuras públicas, activistas y artistas. Esta reforma que pretende blindar derechos fundamentales como el honor, la intimidad y la participación política.
Limitación de la acusación popular
Uno de los pilares de esta reforma es la restricción del papel de la acusación popular. El PSOE propone que su participación se limite a la fase de juicio oral y la formulación inicial de la querella, quedando la instrucción exclusivamente en manos del Ministerio Fiscal y de los perjudicados directos. Esta medida busca erradicar las filtraciones interesadas de diligencias y la solicitud de pruebas irrelevantes cuyo único objetivo es alimentar la maquinaria mediática y desgastar políticamente a determinados individuos.
Actuamos sobre cuatro de estos mecanismos de acoso que son claros y evidentes:
— patxilopez (@patxilopez) January 10, 2025
1⃣ La reforma de la acusación popular.
Queremos que la participación de la acusación popular quede circunscrita a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella.
La instrucción es… pic.twitter.com/w9b85gar9g
Además, se exigirá que quienes deseen personarse como acusación popular demuestren un vínculo concreto y relevante con el interés público del proceso penal. Esta condición, supervisada por el juez, impedirá la participación de actores sin conexión real con los hechos investigados. De igual manera, la reforma prohíbe expresamente a partidos políticos y organizaciones vinculadas ejercer este rol, evitando así su uso con fines partidistas.
Control a jueces con posicionamientos políticos
La propuesta también contempla medidas para preservar la imparcialidad judicial. Se propone apartar a jueces que hayan realizado manifestaciones públicas en favor o en contra de partidos políticos o autoridades implicadas en procesos judiciales. Esta disposición responde a la preocupación por la creciente judicialización de la política, que puede derivar en la politización de la justicia, un fenómeno que mina la confianza ciudadana en las instituciones.
4⃣ La abstención y recusación de jueces por declaraciones de contenido político.
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La judicialización de la política corre el riesgo de desembocar en una politización de la justicia, porque hay sectores que animan a jueces y magistrados a significarse políticamente.
Esto tiene… pic.twitter.com/jQ8GFy5pc0
Adiós al delito de ofensa a los sentimientos religiosos
Otro de los puntos clave de la reforma es la eliminación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos, tipificado en el artículo 525 del Código Penal. Aunque este delito rara vez ha derivado en condenas, ha sido utilizado por grupos ultras para acosar judicialmente a artistas y figuras públicas, exponiéndolos a costosos procesos legales. La derogación de este artículo busca proteger la libertad de expresión sin desproteger a las confesiones religiosas, ya que seguirán vigentes otras figuras penales que castigan los ataques directos y el discurso de odio.
3⃣ La supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos.
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Queremos suprimir el artículo 525 del Código Penal y lo hacemos porque no registra apenas condenas y sin embargo es utilizado permanentemente por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a… pic.twitter.com/Nyps4C0aaO
Fin de las querellas basadas en recortes de prensa
La reforma también integra la doctrina del Tribunal Supremo para impedir la admisión de querellas fundadas en recortes de prensa o informaciones periodísticas sin indicios claros de delito. Esta medida pretende cortar de raíz las denuncias que, carentes de base sólida, solo buscan dañar reputaciones y abrir procesos judiciales sin fundamento. No obstante, se permitirá la admisión de informaciones no contrastadas solo cuando provengan de declaraciones espontáneas de los propios investigados o de personalidades políticas y no hayan sido desmentidas.
2⃣ La obligación de inadmitir querellas basadas exclusivamente en recortes de prensa.
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Incluir en la ley de manera expresa lo que ya es doctrina del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de abrir un proceso penal con meros recortes de prensa sin el menor indicio de… pic.twitter.com/WqnLvjlfzl
Reacciones encontradas
El portavoz del grupo parlamentario socialista, Patxi López, ha defendido la propuesta afirmando que “confiamos en el sistema judicial español y en los jueces de este país”. Según López, la iniciativa busca proteger el prestigio de la justicia y garantizar su neutralidad frente a injerencias. También subrayó que la reforma pretende trasladar a la ley lo que ya es doctrina consolidada del Tribunal Supremo.
Sin embargo, la oposición ha mostrado su rechazo. El Partido Popular (PP) ha acusado al Gobierno de querer controlar y amedrentar a los jueces. "Esta medida es un paso más en la estrategia del PSOE para laminar el poder judicial", han afirmado fuentes populares, relacionando la reforma con intentos de debilitar la independencia judicial.
La iniciativa del PSOE llega tras varias denuncias presentadas por organizaciones como Manos Limpias, que han afectado a familiares directos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estas denuncias, sustentadas en informaciones periodísticas sin pruebas adicionales, han avivado el debate sobre el uso de la justicia con fines políticos. La reforma busca cortar este tipo de prácticas, asegurando que los procedimientos judiciales no se conviertan en instrumentos de persecución o difamación.
Una apuesta por la justicia imparcial
El PSOE pretende lograr una mayoría parlamentaria para sacar adelante esta proposición de ley. Su aprobación implicará modificaciones en el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con ello, se busca reforzar el Estado de derecho y evitar que las acciones judiciales sean utilizadas como armas de desgaste político.
Esta reforma marca un punto de inflexión en la defensa de los derechos fundamentales frente a abusos legales. Si prospera, España podría blindarse ante la instrumentalización de la justicia, garantizando un sistema judicial más justo, transparente e imparcial.