El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos autonómicos de 2025, desbloqueando así unas cuentas que llevaban meses paralizadas. La operación, presentada como un “plan de impulso” para la Comunidad Valenciana, supone la cesión del PP valenciano a las exigencias de la ultraderecha en materias clave como inmigración, política ambiental y control del gasto social. Mientras tanto, la dirección nacional del PP trata de minimizar el impacto del pacto, que evidencia la dependencia de Mazón de su exsocio de gobierno.
Una rendición ante Vox
El anuncio del acuerdo con Vox llega en un momento de gran debilidad para Mazón, asediado por las críticas a su gestión de la DANA y con su liderazgo cada vez más cuestionado. Tras semanas de estancamiento, el president compareció este lunes en Les Corts para confirmar el pacto con la ultraderecha y garantizar la aprobación de unos presupuestos que calificó de “necesarios y urgentes”.
“Este acuerdo con Vox nos permitirá impulsar la reconstrucción y garantizar la estabilidad en la Comunidad Valenciana”, aseguró Mazón en su intervención. Sin embargo, las condiciones impuestas por el partido de Abascal dibujan un escenario de regresión en políticas sociales y medioambientales.
Entre las concesiones pactadas, destaca la promesa de no admitir nuevos inmigrantes irregulares en la comunidad, una exigencia clave de Vox que choca con la realidad de las competencias autonómicas. Mazón también se ha comprometido a combatir el Pacto Verde Europeo, acusándolo de ser “una traba para el desarrollo de la agricultura y la industria valenciana”.
El precio del acuerdo
Más allá de los discursos, el acuerdo entre PP y Vox tiene un impacto directo en las cuentas públicas. Según fuentes del Consell, las partidas destinadas a igualdad, memoria democrática y cambio climático sufrirán recortes significativos, mientras que se reforzarán áreas como seguridad, infraestructuras y ayudas al sector primario, en línea con las prioridades de la extrema derecha.
El pacto también blinda la influencia de Vox en la política educativa y cultural. Se espera que la Generalitat impulse medidas para restringir los contenidos en materia de diversidad en las aulas y reforzar el control ideológico sobre la enseñanza. Además, se limitarán las subvenciones a entidades y asociaciones que no estén alineadas con la visión del gobierno autonómico.
Uno de los puntos más polémicos es la financiación de la reconstrucción tras la DANA, que Mazón ha convertido en su principal argumento para justificar el acuerdo. A pesar de sus críticas al Gobierno central, el president ha evitado detallar cómo se distribuirán los fondos y qué medidas concretas se adoptarán para evitar que una nueva catástrofe climática vuelva a golpear la región con la misma virulencia.
Génova, incómoda pero resignada
El pacto con Vox ha generado incomodidad en la dirección nacional del PP, que prefiere evitar alianzas explícitas con la extrema derecha en un momento en que Alberto Núñez Feijóo intenta proyectar una imagen de moderación. Sin embargo, en este caso, Génova ha optado por dar su visto bueno a la operación, consciente de que sin el apoyo de Vox, Mazón se quedaba sin margen de maniobra.
Fuentes del PP aseguran que el partido ha estado informado de las negociaciones en todo momento y defienden que el acuerdo es “coherente” con la línea política del partido. Sin embargo, el pacto no oculta las tensiones internas dentro del PP valenciano, donde algunos sectores ven en esta cesión una prueba de la incapacidad de Mazón para liderar con autonomía.
En la cúpula popular, la preocupación se centra en las consecuencias a largo plazo. Vox ha dejado claro que su apoyo a los presupuestos no es un cheque en blanco y que exigirá una mayor presencia en las decisiones clave del gobierno autonómico. Esto deja a Mazón en una posición de debilidad permanente, con su futuro político condicionado por las exigencias de sus socios ultras.
Una estrategia de desgaste
El pacto con Vox se produce en un contexto de creciente presión sobre el PP valenciano, que en los últimos meses ha visto cómo se multiplicaban las críticas a su gestión. La DANA y la lenta respuesta del Consell han pasado factura a Mazón, cuyo liderazgo se tambalea. Además, la investigación judicial sobre la actuación del gobierno autonómico el día del desastre ha añadido un nuevo frente de inestabilidad.
Desde la oposición, PSPV y Compromís han acusado a Mazón de anteponer su supervivencia política a los intereses de la Comunidad Valenciana. “Ha decidido entregar la Generalitat a la extrema derecha para salvar su propio pellejo”, denunció la portavoz socialista, Rebeca Torró. Por su parte, Joan Baldoví, líder de Compromís, calificó el acuerdo como “una vergüenza” y alertó sobre el retroceso que supondrá en materia de derechos y libertades.
En este contexto, la estrategia de Mazón parece clara: resistir a toda costa, aunque eso implique hipotecar su gobierno a las exigencias de Vox. Sin embargo, el desgaste es evidente y su margen de maniobra se reduce cada vez más.
Un gobierno atrapado en su propia trampa
El acuerdo con Vox es, en última instancia, un reflejo de la fragilidad del gobierno de Mazón. Lejos de consolidar su liderazgo, el pacto lo deja atrapado en una trampa de la que difícilmente podrá salir indemne. La extrema derecha ha demostrado que no tiene reparos en dinamitar alianzas cuando sus exigencias no son satisfechas, y Mazón ha quedado completamente a su merced.
Mientras tanto, la Comunidad Valenciana se enfrenta a un futuro incierto. Los presupuestos aprobados con el aval de Vox pueden garantizar la estabilidad a corto plazo, pero a costa de un giro político que puede tener consecuencias profundas en el modelo de convivencia y desarrollo de la región.
Con un presidente debilitado, un PP dividido y una extrema derecha envalentonada, la Generalitat valenciana entra en una nueva fase de incertidumbre. El pacto de Mazón con Vox puede haberle dado un respiro momentáneo, pero el precio a pagar puede ser demasiado alto.