Pedro Sánchez necesita un golpe de efecto para recuperar la confianza de sus socios de gobierno. Y una de las medidas que ha estado barajando estos días es la de endurecer las penas por corrupción, concretamente contra las grandes empresas corruptoras, que en la mayoría de las ocasiones seducen al político de turno para que acepte la comisión o mordida pero rara vez son sentadas en el banquillo de los acusados como inductoras del delito.
Los socios parlamentarios del PSOE están presionando para que Sánchez pase de los gestos a los hechos ante el avance del caso Koldo y exigen poner el foco en las “empresas corruptoras”, además de castigar a los políticos corruptos. El informe de la UCO que implicó al último secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el caso Koldo apunta a al menos cuatro empresas, entre ellas Acciona, que presuntamente habría pagado contraprestaciones económicas al exministro José Luis Ábalos y su exasistente Koldo García a cambio de contratos públicos; y Servinabar, una pequeña mercantil navarra que ejecutaba obras a través de una UTE con Acciona, según Efe.
Cabe recordar que el pasado viernes tres empresarios señalados en el informe de la Guardia Civil han negado ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que pagaran presuntas “mordidas” a la trama Koldo a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas. Se trata de los administradores de Levantina Ingeniería y Construcción (José Ruz) y Obras Públicas y Regadíos (los hermanos Daniel y Antonio Fernández), quienes han comparecido ante el magistrado como investigados, una vez que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) desveló que presuntamente habrían pagado comisiones a la trama Koldo a cambio de contratos públicos.
Fuentes jurídicas informan de que los empresarios de LIC y OPR han negado cualquier irregularidad en los contratos con Transportes, de los cuales han defendido que se hicieron legalmente. Pese a negar los pagos de mordidas, los tres han explicado que en este sector, para poder conseguir obra pública, es importante ir al ministerio, por la imagen de la empresa y para conocer su funcionamiento de cara a afrontar mejor cualquier proceso de licitación pública.
Los aliados de Sánchez quieren que el castigo para las empresas que paguen comisiones sea máximo. Que se les impongan sanciones “de por vida” y multas millonarias, resumió el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, tras reunirse esta semana con Sánchez en la Moncloa. La inhabilitación para contratar con las instituciones y administraciones del Estado durante veinte años es una de las medidas que se ha puesto encima de la mesa.
Según explicó, Sánchez se comprometió a mejorar la persecución de los “corruptores” y ERC presentará una propuesta legislativa para ello. Se ha adelantado Sumar. Desde ese grupo, Más Madrid ha registrado ya una proposición de ley para modificar el Código Penal y la Ley de Contratos del Sector Público para perfeccionar la lucha contra la corrupción política y económica.
En 2010 se fijó por primera vez en el Código Penal la responsabilidad penal de las empresas por corrupción de los negocios, es decir, el pago de sobornos para obtener ventajas competitivas; y en el catálogo de penas se incluyó la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público o gozar de beneficios fiscales. Pero esas penas, alerta Más Madrid, no se incluyeron entre las posibles medidas cautelares que pueden aplicarse, con lo que durante años los recursos públicos quedan desprotegidos, ya que la instrucción judicial de estos delitos es enormemente compleja y pasa mucho tiempo hasta que se dicte sentencia.
Las condenas, además, han sido escasas, ya que no basta con que el delito cometido por una persona física beneficie a la empresa, sino que hay que acreditar, por ejemplo, la falta de medidas de control adecuadas para impedir las prácticas corruptas.
Los Comunes y el BNG también han pedido iniciativas para evitar que empresas y personas condenadas contraten con el sector público y el PNV ha coincidido en la necesidad de tomar medidas que afecten a las empresas.
Tras publicarse las informaciones sobre las presuntas contrataciones públicas irregulares que habrían beneficiado a Acciona, la empresa emitió un comunicado para expresar su “total desconocimiento, sorpresa y preocupación” y anunciar la apertura de una investigación para analizar una “posible elusión de los controles internos”.
En aquel primer comunicado, fechado el 12 de junio, subrayaba que Fernando Agustín Merino Vera, al que expresamente se señalaba en las diligencias judiciales, fue despedido de la compañía el 12 de abril de 2021. Merino es uno de los cinco empresarios que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decidido imputar en un auto dictado este mismo viernes. Junto a Merino está Antxon Alonso, administrador de la empresa Servinabar 2000, que según la UCO transfirió el 45% de las participaciones de la compañía a Cerdán en 2016. También están imputados Antonio y Daniel Fernández Menéndez, vinculados a la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR); y José Ruz, de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC).
De acuerdo a los indicios reunidos hasta el momento, todos ellos podrían haber efectuado pagos irregulares para lograr adjudicaciones de obras públicas, según el juez, que ha pedido además información sobre las cuentas o productos bancarios de los imputados y de las empresas en cuyo beneficio podrían haber actuado.