Pedro Sánchez ha dado un golpe sobre la mesa ante una de las grandes distorsiones del mercado inmobiliario español: los pisos turísticos ilegales. El presidente del Gobierno ha anunciado que más de 53.000 viviendas serán eliminadas del Registro de Arrendamientos por incumplir la normativa y favorecer la especulación. El objetivo: recuperar ese parque para el alquiler estable, priorizando a jóvenes, familias y clases trabajadoras. Un paso relevante dentro del viraje progresista que busca poner la vivienda por delante del beneficio de las plataformas digitales.
De la excepción al privilegio, una burbuja construida sobre la desregulación
Durante más de dos décadas, el fenómeno del alquiler turístico ha sido tratado como una excepción permisiva dentro del modelo urbano. Lo que comenzó siendo una fórmula puntual —una habitación libre, un verano fuera— ha devenido una industria especulativa con impacto directo sobre el derecho a la vivienda, la desertificación de barrios y la inflación inmobiliaria. Plataformas como Airbnb o Booking han convertido miles de pisos en activos financieros ajenos a su función social.
Las cifras son demoledoras. En ciudades como Barcelona, Málaga o Madrid, el crecimiento de viviendas destinadas al turismo ha coincidido milimétricamente con el aumento del precio del alquiler, expulsando a residentes, reduciendo la oferta y gentrificando zonas antes populares. En algunos distritos, los pisos turísticos ya superan en número a las viviendas disponibles para arrendamiento habitual. Todo ello sin control efectivo, ni fiscal ni urbanístico.
La falta de normativa estatal durante años —y la resistencia feroz de los lobbies inmobiliarios— ha permitido que el alquiler vacacional funcione como una economía sumergida a gran escala. Propietarios que declaran parcialmente sus ingresos, plataformas que eluden responsabilidades legales, y una Administración local y autonómica atada por una legislación pensada para proteger la propiedad privada y no el interés común.
La vivienda como derecho no como mercancía
La decisión anunciada por el presidente Sánchez —revocar el estatus legal de más de 53.000 pisos turísticos ilegales— representa no solo una medida concreta, sino un cambio de paradigma. Por primera vez desde la burbuja inmobiliaria de los 2000, el Ejecutivo central plantea una intervención directa sobre uno de los factores que alimentan la emergencia habitacional. No se trata de criminalizar el turismo, sino de restablecer equilibrios y priorizar el derecho a un hogar frente a la rentabilidad volátil de la economía de plataformas.
Sánchez ha enmarcado esta actuación dentro de la nueva política de vivienda que impulsa el PSOE y que ya ha dado pasos firmes: la primera Ley estatal de Vivienda en democracia, el control de alquileres en zonas tensionadas, o los planes de ampliación del parque público de vivienda social.
Pese a ello, el reto sigue siendo enorme. España sigue siendo uno de los países con menor porcentaje de vivienda pública en la UE (apenas un 2,5%), mientras más del 80% de los alquileres se produce en un mercado privado sin regulación suficiente. La reversión de miles de pisos turísticos hacia el mercado estable es una condición necesaria, pero no suficiente: será imprescindible dotar a los ayuntamientos de herramientas de inspección, sanción y seguimiento, y blindar legalmente el derecho a la vivienda como un bien constitucional y no como un privilegio de mercado.
Una medida valiente en un campo minado
Las reacciones no se han hecho esperar. Las patronales del alquiler turístico hablan de “expropiación encubierta” y las grandes plataformas digitales han comenzado a movilizar sus recursos jurídicos y mediáticos para bloquear la medida. Pero el Gobierno parece dispuesto a avanzar.
La experiencia internacional respalda esta línea: ciudades como Ámsterdam, Berlín o Lisboa han tomado decisiones similares, limitando la proliferación de pisos turísticos para preservar su estructura social y evitar el colapso habitacional. España, sin embargo, tenía una anomalía pendiente de resolver: una normativa laxa y una actitud complaciente ante un fenómeno que ha transformado la vida urbana sin control democrático.
Reintegrar 53.000 viviendas al mercado residencial es un paso audaz, pero también urgente. No solo por justicia social, sino por supervivencia urbana. Porque sin vecinas, sin alquileres asequibles, sin jóvenes que puedan emanciparse ni familias que puedan vivir en sus barrios, las ciudades dejarán de ser lugares para la vida y se convertirán en parques temáticos del capital.