UGT quiere que el Gobierno de coalición reforme las indemnizaciones por despido. El vicesecretario General de Política Sindical, Mariano Hoya, ha expuesto los motivos de la reclamación colectiva interpuesta por el sindicato ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por el precio “asequible y nada disuasivo” del despido en nuestro país.
Coste del despido en España
Después de ignorar esta cuestión en la recién cerrada reforma laboral para así hacer posible el acuerdo con la patronal, el sindicato trata de forzar al Gobierno a abordar el coste de los despidos y volver a encarecerlos. Su pretensión es revertir la rebaja efectuada por la reforma, durante el mandato de Mariano Rajoy.
La central liderada por Pepe Álvarez ha presentado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CES) una demanda colectiva contra el Reino de España por vulnerar con la actual normativa el derecho de los trabajadores. Pues considera que las actuales condiciones son "insuficientes" para reparar los daños derivados de un despido. Y "absolutamente ajena a la más mínima función disuasoria", según recoge el escrito presentado este martes.
Carta Social Europea
El Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR) es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Carta Social Europea por parte de los estados. Desde el sindicato se han dirigido al mismo para utilizarlo como palanca y forzar al Gobierno a abrir una negociación sobre el precio del despido.
Hasta ahora, el Gobierno ha rechazado modificar el precio del despido. Además, señala que no está recogido en el programa pactado entre el PSOE y Unidas Podemos.
Vías extintas del despido
Una de las principales demandas es aumentar las indemnizaciones y volver a las cuantías previas a la reforma laboral de Rajoy del 2012. Mariano Hoya ha recordado que “la reforma de 2012 disparó la temporalidad, redujo los salarios y aumentó la brecha de desigualdad. Al reducir la indemnización y eliminar los salarios de tramitación y disminuir la intensidad de las causas del despido, se estaba fomentando acudir a vías extintivas. Se aparcaba figuras más protectoras con el empleo y con las personas”.
“Las sucesivas reformas laborales han convertido el despido injustificado en libre y escasamente pagado. La reducida indemnización por una extinción arbitraria no cubre el daño realmente causado. La actual normativa española reguladora del despido, no ampara a la persona trabajadora frente a decisiones arbitrarias. Sin causa real, donde la empresa no tiene que hacer el mínimo esfuerzo por probar la causa que dice para justificar la extinción”, han considerado.
Por ello, han afirmado “la necesidad de cumplir con la normativa internacional vigente y “mantener el derecho del trabajo como elemento fundamental de cohesión social. La reforma laboral acordada por los interlocutores sociales y el Gobierno apuesta por el empleo estable, protegiendo lo que está insuficientemente protegido. Pero aún queda la segunda parte, la que contiene elementos tan importantes como el despido, y hay que abordarlo de manera inmediata en la mesa de diálogo social”.
“La actual normativa española reguladora del despido no ampara a la persona trabajadora frente a decisiones arbitrarias, sin causa real, donde la empresa no tiene que hacer el mínimo esfuerzo por probar la causa que dice para justificar la extinción", han manifestado desde UGT al Comité Europeo.
Despido improcedente de 33 días por año trabajado
Actualmente un despido improcedente tiene una indemnización de 33 días por año trabajado, con tope de 24 mensualidades (antes era de 45 días, con tope de 42 mensualidades).
Según los cálculos de UGT, el Comité podría pronunciarse en el plazo de uno o dos años y si dicho pronunciamiento les fuera favorable, los tribunales españoles podrían invocar dicha jurisprudencia para elevar las cuantías de las indemnizaciones.