Carles Puigdemont ha amenazado a Pedro Sánchez con hacer caer el Gobierno ni no le da lo que quiere. Lo que quiere es el nuevo sistema de financiación singular para Cataluña, las transferencias en inmigración, las selecciones catalanas y el referéndum. O sea, todo. Ningún gobernante debería caer en el chantaje de un hombre voraz que no tiene límites en su ambición política, pero Sánchez ha dado muestras en el pasado de hacer lo que sea necesario para mantenerse en el poder.
De momento, Moncloa se mantiene firme y ya ha asegurado que el Gobierno no caerá en la última extorsión del honorable. Pero todo apunta a que el líder de Junts esta vez no va de farol. Feijóo y Abascal esperan que Puigdemont les dé una respuesta al ofrecimiento para sumarse a una moción de censura contra Sánchez. Y aunque se antoja descabellado ese frente a tres entre nacionalistas españoles e independentistas catalanes, nunca se sabe. El de Waterloo es un hombre imprevisible que se mueve a impulsos. Cualquier cosa puede ocurrir en los próximos días, incluso que Junts rompa relaciones con el Gobierno y apoye la moción letal contra Sánchez. En cualquier caso, lo tiene difícil el Ejecutivo de coalición si los siete diputados de Puigdemont se unen a la pinza antisanchista junto a las derechas españolas. De ser así, no podría sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, no podría aprobar ninguna ley (tampoco la convalidación parlamentaria de los decretos que impulse, algunos de los cuales Junts había aprobado hasta ahora), y la legislatura estaría definitivamente muerta y enterrada. La coalición PSOE/Sumar estaría en franca minoría en el Parlamento y a Sánchez solo le quedaría convocar nuevas elecciones.
De momento, Puigdemont ya ha anunciado que suspende toda negociación con el PSOE en cuestiones sectoriales, incluidos los Presupuestos Generales del Estado, y ha exigido a los socialistas una reunión urgente en Suiza con mediador internacional. Así lo ha afirmado en rueda de prensa desde Bruselas, donde ha reunido a la permanente de su partido, después de que la Mesa del Congreso decidiera posponer nuevamente su decisión sobre si admite a trámite la proposición no de ley de Junts que pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza.
Puigdemont ha constatado que “la decisión (de la Mesa) fue no tomar ninguna decisión”, lo que, a su juicio, significa que el PSOE ha entendido que Junts “va en serio” y que “el riesgo de la ruptura era real”, por lo que los socialistas han preferido no dar un “portazo” a la proposición no de ley. La decisión de suspender las negociaciones sectoriales con el PSOE, ha explicado Puigdemont, responde a la necesidad de “evitar que se juegue con el calendario” y que los socialistas “alarguen” su postura sobre la cuestión de confianza.
Sánchez empieza a sentir el vértigo. Según fuentes socialistas, el premier ha estado reflexionando todo el fin de semana con asistencia de su equipo de asesores más cercano. Con Puigdemont a su lado, puede agotar la legislatura. Sin el líder soberanista de su parte, está derrotado. El PSOE no ha querido entrar a valorar la decisión de Junts y ha insistido en que las conversaciones con el partido catalán seguirán en medio de la más absoluta “discreción”. Cuando haya un acuerdo, lo comunicarán “de inmediato”. Solo el ministro Félix Bolaños ha tratado de lanzar un mensaje de tranquilidad: “Cuando hay discrepancias, nuestra fórmula es el diálogo, el acuerdo y el esfuerzo para acercar posturas y que podamos seguir avanzando”. En la misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que ha expuesto la predisposición a seguir trabajando “hasta la extenuación” en el diálogo para ser capaces de “restablecer los puentes, los diálogos” con Junts.
En esta tesitura, existe la posibilidad de que el Gobierno decida ceder a todas las pretensiones de Puigdemont salvo el referéndum, lo cual significaría traspaso de las competencias de seguridad e inmigración y nuevo modelo de financiación. En cuanto al primero de los escollos, Junts quiere que los Mossos tengan competencias en puertos y aeropuertos (el Gobierno acepta que tengan presencia junto a Policía y Guardia Civil, pero se resiste a una cesión completa de competencias). También exigen que la policía autonómica catalana tenga la competencia para expedir los Números de Identidad de Extranjeros (NIE). A este respecto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido que es una materia en la que “se ha avanzado sustancialmente”, si bien ha mostrado su rechazo a ceder en esos dos “escollos” que Junts insiste en incluir. Interior está dispuesto a ceder competencias en el plano asistencial y de atención a los migrantes, pero no en lo que se refiere al control de fronteras ni a la regulación de flujos migratorios o expulsión de extranjeros. En cuanto al modelo de financiación para Cataluña, su traspaso enervaría a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que ya se han quejado del agravio comparativo. Esta semana será crucial para saber si se desbloquea la situación o empieza el principio del fin del sanchismo.