Pedro Sánchez se encuentra en un momento crítico de su mandato, con varios frentes abiertos que le podrían tumbar como presidente en cualquier momento. No son sólo las cuestiones judiciales de su esposa, Begoña Gómez, sino las que le afectan a él directamente, principalmente con las distintas cuestiones prejudiciales elevadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley Sánchez de Amnistía, la rebelión interna en su partido contra el concierto económico catalán y, sobre todo, la inseguridad que generan varios de sus socios parlamentarios.
En este punto hay que recordar que ninguno de los partidos que apoyó su investidura no tiene un compromiso de legislatura, ya que los acuerdos que Sánchez firmó con Junts, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH-Bildu y PNV «sólo» fue el precio a pagar por la investidura, un precio que, a día de hoy, ya se eleva por encima de los 200.000 millones de euros.
A todo lo anterior, hay que sumar el temor existente en el Partido Sanchista de que el exministro José Luis Ábalos no apoye todas las iniciativas del gobierno, sobre todo tras el informe hecho público por Óscar Puente. Además, está Podemos, que va por libre y eso a Sánchez le inquieta.
Hoy el Consejo de Ministros hará un segundo intento para salvar a Pedro Sánchez y aprobará por segunda vez la senda del déficit, el paso previo para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El pasado 23 de julio, el Congreso de los Diputados la tumbó con los votos del PP, Vox y Junts. Si no hay senda del déficit, no debería haber PGE, lo que dejaría temblando al gobierno, por más que desde fuentes socialistas se nos indique que volverían a prorrogar los presupuestos de 2023 con la intención de agotar la legislatura.
El propio Sánchez, para despejar las dudas sobre si el Ejecutivo había renunciado a la presentación de las cuentas del año que viene, afirmó en la apertura del curso político que el gobierno trabaja por la aprobación de unos PGE para 2025 «que lleven el ADN, la marca y el sello del Ejecutivo de coalición progresista, unos presupuestos sociales, ambiciosos, que consoliden y expandan la inversión pública que venimos haciendo».
El gobierno tiene la esperanza de poder alcanzar acuerdos con Junts para que no les tumben nuevamente esa senda del déficit, aunque ya han advertido que presentarán los PGE con o sin la aprobación de la misma.
El Ejecutivo Sánchez no ha realizado modificación alguna a lo presentado en julio y dejará el déficit público en un 2,5% en 2025, en el 2,1% en 2026 y en el 1,8% en 2027, además de recortar la deuda pública al final del periodo por debajo del 100%, plazo temporal que estará marcado por la reactivación de las reglas fiscales europeas.
Por otro lado, el Estado asumirá la mayor parte de la responsabilidad del cumplimiento de los nuevos objetivos fiscales, dado que en 2025 deberá situar su déficit en el 2,2%, en el 1,8% en 2026 y en el 1,5% en 2027. El objetivo de déficit de las comunidades en 2025, 2026 y 2027 será del 0,1%, mientras que los ayuntamientos y corporaciones locales dispondrán en 2025 y 2026 de equilibrio presupuestario.
También se mantendrá el techo de gasto que establece un límite de 199.171 millones de euros incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.